VIERNES Ť 9 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť Fue un acto de justicia, opinan partidos políticos y la Iglesia católica

Cuestionan ONG las ''razones humanitarias'' que sacaron de la cárcel a los ambientalistas

Ť Demandan castigo para quienes secuestraron y torturaron a los dos campesinos

DE LA REDACCION

Diversas organizaciones de derechos humanos, ecologistas, partidos políticos y la Iglesia católica reivindicaron la liberación de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera como un ''acto de justicia'', aunque cuestionaron las ''razones humanitarias'' esgrimidas por el Ejecutivo para dicha liberación, y pidieron que esta decisión sea secundada por el castigo a quienes secuestraron, torturaron y fincaron delitos en contra de los hoy excarcelados.

Para el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Edgar Cortez, este acto de justicia postergado ''no debe hacernos olvidar'' que todavía está pendiente la investigación de la tortura, la actuación de miembros de la Procuraduría General de la República (PGR) y la revisión escrupulosa del desempeño del Poder Judicial.

Raúl Benet, de la organización ecologista Greenpeace, calificó de ''inaceptable y preocupante'' que no se haya hecho justicia antes y que el presidente Vicente Fox tomara una decisión sobre el caso luego del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa -abogada de los ecologistas liberados- y la repulsa generalizada que este crimen generó en el país y a nivel internacional.

Por su parte, el secretario general adjunto del Episcopado Mexicano, Francisco Javier González, consideró que en esta decisión, como en muchas otras, influyó de manera determinante la presión internacional luego del asesinato de Ochoa, hecho que demuestra que en el país priva la impunidad. Está pendiente, agregó, la investigación de tortura por parte de los elementos militares, pues en este caso ''no se puede ni se debe permitir el borrón y cuenta nueva''.

Por su parte, el sacerdote Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, lamentó el hecho de que tengan que darse ''muertes y cuotas de sangre'' -en referencia al asesinato de Digna Ochoa- para que puedan moverse efectivamente con mayor eficiencia y rapidez los caminos pacíficos de la justicia y del derecho.

No obstante, subrayó que la demanda de que se esclarezca el asesinato de Ochoa sigue en pie. ''Y si están coludidos intereses económicos y políticos incrustados en niveles del Estado, o se trata de niveles estatales o nacionales'', la investigación debe continuar. Tienen que ser identificados y sancionados ''todos'' los ejecutores del crimen, tanto materiales como intelectuales, añadió.

También apuntó que ''sí hay elementos, grupos y corporaciones de las fuerzas armadas que se prestan a encubrir y proteger grupos autoritarios y caciquiles''.

La presidenta nacional del PRD, Amalia García, consideró por su parte que aun cuando la liberación de los dos campesinos es un acto de justicia, esta decisión no es suficiente para terminar con el ''enrarecido'' clima que vive actualmente el país, caracterizado por las amenazas en contra de cinco defensores de derechos humanos y el periodista Germán Dehesa, así como la muerte de la abogada Digna Ochoa.

Exigió el esclarecimiento y la aplicación de sanciones en contra de quien resulte responsable de la muerte de la abogada. Este no es un crimen más, es inaceptable que se le pretenda calificar de esa manera, sobre todo cuando hubo amenazas previas, puntualizó.

García Medina informó que el tema de los desaparecidos de la guerra sucia en los 70, y las elecciones de Michoacán, fueron analizados con el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, durante la entrevista que sostuvieron el pasado miércoles.

El Partido Verde Ecologista de México también calificó de positiva la liberación de los ambientalistas, pero lamentó que fuera necesario el asesinato de una representante de los derechos humanos y la presión de organizaciones internacionales para excarcelar a los campesinos. El PVEM exigió al gobierno federal actuar con mayor eficacia y rapidez en casos que involucren y perjudiquen a inocentes, resolver el asesinato de Digna Ochoa, y acabar con la impunidad y con violaciones a los derechos humanos de cualquier ciudadano.

Entrevistado luego de una reunión de defensores de derechos humanos con el secretario Creel, Edgar Cortez lamentó que la sui géneris figura utilizada haya sido la excarcelación por ''razones humanitarias'' y no el desistimiento de la PGR de sus acusaciones. Dijo que con esta figura también quedó demostrado que el Poder Judicial no fue capaz de corregir las irregularidades en su proceso, la arbitrariedad y la injusticia.

Atribuyó la liberación a un conjunto de factores, entre los que incluyó la muerte de Digna Ochoa y la drástica reducción de la credibilidad que el gobierno tenía ante la comunidad internacional respecto a su compromiso en materia de derechos humanos. Ojalá ahora la presión dé para la revisión de otros casos, como el del general José Francisco Gallardo, señaló.

En tanto, Oscar González, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, aplaudió el acto de justicia a favor de los campesinos. ''No tengo detalles de los procedimientos jurídicos, pero lo importante es que la ley sirva a la justicia'', dijo tras el encuentro con el secretario de Gobernación, en las oficinas de la dependencia.

Finalmente, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, señaló que ''cualquier resolución en ese sentido es positiva y la práctica del indulto no afecta para nada al sistema judicial mexicano. Eso no significa que no haya habido un proceso adecuado, sino simplemente razones que se han considerado para perdonar''.