SABADO Ť 10 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Juan Francisco Escobedo (Ť)
Gobierno abierto o criptocracia
Toda voluntad política anunciada desde el gobierno que no se traduzca en políticas específicas e iniciativas de reforma legal e institucional razonables, se convierte en causa detonante del escepticismo, atiza la retórica y acrecienta la pérdida de credibilidad. Ese puede ser el caso del compromiso gubernamental para enviar al Congreso una iniciativa de ley federal de acceso a la información pública.
El tema no es un asunto menor. Se trata de un campo fundamental de los derechos humanos, cuya regulación eficaz en el orden jurídico mexicano permitiría dar un vuelco positivo al ejercicio de la función pública. Crear intrumentos jurídicos y garantías reales para que los mexicanos ejerzan su derecho a saber acerca de la "cosa pública" es un imperativo irremplazable para impulsar el complejo proceso de cambio de régimen, que encontró en la alternancia en el gobierno su punto de inflexión, no su culminación. Una ley de este tipo tendría un efecto similar al que se produjo en el campo electoral con la creación hace una década del Instituto Federal Electoral.
La incipiente democracia mexicana sin adecuados controles internos entre los poderes públicos, pero sobre todo sin eficaces controles externos, corre el riesgo de convertirse en un régimen sin atributos ni resultados razonables. Facilitar el acceso a la información gubernamental por imperativo de ley, además de propiciar el control de la sociedad sobre el ejercicio de la función pública, constituiría un recurso de enorme valor para que los ciudadanos tomen mejores decisiones en el campo de la esfera pública y en el ámbito privado.
Se trata de instaurar instituciones legales que al mismo tiempo que contribuyan a terminar el andamiaje mínimo de un régimen cuyos componentes, intercambios, reglas y procesos sean predominantemente democráticos, empujen el trazado de nuevos cursos de acción gubernamental y social para mejorar la calidad de la democracia, de los poderes públicos y las relaciones entre el Estado y la amplísima constelación de intereses que se expresan en la sociedad.
Las ventajas para todos parecen evidentes. Pero inexplicablemente el tema no ha sido asumido con claridad por el gobierno. Sigue rebotando entre los diversos equipos gubernamentales que se han ocupado de la cuestión y que hoy se disputan la definición e instrumentación legal e institucional de esta asignatura pendiente; desde hace un cuarto de siglo, cuando el 28 de diciembre de 1977 se incorporó en el último párrafo del artículo 6 constitucional la frase: " El derecho a la información será garantizado por el Estado".
El gobierno ha dicho sí a una ley en la materia, pero hace 10 meses que esperamos su iniciativa. La primera impresión que suscita la tardanza gubernamental se deriva de la sospecha de que no existe un diágnóstico ni opinión unificada sobre el tema. A los problemas de comunicación intergubernamental se añade el conocimiento desigual que las áreas involucradas han exhibido en la esfera pública en los últimos meses.
Si a esos lastres le añadimos las resistencias burocráticas internas, el predominio de las posiciones excesivamente precavidas que empujan a la parálisis y la escasa aplicación que sobre el particular ha tenido el presidente Vicente Fox. Entonces lo previsible es que el tema sea incluido en la agenda legislativa hasta las "calendas griegas". A no ser, y es deseable que así ocurra, que el gobierno o por lo menos la Secretaría de Gobernación tuviesen ya una posición más abierta y clara sobre el tema. Una señal en ese sentido sería muy bien recibida por todos los actores políticos y sociales que se han involucrado en el tema.
En cualquier caso, segmentos cada vez más amplios y con una buena capacidad de gestión de sus preocupaciones y posiciones en la arena pública, como es el caso del Grupo Oaxaca, han dado un paso adelante para demandar que la legislación en la materia contenga los mínimos para evitar que se convierta en letra muerta, como tantas leyes y normas jurídicas mexicanas. Nuestra transición a la democracia también implica una transición en la hechura y la aplicación del derecho. El país necesita derecho positivo renovado y vigente.
Hay condiciones internas y externas extraordinariamente favorables para hacer una adecuada ley en la materia. Entre la iniciativa del diputado Miguel Barbosa, del PRD; el proyecto de iniciativa de ley federal de acceso a la información pública, que presentó el Grupo Oaxaca el 11 de octubre ante la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, y el último borrador que ha dejado circular el gobierno desde la víspera de los foros que ha convocado, existen notables coincidencias y no menores diferencias, que a partir de un diálogo constructivo se pueden superar y dar pie a la formulación de una razonable iniciativa gubernamental o simplemente a la identificación de los consensos básicos indispensable para que los legisladores entren en materia y digan, como les corresponde, la última palabra.
La unidad en lo fundamental es contundente. El gobierno, los partidos políticos, los legisladores y los distintos grupos y ciudadanos que se han expresado sobre el tema coinciden en la necesidad de aprobar una ley federal de acceso a la información pública. Las diferencias radican en el cómo y en el cuándo. Los principios acerca del tema parece que también han concitado coincidencias. El criterio de que toda la información producida y en posesión del gobierno es pública y por tanto debe ser accesible al público, constituye el punto de partida. Con la salvedad de aquella información que deberá considerarse temporalmente como reservada por disposición legal o bajo los procedimientos legales y administrativos señalados en el instrumento jurídico. La información gubernamental es un bien público y el titular del derecho de acceso es el ciudadano. Hasta aquí las coincidencias. No es poca cosa para facilitar el diálogo.
El tema adquiere sendas divergentes al llegar el momento de precisar la instancia gubernamental que deba conocer de los problemas que se deriven del ejercicio del derecho de acceso, que instruya a los servidores públicos responsables de entregar la información a cumplir con esa obliagción e imponga las sanciones a quines incumplan la ley.
El gobierno propone que sean oficinas radicadas en las diversas agencias gubernamentales las que atiendan las solicitudes de acceso y que en caso de información reservada sean los directores de área los responsables de asignar la categoría de información reservada. Y en caso de asuntos contenciosos, que sea una coordinación intersecretarial con vínculo de subordinación a la Secretaría de la Contraloría y con base en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y supletoriamente con base en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la que desahogue los recursos y establezcan sanciones a los empleados públicos.
El Grupo Oaxaca sugiere la creación de un Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública con carácter de órgano constitucional autónomo, para conocer y resolver los problemas derivados del ejercicio de tal derecho humano. Sólo atención de problemas y no la entrega de la información solicitada, cuya responsabilidad recae en cada oficina gubernamental. Y que además despliegue funciones de apoyo a los ciudadanos y de promoción de la cultura y socialización del conocimiento en la materia. El camino puede ser un poco más largo, pero si existe un núcleo duro de consenso entre las fuerzas políticas representadas en el congreso, podría ser posible la reforma constitucional correspondiente. Si ese camino resulta cuesta arriba, aún existe la opción intermedia para la creación de un órgano desconcentrado como instrumento en desarrollo para que en el mediano plazo se transforme en órgano autónomo, recogiendo la experiencia del Banco de México, del IFE y de la Comisión Nacional de Derecho Humanos.
Las diferencias no se agotan ahí. Identificarlas y discutirlas con argumentos es el mejor camino para formular el diseño institucional y legal que mejor responda a las exigencias sociales, al compromiso del gobierno y a los imperativos nacionales e internacionales de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad, asociados con el imperativo de garantizar el derecho humano de acceso a la información pública. Matizar antes de dogmatizar, sugería Albert Camus. No nos vendría mal seguir tal consejo.
(Ť) Investigador y profesor de la Universidad Iberoamericana. Integrante de la Comisión Técnica que elaboró la iniciativa del Grupo Oaxaca