Ť Hoy se resolverá la impugnación del Ejecutivo federal
La Corte declarará constitucional la ley educativa del Distrito Federal
JESUS ARANDA
El pleno de la Suprema Corte decla- rará hoy la constitucionalidad de la Ley de Educación del Distrito Federal, que fue impugnada por el Ejecutivo federal. Trascendió lo anterior en el máximo tribunal del país, en donde se anunció que este jueves se realizará la sesión pública en la que se resolverá este asunto.
Asimismo se adelantó que se espera una votación dividida no sólo en cuanto al dictamen sobre la legalidad de la reforma educativa en la capital del país, sino también en cuanto a la gran mayoría de los artículos impugnados por el Ejecutivo federal por medio de la Secretaría de Educación Pública.
Pese al hermetismo que hay sobre el tema, fuentes de la Corte confirmaron que en el pleno privado, realizado ayer, la mayoría de los ministros apoyó, en términos generales, la legalidad de dicha norma y que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sí tiene facultades para legislar en materia de educación.
Aunque altos funcionarios reconocieron que hay diferencias en el pleno, dieron por un hecho que el dictamen del proyecto que presentará el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano se aprobará hoy.
La ley de educación para la capital de la República fue aprobada por la mayo- ría perredista con el apoyo del Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal durante la pasada administración.
Entre sus puntos esenciales destaca la obligación de las autoridades capitalinas de garantizar la educación obligatoria de nivel preescolar a media superior; asignar cuando menos 8 por ciento del PIB local a la educación, y precisar en la ley la obligación del gobierno local de entregar los libros de texto gratuito para secundaria.
Con este legislación, los asambleístas capitalinos trataron también de resolver el problema que representa que el Distrito Federal sea la única entidad que vive bajo "estado de excepción" en materia educativa, porque en el resto del país se llevó a cabo desde el sexenio de Ernesto Zedillo un proceso de descentralización, en donde cada gobierno estatal se hace cargo de la educación en sus entidades. En la capital de la república, son las autoridades federales las que establecen las políticas generales.
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública impugnó en su demanda vía controversia constitucional, entre otros aspectos, el artículo noveno de la Ley de Educación del Distrito Federal se contrapone al artículo tercero constitucional "en perjuicio de la unidad de la educación nacional".
Asimismo, el entonces secretario de Educación, Miguel Limón Rojas argumentó que la ley de marras, invade el ámbito de competencia del Congreso de la Unión.