LUNES Ť 12 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Recomendación de la comisión de cooperación de América del Norte en la materia
Piden a México atender denuncias campesinas sobre delitos ambientales en la Tarahumara
ANGELICA ENCISO L.
La Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN) pidió a las autoridades mexicanas responder a la queja de campesinos de la Sierra Tarahumara, respecto a la insuficiente implementación de la ley ambiental, ya que no aplica correctamente la denuncia popular, no persigue los delitos, es limitada la consulta a los pueblos indígenas sobre la explotación maderera y es parcial el acceso a la información sobre la materia.
La Secretaría de Medio Ambiente deberá responder a la instancia del rubro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A partir de eso, la comisión determinará si realiza una investigación del caso y presenta un expediente de hechos ante los ministros ambientales de los tres países.
La Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos AC (Cosyddhac) presentó el 9 de junio del año 2000 la petición en la que sostiene que las autoridades ambientales incurrieron en omisiones en la aplicación efectiva de su legislación, con relación al proceso de las denuncias populares -que están consideradas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).
Desde hace cuatro años, 21 comunidades y ejidos de la sierra Tarahumara han presentado denuncias populares ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por problemas relacionados con el manejo forestal: tala inmoderada, extracción ilegal y desmonte.
Entre las irregularidades en que habrían incurrido las autoridades están que en por lo menos 17 de las denuncias interpuestas se negó a los afectados el acceso a la justicia ambiental en tanto pueblos indígenas, indica la petición de investigación de la Cosyddhac.
También menciona que hubo omisión de las autoridades ambientales en turnar al Ministerio Público la probable existencia de delitos ambientales consistentes en el desmonte, destrucción de vegetación natural y cambio de uso de suelo sin contar con autorización. En esta situación hay por lo menos cinco denuncias populares en igual número de comunidades, además de una auditoría forestal.
Tampoco se turnaron al Ministerio Público los casos de 24 denuncias populares en las que se señaló la probable existencia de delitos ambientales como cortar, arrancar, derribar o talar árboles sin autorización.