Iván Restrepo
Las confesiones sospechosas
Según el licenciado Everardo Moreno Cruz, responsable en 1999 de la consignación de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, los dos campesinos guerrerenses "tienen de ecologistas lo que yo tengo de noruego". El ex funcionario sostiene que la Procuraduría General de la República (PGR) y las instancias judiciales tuvieron las pruebas suficientes que demostraban que ambos eran responsables de los delitos de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y de sembrar enervantes. Agregó que el Poder Judicial actuó con independencia al condenarlos a varios años de prisión y que nunca fueron torturados.
En la lógica de quien basa su criterio en la frialdad del Código Penal, Montiel y Cabrera son culpables, pues confesaron en tres ocasiones y ante instancias judiciales distintas (la procuraduría estatal, la PGR y un juez de primera instancia) los delitos por los que se les condenó a más de seis años de prisión. Sin embargo, todo indica que fueron torturados por miembros del Ejército al capturarlos en mayo de 1999 y retenerlos en su poder más allá del tiempo que marca la ley. Según el reporte militar, los capturaron luego de un enfrentamiento en el que murió otro campesino, Salomé Sánchez, de quien nada se sabe. Montiel ?se agrega? aceptó tener un sembradío de mariguana de poco más de 2 mil metros mientras Cabrera confirmó que portaba un rifle de asalto.
El caso Montiel-Cabrera obliga a citar que en el país hay también otros campesinos e indígenas presos, acusados de diversos delitos. Que algunos más han sido asesinados por elementos del Ejército y otras fuerzas del orden. Diversas organizaciones civiles, no solamente las que se dedican a la defensa de los derechos humanos, han denunciado en varios casos que los encarcelados confesaron sus delitos luego de ser torturados y de que sus familias fueron amenazadas; que no tuvieron posibilidad de ser defendidos por instancia legal alguna ni al rendir su declaración inicial ni en la fase posterior del juicio al que los sometieron.
Buena parte de los detenidos deben su condición a defender el bosque y otros recursos naturales de los talamontes o de los caciques regionales que suelen saquearlos o destruirlos con la complicidad de diversas autoridades locales y estatales y de dirigentes venales de ejidos y comunidades indígenas que han contado con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional a través de la Confederación Nacional Campesina.
En este espacio, así como en la información de los corresponsales y los reporteros de La Jornada se ha informado sobre los campesinos e indígenas detenidos y torturados en Chihuahua, Oaxaca, Durango, Chiapas y Veracruz, para citar algunos estados, que luego han sido acusados de infringir la ley. También se ha hablado de los asesinados en circunstancias nunca aclaradas. Pese a las denuncias puestas ante las instancias correspondientes, ninguno de los culpables de torturar o asesinar está detenido. Las denuncias al respecto son desechadas por "falta de pruebas" o "inconsistentes".
Ahora que el titular de la Secretaría de Gobernación anuncia que se analiza una amplia lista de personas privadas de la libertad y a las cuales se les violaron sus derechos humanos, es importante mencionar que también es urgente, necesario, castigar a los responsables de esas violaciones; obligar a los cuerpos policiacos a que actúen de acuerdo con el marco jurídico vigente y se sometan en su desempeño al estricto cumplimiento de la ley. Pero además hay que atacar el fondo del problema: la impunidad con que actúan los caciques locales y regionales, los dueños del dinero, señores de horca y cuchillo en la era del cambio prometido por Fox y su partido y por los panegiristas del voto útil. En esa tarea, un papel clave corresponde a todos los ciudadanos, no solamente a las organizaciones defensoras de los derechos humanos. De lo contrario, seguirá la impunidad y el abuso de poder en beneficio de unos cuantos.
Pd: no resisto la tentación de mencionar que al igual que el ex procurador Moreno Cruz, de Noruega, también un comunicador, tan honrado e imparcial como el lector decida, está convencido de que Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera nada tienen de ecologistas y son simples delincuentes: Pedro Ferriz de Con.