SABADO Ť 10 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť "Sólo con medios libres e independientes continuaremos con el avance democrático"
Creel señala que la autoridad puede opinar sobre informaciones de la prensa, pero no censurarla
Ť El senador Javier Corral expresa que los tres poderes de la Unión deben rendir cuentas
ALONSO URRUTIA
La democracia requiere de una prensa "atenta y crítica". Esto representa un contrapeso social al poder, público y privado, sostuvo el secretario de Gobernación, Santiago Creel. Sin embargo, las autoridades también tienen derecho a verter su opinión sobre lo que difunden los medios, aunque ello no puede implicar "jamás limitar la libertad de expresión o ejercer la censura".
Durante su intervención en el cuarto foro de consulta sobre transparencia y acceso a la información gubernamental, Creel aseveró que México ya "franqueó" la era en que se suponía arriesgado que el gobierno proporcionara información. Hoy se trata de evitar que el ocultamiento informativo sirva para solapar abusos de poder.
A su vez, el secretario de la Contraloría, Francisco Barrio, señaló que la aprobación de una ley de acceso a la información no constituye una concesión gubernamental, sino el reconocimiento de una obligación de la autoridad.
En el transcurso de los trabajos el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, sostuvo que el control informativo es propio de los sistemas autoritarios. Censuró que en México haya una dispersión tal en las dependencias que sólo en el vértice del poder se puede tener una visión global.
El senador del PRI Emilio Gamboa afirmó que la obligación de suministrar datos y rendir cuentas no debe quedar sólo en el gobierno, sino que debe incluir también a los partidos políticos, las iglesias, las universidades, como parte de un esquema amplio de transparencia.
Reforma del Estado
A casi un cuarto de siglo de haberse incorporado a la Constitución el derecho a la información, Creel consideró que ahora sí hay condiciones para dejar atrás el ayuno de información oficial. Una sociedad democrática requiere que el ciudadano tenga acceso a la información gubernamental que en los hechos representa una apertura del Estado al escrutinio social.
Señaló que México requiere de una legislación equilibrada entre libertad de expresión, derecho a la información y respeto a la vida privada. Comentó que los medios juegan un papel central en la apertura en tanto que son intermediarios de la sociedad, y "sólo con medios libres e independientes continuaremos con el avance democrático".
"La ley que protege la libertad de expresión nos cubre a todos y define límites entre los cuales es válido moverse para todos, gobierno y gobernados. El derecho de réplica o aclaración a nadie puede serle negado, ni al gobierno ni tampoco a los gobernados".
Expresó que la ley de acceso a la información es un tema toral de la reforma del Estado, pues obliga al gobierno a poner fin a prácticas discrecionales, definir criterios de acción y revolucionar la administración pública.
Barrio destacó el impacto que tendrá la ley en el combate a la corrupción y definió principios básicos que deberá conte
mplar. De entrada, que tenga la mayor apertura posible, lo que implica que la información reservada sea la excepción y se considere como tal una vez valorado que el daño que pudiera causar al Estado y la sociedad su apertura es mayor al daño que tendría no abrirla.
"Un segundo principio es reconocer, de entrada, que el gobierno tiene una obligación positiva de informar a los ciudadanos, que no es una concesión graciosa, sino obligación constitutiva de cualquier Estado, rendirle cuentas de los asuntos."
Agregó que al aprobarse la ley deberá garantizarse que no haya otras leyes que hagan nugatorio el acceso a la información. De igual forma, no hacerla tan engorrosa o con tales cargas de trabajo al poder público que impidan su aplicación en la práctica. Sería frustrante para el ciudadano tener un derecho plasmado en la ley y no poder ejercerlo.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Javier Corral, se pronunció por crear un órgano ciudadano autónomo que garantice el cumplimiento de los tres poderes sobre el acceso a la información. Dijo que la vigencia de este derecho es un contrapeso en el ejercicio del poder, de ahí que la información que se mantenga como reservada debe ser la menor posible.
Consideró que las pugnas por la paternidad de la iniciativa no pueden ser obstáculo para dar este paso fundamental en el desarrollo de la democracia.
Mencionó que los tres poderes deben estar obligados a rendir cuentas y centró su intervención en la responsabilidad del Poder Legislativo. Un poder responsable de la fiscalización de los otros no puede rehusarse a la apertura del manejo de sus recursos y de su funcionamiento.
Para Diego Valadés, entre más concentrada esté la información, más autoritario es el sistema. "No hay descentralización posible sin que se comparta la información ni hay forma de controlar, responsabilizar y renovar a los depositarios del poder si se carece de información suficiente sobre la gestión de quienes lo ejercen".
Señaló que la aprobación de una ley de acceso debería considerar un diseño institucional que no deberá generar más cargas burocráticas ni perpetuar una situación anómala en el funcionamiento del gobierno. Mencionó que debería haber un responsable en el gabinete encargado de garantizar este derecho que en la actualidad está vedado hasta para el Congreso, que está impedido de ejercer a plenitud sus facultades fiscalizadoras.
Héctor Rangel, de la Asociación de Banqueros de México, consideró que la corrupción motivada por una falta de fiscalización social al gobierno es equivalente a 15 por ciento de gastos extra en los trámites oficiales, lo que funge como un impuesto. Mencionó que México es uno de los países de la OCDE con más alto índice de corrupción, pues no hay legislación que obligue a la rendición de cuentas.
Tras pronunciarse por la preservación del secreto bancario, Rangel defendió la existencia del buró de crédito como un archivo del historial de créditos proporcionados por diversas instituciones. Un archivo que fue fuertemente cuestionado por Arturo Saldívar, de la Barra Mexicana de Abogados, que lo consideró un abuso de información por parte de una instancia privada.
Por su parte, Oscar González, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, dijo que es hora de superar el momento en que la razón de Estado podía estar por encima de los intereses de la sociedad. Se pronunció por que en el marco de la apertura informativa se cree una comisión de la verdad, pues la sociedad tiene "el justo derecho de conocer lo que pasó en el pasado, con el legítimo fin de que en el futuro no vuelvan a ocurrir abusos de poder".