VIERNES Ť 9 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť Volveremos a la defensa de los bosques, señalan los ecologistas liberados ayer

Estamos libres, pero no se nos ha hecho justicia, afirman Montiel y Cabrera

Ť Lamenta Edgar Cortez que no se reconozcan las graves violaciones cometidas contra ellos

VICTOR BALLINAS

Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera aseveraron ayer tras su liberación: ''Estamos libres, pero no se nos ha hecho justicia. El gobierno no nos ha reconocido nuestra inocencia.'' Enseguida apuntaron: ''Seguiremos en la lucha porque se reconozca que no cometimos ningún delito y volveremos a la defensa de los bosques al lado de nuestros compañeros.''

Narraron que no tenían conocimiento de que los iban a dejar ayer en libertad. ''Nos enteramos por varios internos que nos dijeron que había salido en algunos periódicos. A las 10 de la mañana llegó Mariclaire Acosta con la noticia. Yo -dijo Rodolfo Montiel- no quería, tenía miedo a que el gobierno me sacara, porque ya no éramos nosotros los que exigíamos que nos sacaran, era el gobierno el que nos quería sacar. Me comuniqué con mi defensor y él no sabía nada. Yo creo que alguien le jaló los oídos a Fox, y a él no le gusta que lo critiquen.''

Los dos campesinos excarcelados ofrecieron una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Desde Iguala, Guerrero, fueron trasladados con sus abogados al Distrito Federal, y en esa conferencia agradecieron a las organizaciones ecologistas y de derechos humanos -nacionales e internacionales- que los apoyaron para obtener su libertad.

El marco jurídico

Edgar Cortez, director del Centro Pro, manifestó su beneplácito por la liberación de los campesinos ecologistas, y lamentó la incapacidad del gobierno de la República para hacer un reconocimiento expreso de las graves y evidentes violaciones cometidas en su contra, lo cual impide que esto sea un paso hacia la solución de las causas que obstruyen la vigencia de los derechos humanos en el país.

Mario Patrón y Jorge Fernández, del área jurídica del Centro Pro, manifestaron que ''el presidente Fox no utilizó la figura del indulto, sino que recurrió a la modificación de la sanción impuesta. Técnicamente esa es la denominación, de acuerdo con el artículo 75 del Código Penal, donde se establece que si la sanción privativa de la libertad es incompatible con su estado de salud actual, a criterio del Ejecutivo da lugar a que se modifique la sanción; no es un perdón, pero tampoco significa reconocimiento de su inocencia''.

Cortez precisó que para llegar a este momento fue necesario que se agotaran todos los recursos existentes en el sistema jurídico mexicano; ''el reclamo unánime de la sociedad mexicana e internacional, que se sintieron agraviadas por las violaciones cometidas en contra de los derechos humanos de Rodolfo y Teodoro por parte de los miembros del Ejército Mexicano y del aparato de justicia, así como la opinión del grupo de trabajo de Detenciones Arbitrarias, de la ONU, y el caso recientemente abierto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)''.

El Centro Pro resaltó que ambos ecologistas son inocentes de las imputaciones que arbitrariamente les atribuyeron las autoridades. ''Actualmente, se encuentra sin resolver el amparo presentado ante el segundo tribunal colegiado del vigésimo primer circuito, con sede en Chilpancingo, el cual esperamos que en complemento del acto que celebramos el día de hoy otorgue la justicia reiteradamente negada a los campesinos, declarando que las autoridades que intervinieron en el caso violaron las garantías constitucionales y los derechos humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros tratados internacionales.''

Cortez destacó que Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera permanecieron privados de su libertad durante dos años y cinco meses, como consecuencia de la detención arbitraria, incomunicación, retención inconstitucional, tortura, violaciones al debido proceso y a la protección judicial, siendo objeto de prisión preventiva excesivamente prolongada.

Recordó la opinión que emitió el 14 de septiembre pasado el grupo de trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, la número 18 /2001. Estableció que ''el grupo de trabajo determina que hay bases razonables y suficientes para concluir que la detención de Montiel y Cabrera fue ordenada en flagrante violación del artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 7 y 14 (g) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 15 de la Convención contra la Tortura, de los cuales México es parte. El grupo de trabajo considera que estas violaciones son de tal gravedad como para conferir el carácter de arbitrario a la detención, cayendo en la categoría III de los principios aplicables en la consideración de casos sometidos al mencionado organismo''.

Además, subrayó Cortez, esa instancia de la ONU llamó ''a que consecuentemente con la decisión del grupo de trabajo que declara la detención como arbitraria, solicita al gobierno de México tomar las medidas necesarias para poner remedio a la situación, de conformidad con las disposiciones y principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el artículo 15 de la Convención contra la Tortura, en particular tomando medidas para sancionar a los autores de las violaciones y para la liberación de estas dos personas suspendiendo los procedimientos en su contra''.

El Centro Pro subrayó que ''ni Rodolfo ni Teodoro son delincuentes enfermos''. Sus condiciones de salud se encuentran deterioradas como consecuencia de los actos de tortura que se cometieron en su contra, y un acto de justicia al respecto será la debida reparación del daño y la identificación y sanción irrestricta de los responsables''.

Asimismo, dijo Cortez, esperan que a la brevedad el Estado mexicano dé las siguientes señales de justicia: ''Solución favorable al amparo absolviéndoles de toda responsabilidad; identificación y sanción de los responsables de los hechos violentos; reparación integral del daño y adopción de medidas de no repetición, como la garantía de que la jurisdicción militar no volverá a ser aplicada cuando se trata de violaciones a derechos humanos''.

Esto, apuntó, será un indicador de una verdadera transición a la democracia y a la vigencia del estado de derecho.