Miguel Concha

Agenda de derechos humanos

Bajo el postulado de que sin el reconocimiento y respeto de los derechos humanos no hay democracia, desde marzo del año pasado la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todos presentó a los ciudadanos, partidos políticos, candidatos a la Presidencia y poderes de la Unión una agenda mínima de justicia y garantías básicas, con el fin de generar un estado de derecho justo y democrático.

Sobre la base de su experiencia acumulada y de los análisis y recomendaciones de organismos públicos y privados internacionales en la materia, en ella se hacen propuestas que tienen que ver con la procuración y administración de justicia, el papel que desarrollan las fuerzas armadas, la discriminación que sufren los indígenas, la falta de dignidad con la que se trata a los presos y los ataques que sufren los defensores de derechos humanos. Todo ello con el fin de contribuir a solucionar las situaciones de impunidad, desigualdad e injusticia que aquejan al país.

Desde su perspectiva y teniendo en cuenta la legislación internacional en materia de derechos humanos, las resumen en los derechos elementales a la verdad y seguridad, a un juicio justo, a la reparación del daño, a la equidad social, a la readaptación, a la información, la rendición de cuentas y a defender los derechos humanos. Aunque en forma precipitada e indirecta, el candidato de la denominada Alianza por el Cambio la asumió a última hora, y el mismo día de su toma de posesión se comprometió ante la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas a darle a los derechos humanos prioridad en su gobierno. Fue necesario sin embargo y por desgracia que se sucedieran el ominoso crimen contra Digna Ochoa -aún no aclarado- y las amenazas contra conocidos defensores de derechos humanos, con la masiva repulsa social y política que suscitaron, para que se comenzaran a ver algunos signos positivos de voluntad política en este sentido.

En la audiencia que algunos líderes de organizaciones ciudadanas de derechos humanos tuvieron con el Ejecutivo federal el 25 de octubre, a casi una semana de la ejecución de Digna, le reiteraron entre otras cosas las propuestas, priorizadas y articuladas por los acontecimientos en los siguientes seis ejes: promoción y protección del trabajo de los defensores de derechos humanos, justicia y seguridad pública, acceso a la información, derechos de las mujeres y de los pueblos indios, migraciones y procesos de paz en Chiapas.

Vale la pena destacar que a propósito del tema de seguridad y justicia se le reiteró la necesidad de una reforma integral de la Procuraduría General de la República y del control institucional de las fuerzas armadas, incluyendo una reforma de la Procuraduría de Justicia Militar, y se le solicitó información sobre el mando único y coordinado en el combate al "terrorismo", del que había hablado días antes una de las subprocuradurías.

Es importante también subrayar que sobre el tema de los derechos individuales y colectivos de los indígenas se le pidió expresamente que por su parte no se iniciaran de ninguna manera los trabajos legislativos de elaboración de la ley reglamentaria de la contrarreforma publicada el 14 de agosto en el Diario Oficial de la Federación, hoy tan numerosamente objetada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como se sabe, el Poder Ejecutivo federal manifestó su disposición a discutir propuestas de reformas constitucionales para fundamentar una verdadera política de Estado en materia de derechos humanos, reconociéndoles para ello el carácter de interlocutores a las organizaciones ciudadanas de derechos humanos, lo que esperamos se verifique en los hechos, sin que de antemano se admitan iniciativas legislativas contrarias que torpedeen este objetivo; y pidió el establecimiento de una mesa de diálogo entre ellas y la Secretaría de Gobernación. Hace dos días se anunció como primer acuerdo la realización a partir del próximo 10 de diciembre de una campaña de difusión masiva en los principales medios escritos y electrónicos, y en espacios y horarios de amplio alcance, utilizando entre otras cosas los tiempos oficiales, sobre la importancia del trabajo de las organizaciones civiles de defensa y promoción de los derechos humanos. Serán éstas las que aporten el contenido, insistiendo en la legitimidad de sus acciones, el reconocimiento de su labor por parte de las autoridades y su contribución con ello a la democracia y convivencia pacífica de los mexicanos.