Ť Ha privado una desmesura total de los cuerpos policiacos, indica

El titular de la independiente CEDH de Michoacán denuncia intimidación por parte del gobierno

Ť De 58 oficinas, 15 responsables pidieron licencia a raíz del crimen de Digna Ochoa

ROSA E. VARGAS Y MIREYA CUELLAR ENVIADAS

Morelia, Mich., 8 de noviembre. Para el defensor de derechos humanos Julio César Silva Alemán, a lo largo de estos seis años la procuración de justicia en Michoacán se caracterizó por la intimidación y la represión ejercida contra organizaciones sociales, así como por la desmesura total en la actuación de los cuerpos policiacos, sobre todo la policía ministerial.

El control que en esos ámbitos ejercieron los hermanos García Torres, Antonio como secretario de Gobierno y Jorge Eduardo como procurador, con la anuencia del gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí, lo llevan a alertar que "si algo me ocurre a mí o a mi familia, ellos son los responsables".

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán, organismo no gubernamental, admite tener "pavor" a lo que pueda ocurrirle. Usa un corsé ?no quiere aceptar que es un chaleco antibala? aunque más escéptico que precavido plantea que si realmente lo quieren matar, pues le tirarían a la cabeza.

Ahora, las puertas de la comisión están cerradas "porque no quiero que me lleguen como a Digna Ochoa, a la oficina. Siempre me hago acompañar por amigos, es mejor aquí en público y que todos vean quién fue".

De las 58 oficinas que hay en el estado y la que preside, 15 representantes ya pidieron licencia a raíz del asesinato de Ochoa. Hay, afirma, un grave impacto sicológico a raíz de ese hecho. Ya nadie quiere atender asuntos del Ejército, de la policía judicial federal o la estatal.

"Estamos replegados y tengo licencias y llamadas telefónicas donde los compañeros me informan que ahí está el changarro, que ya no quieren seguir siendo defensores de derechos humanos porque sus esposas, padres, hermanos les dicen 'qué ganas con esto, te van a matar igual que a Digna'. Ven una camioneta de la policía judicial y creen que es contra ellos o que los van a detener en cualquier momento", apunta con desazón.

Silva Alemán concede que en su vida personal tiene, en efecto, un grave Talón de Aquiles, pues uno de sus hermanos mató a un hombre ?asegura que de manera imprudencial? y salió libre bajo fianza, pero, por consigna, dice, le reclasificaron el delito, lo volvieron a encarcelar y luego se escapó. Atribuye el temperamento de aquél a que "somos terracalenteños, una región muy dura", pero rechaza que ello lo desautorice en la defensa de los derechos humanos en la que está hace más de ocho años.

Comenta que sus problemas con el espionaje e intimidación se iniciaron a partir de febrero de este año y no obstante haberlos denunciado, con las pruebas en su haber, las investigaciones no han avanzado y, por el contrario, él se convirtió involuntariamente en el receptor de las denuncias (anónimas) de quienes lo vigilan.

Se trata, comenta sin temor a equivocarse, de una fracción disidente del temido Grupo Lince, de la procuraduría estatal de Justicia. "Son quienes me han estado haciendo llegar documentos", uno de los cuales está dirigido al procurador Héctor Terán Huerta --quien sustituyó a Jorge Eduardo García Torres cuando éste resultó postulado para diputado local-- y donde le detallan una larga lista de "irregularidades y corruptelas" en la dependencia.

Este grupo Lince, refiere Silva Alemán, "es un grupo no oficial que estuvo cobrando en la secretaría de Educación Pública del estado y se dedicó a la intimidación, al hostigamiento y al espionaje; como quedó establecido, su operador fue Alfredo Torres, ex secretario particular de Jorge Eduardo García Torres." Todo eso, dice, está bien demostrado porque se presentaron pruebas documentales de dónde cobraban, quién los mandaba e incluso las órdenes de trabajo que se les entregaban, firmadas por Torres.

?¿Cree usted que quienes denuncian son disidentes de ese grupo?

?Sí, que es gente a la que no le han dado participación en todos los cochupos, en las corruptelas de la Procuraduría General de Justicia, que nada más están cobrando su sueldo y sienten como que merecen algo más, porque creo que sólo ven pasar el dinero y no ha quedado en sus bolsillos. Ahí está el documento que me llegó donde dicen claramente que los comandantes y jefes están coludidos con narcotraficantes, les cobran a los asaltantes, a los tiradores de drogas, a los robacoches. No se ocupa mucha ciencia para saber que no les dieron reparto de utilidades.

?¿A qué atribuye los anónimos que ha recibido en los que lo amenazan de muerte?

?A todo lo que he mencionado aquí, a que hemos denunciado la falta de procuración de justicia en Michoacán, que los agentes del Ministerio Público a los culpables los hacen inocentes y viceversa, que el método de investigación de la policía judicial del estado es la intimidación y la tortura y que no hay un sistema serio donde se pueda decir que se procura justicia en el estado.

"Uno de los gobiernos más autoritarios que hemos tenido es el de Tinoco Rubí, por la represión que hemos sufrido las organizaciones magisteriales, sociales y la sociedad en general; porque a la media vuelta, por quítame estas pajas detienen un vehículo dizque sospechoso con el solo objetivo de intimidar.

"La Policía Judicial violenta, aseguró, los artículos 14, 16 y 11 constitucionales sobre el libre tránsito y ellos, a la hora que se les antoja, detienen un vehículo y molestan a las familias en aras de una supuesta prevención del delito que de prevención no tiene nada porque ellos son los principales protectores de la delincuencia en Michoacán".