JUEVES Ť 8 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť El ex procurador habría participado en un desvío de 7 millones de pesos
Importantes ex funcionarios de Chiapas, involucrados en indagatoria a Montoya Liévano
ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL
Tuxtla Gutierrez, Chis., 7 de noviembre. Importantes funcionarios del ex gobernador Roberto Albores Guillén están implicados en una de las investigaciones que se iniciaron contra el ex procurador Eduardo Montoya Liévano, detenido el martes pasado acusado de peculado y asociación delictuosa.
En más de 60 fojas -que este día se le leyeron a Montoya Liévano en el juzgado tercero del ramo penal- se detalló un desvío de más de 7 millones de pesos que se habrían embolsado el ex procurador y algunos de sus colaboradores.
En el expediente penal 428/2001, derivado de una auditoría que ordenó la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, José Luis Coutiño López, ex secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, acusó a los ex secretarios de Gobierno y de Hacienda, Alfonso Utrilla Gómez y Giovanni Centeno Mijangos, respectivamente, de ser cómplices en el mal uso del Fondo Federal de Seguridad Pública.
Coutiño López -quien dejó el cargo seis meses antes de que terminara la pasada administración- explicó que el Consejo de Seguridad, órgano que presidió Albores Guillén, autorizó el desvío de recursos destinados a agentes del Ministerio Público y peritos de la procuraduría estatal.
"Cuando lo fui a ver a su despacho para informarle que los recursos del Fondo de Seguridad no eran para su bolsillo y el de sus allegados, él (Eduardo Montoya) me dijo que dejara de oponerme porque él como procurador percibía poco salario. Yo le contesté que siquiera no encabezara la lista de beneficiarios", declaró en su momento José Luis Coutiño.
En el mismo expediente penal, Coutiño declaró que fue a ver al entonces secretario de Gobierno, Utrilla Gómez, para notificarle las irregularidades. "Me contestó que apoyara a la procuraduría y dejara los pagos como estaban", agregó.
Entre los miembros del Consejo de Seguridad que apoyaron el peculado del que hoy se acusa a Montoya Liévano estarían el ex secretario de Hacienda Giovanni Centeno, quien autorizó a la procuraduría una ampliación a su presupuesto de 4 millones de pesos y otros 20 millones como recursos extraordinarios.
Dentro del personal de la procuraduría beneficiado con esos recursos estaría el ex subprocurador general Florencio Madariaga, quien relevó a Coutiño López en la titularidad del Consejo de Seguridad, y el ex jefe de procedimientos jurídicos y normativos, Víctor Hugo Lescieur Talavera.
Por su parte, Montoya Liévano declaró que fue por "una mala interpretación de la normatividad" que él y algunos de sus colaboradores fueron beneficiarios de los fondos ahora reclamados. Dijo que recibió "los recursos durante 1998 y 1999, pero cuando fui enterado que esto no era posible personalmente me entrevisté con el gobernador Roberto Albores para ver la forma de reintegrar los fondos", acción que nunca efectuó.
Acerca del cementerio clandestino localizado en 1998 en el rancho Yoreme y el homicidio del comandante de la Policía Judicial Ralphs Henzen -hechos de los que se desprende otra investigación contra el ex procurador- sostuvo que en su momento investigó al respecto en conjunción con la PGR.
Sobre grabaciones que lo inculpan de proteger a escuadrones de la muerte o guardias blancas que asesinaron a 20 personas inhumadas en Yoreme, dijo Montoya: "Se está malinterpretando; yo mismo solicité que se interceptaran mis llamadas para localizar a las personas que me estaban amenazando".
Los abogados del ex procurador solicitaron la ampliación del término constitucional para definir su situación jurídica ante el juez, y careos con personas que lo involucran en ilícitos.
En entrevista, Montoya Liévano dijo temer por su vida en el interior del penal de Cerro Hueco, donde se encuentra recluido desde el martes.
Sin embargo, agregó que no desea ser trasladado a otro lugar.
A su vez, el actual procurador Mariano Herrán dio a conocer esta mañana que solicitó la colaboración de la Procuraduría General de la República para investigar al escuadrón de la muerte que enterró a sus víctimas en Yoreme.
No descartó que en el lugar hubiera más osamentas y por ello peritos a su cargo se trasladarán al lugar. Añadió que Werclaín Ramos, ex director de la Policía Sectorial ahora prófugo, también está involucrado en este caso.