LUNES Ť 12 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
CUIDAD PERDIDA
Miguel Angel Velázquez
LA PROCURADURIA General de Justicia del Distrito Federal ha formulado ya varias hipótesis sobre la muerte de Digna Ochoa, una de cuyas líneas obligadas, la de los miembros del Ejército que podrían estar involucrados en el crimen, parece no haberse tocado.
CADA UNA de las pistas ha sido revisada una y otra vez para evitar equivocaciones que pudieran conducir a culpabilidades falsas donde se entrampara la verdad. Han sido horas y días de trabajo, pero las pesquisas sobre la actuación de los militares parece no haber empezado, si es que en algún momento se tomarán en cuenta.
AHORA HAY un nombre: Rogaciano Alba Alvarez, cacique de Petatlán a quien se atribuyen diversos delitos en la zona. Para este hombre hay una investigación especial. La población lo acusa de talabosques, de sembrar droga, acaparar tierras, ejercer un poder sin piedad y sin castigo contra los pobladores de la región y de ser un protegido de la familia Figueroa, de siniestra memoria.
PARA QUIENES conducen la investigación, los intereses del cacique pudieron verse afectados por las investigaciones de Digna, quien tenía en la agenda de trabajo la idea de formar uniones o cooperativas para proteger y explotar los bosques de manera racional, según comentó en corto con algunos de sus más cercanos colaboradores.
UNA IDEA de lo que sucedía es, desde luego, la serie de amenazas recibidas por Digna cada vez que viajaba por Guerrero. Al término de los viajes, casi sin falta, la luchadora por los derechos humanos era blanco de alguna amenaza anónima.
PERO LOS problemas de la Procuraduría podrían ampliarse si las líneas de investigación fracasan, es decir, si por ejemplo el asunto del cacique no llega a cuajar como se pretende, y si algunas otras que aún no se amarran tampoco dan resultados.
POR LO pronto no hay muchos datos que pudieran confirmar las sospechas sobre las que trabaja la procuraduría. Los posibles inculpados al parecer tienen coartadas bien establecidas, y no hay por donde se confirmen las presunciones de la autoridad judicial.
ASI LAS COSAS, las baterías tendrán que apuntar hacia otros lugares. O mejor dicho, hacia otros puntos de sospecha, y el asunto habrá de complicarse. Malo sería tratar de fabricar culpables o de dilatar la investigación para evitar que se llegue al fondo del asunto.
POR LO PRONTO, el crimen contra Digna Ochoa ha despertado el interés de las más altas autoridades del país que por primera vez piensan, en serio, los derechos humanos, aunque habrá que decir que aún no dan pie con bola.
EN EL ASUNTO de los ecologistas Ƒliberados? la orden llegó más como un mea culpa del gobierno que como un acto de justicia. Ahora viene la prueba de fuego. La Comisión Nacional de Derechos Humanos habrá de presentar ante el Ejecutivo sus investigaciones sobre el periodo oscuro de las desapariciones de muchos mexicanos en los setenta y ochenta.
NO SERA de cosa de crear fiscalías o comisiones de la verdad, sino de hacer caso a lo que durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo se ha logrado obtener en las investigaciones de la CNDH.
FRENTE A ESO sólo se esperan respuestas y no más dilaciones. Ya veremos.
Ť ciudadperdida-[email protected]