miercoles Ť 7 Ť noviembre Ť 2001
Magdalena Gómez
Estado y organismos de derechos humanos
La mesa instalada en la Secretaría de Gobernación con los organismos no gubernamentales de derechos humanos, a raíz del ominoso asesinato de Digna Ochoa, obliga a éstos a no bajar la guardia sobre los riesgos que entraña para su autonomía una relación con los representantes del Estado, quien es responsable de garantizar la vigencia de los derechos humanos y a la vez ha sido su principal violador, sin que se den condiciones para deslindar responsabilidades y castigar a los culpables.
Así ha ocurrido en todos los casos emblemáticos, que aún esperan justicia: la matanza del 2 de octubre de 1968, las de Aguas Blancas, Los Charcos, Acteal. Y ahora el esclarecimiento del crimen de la abogada Ochoa pasa por la revisión de la actuación oficial desde que se presentaron las sucesivas amenazas.
Precisamente por esa relación intrínseca con la misión de estos organismos se entiende la necesaria interlocución con instancias oficiales. Sin embargo, la relación no sólo debe ser autónoma, sino también parecerlo. Por ello resulta delicado deslizar en este momento asuntos que atañen a los procesos de estos organismos en la lucha por su reconocimiento jurídico. Si bien son legítimos, no parece oportuno demandar y obtener promesas respecto a situaciones que podríamos llamar "gremiales" como la relativa a su estatus como entidades de interés público que les permitan obtener recursos públicos y privados, según fue señalado en la sesión de instalación de la referida mesa.
Ciertamente estos organismos ya han transitado por otros espacios de concertación oficial y, a decir de los ellos mismos, con escasos resultados, como el de la comisión intersecretarial en Relaciones Exteriores, razón de más para mantener informada a la opinión pública sobre los avances o retrocesos en Bucareli y para cuidar al extremo sus contenidos.
La agenda de esta mesa no puede ser otra que la delineada por Edgar Cortez ante el Presidente de la República el pasado 25 de octubre. En primer lugar, el compromiso con el esclarecimiento del asesinato de Digna Ochoa, se retome la reforma del Estado y que ésta incluya la agenda íntegra de derechos humanos y la participación en la misma de estos grupos, y que se definan medidas de protección para los defensores de derechos humanos.
Este último asunto cobra rango de especial urgencia ante la nueva amenaza, ahora a cinco defensores de derechos humanos, incluido el propio director del prestigiado Centro Pro de Derechos Humanos. El tono procaz de la misma no debería llamar a desestimar su investigación como sucedió con Digna Ochoa. Tampoco deberán omitirse "las medidas cautelares" aplicadas por la sociedad civil para garantizar que continúe su trabajo cotidiano.
Para el gobierno foxista la interlocución con estos organismos es una oportunidad para asumir en serio que su concepto de transición implica la reforma del Estado y ésta la dimensión de los derechos humanos. Para ello habrá que decidirse a abrir la gaveta del pasado, porque no basta con crear espacios de atención internacional en esta materia, si no se corresponden con una sólida política interior.
El rechazo a que se le llame "asesino" a este gobierno debería traducirse en acciones contundentes que eviten el asesinato de defensores de derechos humanos. Mientras tanto, el presidente Fox viajará acompañado del inacabado proceso de paz en Chiapas, el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés y el crimen de Digna Ochoa. Y de eso, no hay regaños a la prensa ni astucias cancilleriles que lo salven.