sabado Ť 10 Ť noviembre Ť 2001

Alberto J. Olvera

El nuevo movimiento indígena en Veracruz

Los avatares de nuestra penosa consolidación democrática acaparan a tal grado la atención de la opinión pública que procesos muy relevantes para el país pasan desapercibidos. Tal es el caso de la emergencia inesperada de un movimiento indígena en Veracruz, cuya característica central es su construcción gradual desde procesos locales en distintas regiones de la entidad y su capacidad para permanecer y consolidarse a pesar de la abierta ofensiva que en su contra ha desarrollado el gobierno estatal.

Pocos lo saben, pero Veracruz es el tercer estado con mayor población indígena en el país (cerca de 800 mil personas, cifras cercanas a las de Chiapas).

Recientemente ha sido dado a conocer un estudio de la pobreza y la marginación en México, en el que Veracruz aparece en segundo lugar, sólo atrás de Chiapas, y antes de Oaxaca y Guerrero, lo cual se explica por las terribles condiciones de vida en que viven los indígenas veracruzanos, dispersos a lo largo y ancho de la entidad, lejos de las áreas urbanas.

Las regiones con alta población indígena se caracterizan por una alta conflictividad social y política. Sin embargo, hasta ahora las escasas organizaciones y movimientos indígenas no habían logrado trascender el espacio local. Tres procesos recientes han cambiado este panorama. En primer lugar, el pueblo de Coyutla, cerca de Papantla, en plena región totonaca, viene resistiéndose al gobierno de un cacique local, Basilio Picazo, prominente priísta electo el año pasado como presidente municipal gracias al apoyo de la población mestiza y al clientelismo electoral. Su arbitrariedad y su carácter de principal talamontes local propiciaron la formación del Movimiento Cívico Coyuteco, formado por ciudadanos indígenas y mestizos, que ha venido exigiendo desde hace meses una auditoría al gobierno anterior, la renuncia del edil actual y la formación de un concejo municipal plural. El palacio municipal estuvo tomado varias semanas, luego fue desalojado con violencia por las fuerzas de seguridad pública del estado, vuelto a tomar y vuelto a desalojar, esta vez por medio de una negociación con el gobierno estatal, que a la fecha no ha dado resultado alguno.

En Xochiapa, un pueblo del municipio de Playa Vicente, en el sur veracruzano que colinda con Oaxaca, ha emergido un fuerte movimiento en pro de la autonomía municipal para el conjunto de 52 comunidades indígenas de la región, que pertenecen a cuatro grupos étnicos y que están hartas de ser ignoradas por los gobernantes caciquiles. El gobierno estatal ha reaccionado deteniendo a tres de los principales líderes del movimiento, cercando a Xochiapa con patrullas de la policía y bloqueando la negociación política. Se ha ofrecido una salida legal a través del procedimiento previsto en la Constitución local para crear municipios, pero no está claro que el procedimiento sea viable dada la resistencia de la elite política de Playa Vicente.

En Tzocohuite, municipio de Alamo, en el norte de Veracruz, un dramático accidente en el que un autobús atropelló y mató a varias personas desencadenó un movimiento que ha incluido la toma de carreteras, el secuestro de autobuses y numerosas movilizaciones locales. El problema del transporte colectivo de las áreas indígenas es muy grave no sólo por su escasez y pésima calidad, sino porque a través de él los caciques locales ejercen un monopolio de la movilidad que se traduce en un monopolio político. Los intereses creados en la región han impedido una solución de fondo a un conflicto social que ha conducido a detenciones y a la presencia masiva de la policía.

Estos tres movimientos han creado una articulación estatal por primera vez en la historia de los movimientos sociales de Veracruz. Actuando con una notable inteligencia política, estos movimientos han tratado de abrir espacios de negociación con los congresos federal y estatal, con el INI y otras agencias gubernamentales y con el propio gobierno del estado. Recientemente han organizado varios foros de discusión sobre la problemática indígena que culminaron el pasado 12 de octubre con un gran evento en Zongolica, eje de otra región indígena en el centro de Veracruz que recientemente se ha sumado, a través de una de sus organizaciones, a esta articulación.

Este nuevo movimiento exige una revisión de la insuficiente ley indígena recién aprobada, pide una nueva política social para los pueblos indios que deje atrás el paternalismo estatal y el clientelismo político, y la solución de sus problemas locales. La alianza entre los pueblos indígenas y una parte de las elites mestizas locales que se está dando en cada una de las regiones participantes es un fenómeno novedoso y prometedor que tiene un gran potencial democratizador de la vida pública en Veracruz.