La liberación de los campesinos guerrerenses Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, ecologistas opositores a la tala inmoderada en la sierra de Petatlán, quienes permanecían injustamente encarcelados desde mayo de 1999 bajo cargos de narcotráfico y portación de arma prohibida, es un acto de elemental justicia que debe ser saludado y reconocido como un gesto positivo por parte del gobierno federal y como un paso en la dirección correcta para corregir, desde el poder público, las graves ilegalidades y violaciones a los derechos humanos perpetradas durante los últimos gobiernos priístas.

Ciertamente, y habida cuenta de las arbitrarias imputaciones de que fueron objeto, es deplorable que los ahora liberados hayan salido de la cárcel mediante un indulto presidencial por razones humanitarias y no, como habría debido ser, por una completa absolución judicial. 

Sin embargo, es claro que el gobierno del presidente Vicente Fox recurrió al único instrumento legal que estaba en sus manos para resolver la aberrante situación en la que se encontraban Montiel Flores y Cabrera García, y que la aplicación del indulto se realizó conforme a derecho y en armonía con la legislación nacional, específicamente con el Código Penal Federal. 

Más que criticar la tardanza oficial en cumplir la prometida liberación -11 meses-, habría que entender ese lapso como resultado de la preocupación por no vulnerar los procesos legales, así hayan sido éstos, en el caso de los ecologistas, amañados y adulterados.

Con todo, no debe pasarse por alto que el asesinato de la abogada defensora de Montiel y Cabrera, Digna Ochoa, perpetrado hace dos semanas en esta capital, colocó a las autoridades ante una situación en la que resultaba impostergable la excarcelación -por las vías legales que fueran- de los inculpados.

La reclusión continuada de los campesinos en el Centro de Rehabilitación Social de Iguala, injusta desde su inicio, era ya insostenible ante la opinión pública nacional y mundial, y a la larga terminó por robustecer la causa de ambos en defensa del entorno ambiental de las comunidades de la sierra de Petatlán.

Como lo señalaron los propios excarcelados, su liberación es, en suma, un punto a favor del gobierno federal, aunque hagan falta muchos más para que pueda hablarse de una verdadera democracia en el país. De entrada, es necesario llegar a fondo en la investigación del asesinato de Digna Ochoa y sancionar conforme a las leyes a sus responsables intelectuales y materiales, sean quienes fueren. 

Asimismo, el indulto a favor de los campesinos debe ser seguido de la presentación de cargos contra los servidores públicos que los detuvieron y acusaron injustamente y que los sometieron a torturas después de su detención, pues la impunidad no debe permitirse nunca más.