VIERNES Ť 9 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť En su creación debe participar el Congreso, no sólo el Ejecutivo, dice Alonso Raya
El instituto de evaluación podría ser utilizado para debilitar la educación pública: líder magisterial
CLAUDIA HERRERA BELTRAN
El proyecto de creación del instituto nacional de evaluación educativa tiene que ser discutido y aprobado por el Congreso de la Unión, para evitar que mediante un decreto sea impuesto por el gobierno y por los criterios de grupos empresariales que buscan convertir el organismo en un negocio o en un instrumento para debilitar la educación pública, afirmó Miguel Alonso Raya, secretario regional del sindicato magisterial.
El ex diputado federal del PRD indicó que grupos empresariales que influyen en el gobierno de Vicente Fox buscan apoderarse del instituto para sacarle provecho económico, como ya ocurre con el Centro Nacional de Evaluación, o para impulsar políticas educativas privatizadoras.
A una semana de que el secretario de Educación Pública, Reyes Tamez, anunciara que el proyecto del nuevo instituto de evaluación está prácticamente listo, Alonso Raya señaló que la SEP aún no ha tomado en cuenta la opinión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acerca de este tema.
Aseguró que es importante que la creación de este instituto sea debatida ampliamente para que los actores involucrados en la educación definan sus objetivos y si será un organismo independiente de la SEP o que mantendrá alguna relación con esta dependencia.
Indicó que si el instituto es impuesto por la vía administrativa será un organismo sin legitimidad y sin fuerza que iría en contra de los principios que le darían origen, como son la transparencia de información y la rendición de cuentas.
Así como se ha mencionado que este instituto podría convertirse en un "IFE académico", dijo que debería tomarse en cuenta la experiencia del Instituto Federal Electoral, que fue producto de un acuerdo político, el cual le dio legitimidad y fuerza a este organismo político.
Explicó que en el medio magisterial existe preocupación en el sentido de que el nuevo organismo sea utilizado para castigar a escuelas, maestros o alumnos por los resultados de las evaluaciones, y no se considere que el rezago educativo es un problema muy complejo que no sólo se puede atribuir a los individuos o a los centros educativos.