LUNES Ť 12 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť Carecen de recursos suficientes la mayoría de las 127, argumenta Semarnat

Busca el gobierno transferir las áreas naturales protegidas a estados y ONG

Ť En la actualidad se realizan trabajos mínimos de conservación en 85% de superficies

ANGELICA ENCISO L.

La iniciativa de reformas a la ley ambiental enviada al Congreso, en septiembre, busca transferir áreas naturales protegidas (ANP) a estados y organizaciones no gubernamentales, a fin de que estos últimos se hagan cargo de su administración y conservación.

De acuerdo con Ernesto Enkerlin, director de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con la política del rubro se prevé derogar decretos de algunos parques nacionales para que sean administrados localmente e impulsar nuevos mecanismos de financiamiento, ya que cada hectárea protegida recibe sólo 13 pesos al año.

Uno de los grandes problemas para la conservación de los bosques, mares y diversidad biológica concentrada en las 127 ANP, que ocupan 17 millones de hectáreas, es que apenas tienen un presupuesto federal de 200 millones de pesos, una plantilla mínima de 500 personas que únicamente da atención efectiva a 56 áreas, y cada una de ellas tiene en promedio cinco personas trabajando. Como los casos de los amplios territorios Mariposa Monarca o el Vizcaíno.

La organización

Hay empresas -como Ford, Bimbo, AHMSA, Nestlé y Pemex- que con donativos apoyan a organizaciones no gubernamentales, las cuales podrán hacerse cargo de alguna ANP. "No dejan de ser responsabilidad de la Comisión Nacional, es una forma de buscar que otras entidades de otras áreas del gobierno y de la sociedad participen en un trabajo que nos rebasa a nosotros, porque no lo podemos hacer solos."

No se transferirán todas las ANP, porque las de relevancia quedarán en manos de la comisión, mientras que otras, por su tamaño, características y aun con decretos federales deben ser manejadas localmente por los estados o las organizaciones. "Este es un cambio con el pasado. Ayuda a fomentar capacidades y orientar recursos federales", explicó Enkerlin en entrevista.

La autoridad municipal se haría cargo de aspectos locales, como la disposición de basura, mientras que el manejo de vida silvestre o forestal pasaría al ámbito estatal, y cuando haya impactos a nivel nacional o internacional, donde participen varios estados -se trataría de áreas "supraestatales"-, sería la Federación la responsable.

Bajo control de la Federación quedarían áreas como Sian Khan, de Quintana Roo; Mariposa Monarca, que abarca dos estados; o las colindantes con la frontera, como el Alto Golfo de California, Maderas del Carmen o Ramos Arizpe. "En todos los casos la comisión nacional está obligada a tener una buena relación con los propietarios y las autoridades locales, ya que la mayoría de las ANP están en propiedades privadas o sociales."

Algunos parques nacionales serán transferidos para que sean administrados por los estados, y otros se podrían derogar porque han quedado dentro de zonas urbanas. "Sería una falta de eficiencia destinar recursos, que son escasos, a defender sitios muy alterados y entornos urbanos, en lugar de atender comunidades altamente marginadas de la Lacandona y establecer proyectos productivos en zonas como la Mariposa Monarca o Maderas del Carmen", agregó.

Enkerlin mencionó que en esa situación están parques como el Cerro de la Silla y el Cimatario. "Esto pude levantar ámpula. Pero hay que ser honestos, no podemos dar carácter de importancia nacional a algo que tiene relevancia local, la gente de ahí es la que debe defender sus sitios", consideró.

Agregó que el presupuesto para las ANP es limitado, pero en la transferencia de las áreas se pretende apoyar técnicamente a los estados, porque esto no significa que se van a ir "por la libre", sino que van a apoyar en la conservación y "van a ser evaluados, porque a mí también me van a evaluar".

Antes de la transferencia, cada área tendrá un programa de manejo y se comprometerán recursos para su trabajo, aunque se espera que no todos sean federales, pues el presupuesto es tan sólo 200 millones de pesos. A ellos se suman alrededor de 120 millones que ingresan por fondos privados, pero para el año próximo por esta vía sólo habrá incremento de 30 millones de pesos más.

Uno de los esquemas en que participa el sector privado es el proyecto Conservemos México, donde está asegurada la participación de 43 empresas, y se reúnen recursos de alrededor de los 30 millones de pesos, aunque no los maneja la comisión si llega a las ANP. "De aquí que al final de la administración se espera que 33 por ciento de los recursos que lleguen a las Areas Naturales Protegidas sea por mecanismos externos al presupuesto federal", agregó.

Detalló que diez áreas prioritarias -Sierra de Manantlán, Pantanos de Centla, Calakmul, Arrecife de Puerto Morelos, El Vizcaíno, Montes Azules, Banco Chinchorro, Islas del Golfo, Bahía de Loreto y Chamela-Cuixmala- reciben recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, los cuales están en un fideicomiso, del cual sólo se utilizan los intereses. Bajo las reglas de este fondo aumenta en cerca de 35 por ciento el recurso que tienen las áreas, y a partir de enero se prevé la incorporación de cuatro más, con la meta de llegar al 2004 a 22 áreas, indica un estudio de la Semarnat.

El funcionario también detalló que otro esquema de financiamiento es el cobro de derechos que empezó de manera piloto en Loreto, Huatulco y Cabo Pulmo. Pronto se cobrará en Cozumel, Puerto Morelos y Arrecife Alacranes. En cuanto a las concesiones dijo que se darán en el caso de que dentro de las ANP hay propiedades que ya desarrollan actividades ecoturísticas reguladas, como es el caso del Cañón del Sumidero.

En este momento sólo en 85 por ciento de la superficie protegida se realiza algún tipo de trabajo de conservación, "aunque sea mínimamente. Pero esto también hay que cambiarlo, no puede seguir de manera mínima, tiene que ser de manera efectiva", agregó.