JUEVES Ť 8 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Es cuestión de horas, informaron fuentes extraoficiales a La Jornada
Inminente, la liberación de los dos ecologistas presos en Guerrero
Ť Rodolfo Cabrera y Teodoro Montiel están en prisión desde el 2 de mayo de 1999
DE LA REDACCION
Los campesinos ecologistas presos en Guerrero, Rodolfo Cabrera y Teodoro Montiel, serán liberados en las próximas horas, informaron fuentes extraoficiales a La Jornada.
Los ecologistas están recluidos desde el 2 de mayo de 1999 en un penal de Iguala, por su lucha contra los talamontes de la Sierra de Petatlán. Fueron acusados de portar armas y sembrar mariguana. Organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales han demostrado que no existen pruebas de su culpabilidad y que el origen de su aprehensión fueron las movilizaciones que encabezaron en defensa de los bosques de Guerrero.
La vía jurídica mediante la cual serán excarcelados será explicitada próximamente. El 18 de julio pasado, los tribunales de Guerrero ratificaron la sentencia contra los campesinos, ignorando un certificado médico que demostraba que habían sido torturados para que confesaran su supuesta culpabilidad.
Historia de una injusticia
El caso de Cabrera y Montiel captó la atención nuevamente a partir del asesinato de la abogada Digna Ochoa, quien fue su defensora. En días pasados, organismos como Amnistía Internacional señalaron que si el gobierno mexicano realmente quería demostrar su respeto a los derechos humanos, tenía que liberar a los campesinos injustamente encarcelados.
Desde la aprehensión de Cabrera y Montiel, hace dos años y medio, esta historia ha provocado numerosas muestras de solidaridad en México y en el extranjero, y la entrega de reconocimientos a los ambientalistas.
En abril del 2000, Montiel y dos miembros de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán recibieron el Premio Ambiental Goldman. Posteriormente, a él y a Cabrera les otorgaron el premio Méndez Arceo de derechos humanos y la medalla Roque Dalton.
En agosto de 2000, la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió una recomendación al Ejército Mexicano señalando que los campesinos fueron detenidos de manera ilegal y les arrancaron confesiones autoinculpatorias mediante tortura física. Fue la primera vez que la CNDH reconoció de manera oficial la violación de derechos humanos de civiles por parte de militares.
A pesar de las numerosas peticiones para que liberaran a los ecologistas, el gobierno de Ernesto Zedillo no hizo pronunciamiento alguno. Posteriormente, el presidente Vicente Fox manifestó que él estaba a favor de que tuvieran un proceso justo, y secretarios de Estado como Víctor Lichtinger, de Medio Ambiente, pidieron su excarcelación.
La persecución contra los campesinos comenzó en 1998. En esos días, efectivos del Ejército Mexicano incursionaron en la sierra de Petatlán y establecieron campamentos en por lo menos cuatro parajes desde los cuales realizaban patrullajes en toda la región, preguntando por los integrantes de la organización, a quienes entonces pretendían vincular con grupos guerrilleros.
Montiel era dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas, creada en febrero de 1998 para evitar la creciente tala de bosques por parte de la empresa multinacional Boise Cascade (una de las compañías madereras más grandes del mundo, cuyas funciones habían sido limitadas en Estados Unidos y Canadá), en contubernio con caciques locales, como Bernardino Bautista Valle, miembro y ex dirigente de la Unión de Ejidos Rubén Figueroa.
En mayo de 2000, la escritora Elena Poniatowska reseñó que ante la tala inmoderada y la nula respuesta de las autoridades gubernamentales, la organización de campesinos ecologistas realizó numerosas movilizaciones para detener el transporte de madera a los aserraderos. Con esto se logró que la empresa saliera del estado de Guerrero.
El 2 de mayo de 1999, un comando del 40 Batallón de Infantería del Ejército irrumpió a tiros en el pueblo de Pizotla, Guerrero, y detuvo a Montiel y a Cabrera, a éste frente a su esposa Ubalda Cortés e hijos.
Los dos permanecieron en poder de los militares cinco días: dos en el puesto de mando improvisado en la comunidad de Pizotla, y tres en el cuartel del 40 Batallón de Infantería de Ciudad Altamirano, donde fueron continuamente torturados.
Un año después, el juez quinto de distrito, con sede en Iguala, dictó sentencia contra los dos ambientalistas. Cabrera fue condenado a 10 años de prisión y Montiel a 6 años y 8 meses.
La defensa apeló contra esa resolución, pero tribunales de Guerrero desecharon en dos ocasiones las pruebas que demostraban que los campesinos confesaron bajo tortura, entre las que estaba un certificado médico expedido por la organización internacional Médicos por los Derechos Humanos, de Dinamarca, que fue avalada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Apoyo nacional y extranjero
La situación de los ecologistas generó un sinnúmero de protestas de organizaciones defensoras de derechos humanos. En septiembre de 2000, Amnistía Internacional advirtió que las vidas de los ambientalistas estaban en peligro, a raíz de que se denunció que autoridades del penal habían ordenado aplicar represalias.
El año pasado, Hillary Clinton, esposa del entonces presidente de Estados Unidos, envió una carta al director ejecutivo de Sierra Club, en la que expresaba su preocupación por este caso. Meses antes se había entrevistado con la esposa de Montiel.
La Conferencia del Milenio de los Pueblos Indígenas, que se realizó en Panamá hace seis meses, envió una carta al gobierno mexicano en apoyo a la libertad de los campesinos presos, y también respaldaron esa postura organismos como el Servicio Internacional de Derechos Humanos y personajes como el ex presidente de la Unión Soviética, Mijail Gorvachov, y la defensora de derechos humanos estadunidense Ethel Kennedy.
En México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez asumió la defensa de los ambientalistas, y Greenpeace, grupos ecologistas y campesinas apoyaron esa causa.