LUNES Ť 12 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť El Vaticano sugiere cambiar estatutos para el nombramiento de gran canciller

Discuten obispos futuro de la Universidad Pontificia

Ť Afronta serios problemas financieros, escasa matrícula y poco apoyo de la Iglesia católica

JOSE ANTONIO ROMAN

Graves problemas financieros, escasa presencia en la sociedad mexicana, insuficiente apoyo de la jerarquía eclesiástica y un serio conflicto de identidad son algunos de los problemas más serios que afronta la Universidad Pontificia de México (UPM) a casi 20 años de su reapertura, en 1982, luego de haber sido cerrada en 1932 por las "condiciones políticas adversas" para la Iglesia en ese momento.

Con la tarea de redefinir su perfil y sacar a la universidad de la "difícil" y "precaria" situación en la que se encuentra, a partir de este lunes y hasta el próximo viernes, los más de 100 obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), reunidos en su 72 asamblea plenaria, dedicarán "todo el tiempo que sea necesario" para decidir el futuro de la UPM, considerada continuadora de la Real Pontificia Universidad de México, erigida en 1551.

Una de las decisiones más trascendentes que deberán tomar los obispos en estos días es si aceptan la "sugerencia" de la Congregación para la Educación Católica, de la curia romana, de que el arzobispo metropolitano donde tiene su sede la universidad -en este caso el cardenal Norberto Rivera como arzobispo de México- se convierta en el gran canciller de la UPM, o si, como ha sido hasta ahora, continúe en ese cargo el presidente en turno del Episcopado, que actualmente es el arzobispo de San Luis Potosí, Luis Morales Reyes.

Y es que ante los múltiples problemas que afronta la universidad, la Congregación del Vaticano envió el 17 de octubre de 2000 una comunicación al Consejo Superior de la UPM en la que "sugiere" cambiar el artículo 11 de los estatutos, donde establece que el gran canciller es el presidente de la CEM, mientras que al arzobispo metropolitano le corresponde el cargo de gran vicecanciller.

Sin embargo, en el instrumento de trabajo que este lunes será entregado a todos los obispos, titulado La UPM en la actualidad y en el futuro de la Iglesia mexicana, señala que la "verdadera cuestión" es encontrar la "forma estructural estatutaria" que ofrezca las mayores garantías para conseguir el anhelado desarrollo institucional y adecuada solución de los graves problemas que afectan la vida y el servicio de la universidad.

El documento cita una serie de antiguos y crónicos problemas: apoyo insuficiente a la universidad de parte de los obispos y superiores mayores religiosos del país, incapacidad para afianzar su identidad como institución de educación superior en la Iglesia, problemas serios de financiamiento e inobservancia de los estatutos, "a veces" con la "rectitud doctrinal" de algunos profesores.

Vacío de autoridad

Desde la perspectiva de Roma, según se relata en la carta enviada al Consejo Superior de la UPM el año pasado, se debe a que los actuales estatutos no propician una presencia continua del gran canciller, creándose un "vacío de autoridad" que en la práctica es llenado necesariamente por "personas que son de menor rango".

Sin embargo, el rector de la UPM, Ricardo Martín del Campo Romo, rechaza tales imputaciones y sostiene que la información proveniente de Roma se basó en datos y reportes añejos, de los cuales ignora su autoría. Del actual presidente de la CEM y gran canciller, la universidad y el cuerpo directivo han recibido todo el apoyo y trabajo necesarios, dice.

Asimismo, destacó las personalidades y labores desempeñadas por los diferentes presidentes de la CEM, tales como los arzobispos Sergio Obeso Rivera, de Jalapa (1982-1988 y 1994-1997), y del cardenal Adolfo Suárez Rivera, arzobispo de Monterrey (1988-1994), así como de Luis Morales, presidente de la CEM desde 1997; además del papel que tuvo el cardenal Ernesto Corripio en todos los trámites para la reapertura de la Universidad Pontificia.

De acuerdo con los estatutos, corresponde al gran canciller procurar que se mantenga íntegra la doctrina católica, se observen fielmente las normas de la UPM y de la Santa Sede, proponer a la Congregación para la Educación Católica los nombres de entre quienes debe ser nombrado o confirmado el rector y conferir o retirar a los profesores el permiso o el mandato canónico de enseñar. De igual forma, le confieren la responsabilidad de presidir el Consejo Superior, interpretar los estatutos en primera instancia, nombrar decanatos y directores, así como firmar los diplomados de licenciatura y doctorado.

Desde su reapertura en 1982, el Vaticano encomendó a la UPM (Facultades Eclesiásticas Mexicanas, según su nombre oficial) a la Conferencia Episcopal, que fue la promotora de su creación. De tal manera que la CEM "es, sin lugar a duda, la propietaria y la responsable" de la universidad, que actualmente tiene tres facultades eclesiásticas (teología y filosofía), una de ellas civil (derecho), y dos institutos superiores (derecho canónico y ciencias religiosas). Según sus estadísticas, tiene 136 profesores, sin contar a los invitados, y una matrícula de 390 alumnos, cantidad sumamente preocupante, pues hay grupos de tres o cuatro alumnos.

Estas cifras se reflejan en los presupuestos. Por ejemplo, en 1998-1999 los ingresos fueron de 12.8 millones, mientras que los egresos estuvieron en 11.3 millones; en 1999-2000 las cifras fueron de 13. 4 millones y 12.7, respectivamente, y para 2000-2001 fueron 17.1 millones contra 16.01.

La situación financiera es "ordinariamente insuficiente, débil, vulnerable", y en ciertos momentos llega a ser "positivamente angustiosa", como lo demuestra el hecho de que al final del ciclo escolar 1999-2000 se tuvo que buscar un préstamo para pagar las vacaciones de los profesores.

Las colegiaturas van desde 5 mil pesos el semestre en las licenciaturas de ciencias religiosas, hasta los 18 mil que cuestan las de las facultades eclesiásticas y en la maestría en historia del catolicismo en México, pasando por los 11 mil del semestre en el bachillerato pontificio y en la carrera civil de derecho.

Aun cuando para la 72 asamblea episcopal, que inicia esta noche en las instalaciones de Lago de Guadalupe, se anuncia como gran tema el análisis de la educación superior en el país, la realidad es que los obispos apenas tendrán tiempo para decidir el futuro de la UPM.