MIERCOLES Ť 7 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Retira la mesa directiva reclamo interpuesto contra recursos de 297 municipios
A más tardar en febrero, fallo de la Corte sobre la reforma indígena, tras desistimiento del Senado
JESUS ARANDA Y VICTOR BALLINAS
La mesa directiva del Senado de la República allanó el camino para que la controversia constitucional sobre las reformas en materia indígena sea resuelta por la Suprema Corte a más tardar en febrero próximo. Ello después de que esta Cámara se desistió del recurso de reclamación que había interpuesto en contra de 297 municipios, los cuales argumentan que los congresos de los estados violaron la Constitución al aprobar por mayoría simple dichas modificaciones, y no por mayoría calificada.
El pasado 24 de octubre, el panista Diego Fernández de Cevallos y Sara Isabel Castellanos Cortés, presidente y secretaria de la mesa directiva del Senado de la República, enviaron a la Suprema Corte un escrito en que le piden recibir la solicitud de desestimiento, y "declarar sin materia el recurso de reclamación promovido por el propio Senado".
Enrique Jackson, antecesor de Fernández de Cevallos, había interpuesto en agosto pasado un recurso con el que solicitaba a la Corte "absolver" a la Cámara alta "de las infundadas acciones en su contra", es decir, que la Corte resolviera improcedente la controversia constitucional presentada por 297 municipios de Oaxaca, Puebla y Guerrero en contra de la modificaciones constitucionales en materia indígena.
Por cuestiones de procedimiento, explicaron fuentes de la Corte, el retiro del recurso por parte del Senado dejará a los ministros en condiciones de resolver, a más tardar en febrero, las controversias que cuestionan la legalidad de la reforma indígena, explicaron.
El desistimiento fue aceptado por un acuerdo del presidente de la Corte, ministro Genaro Góngora Pimentel, y se notificó a los municipios el pasado 30 de octubre.
Para dar una idea del alcance que pudo haber tenido el recurso de reclamación, baste recordar que el propio Senado había impugnado inicialmente también dos aspectos en los cuales los ministros les dieron la razón.
Primero, que la controversia presentada por el gobierno de Oaxaca era improcedente, porque se interpuso ante la Corte antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y segundo, que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no debía ser considerada como parte en las controversias constitucionales, porque dicho órgano legislativo labora cuando están en receso las cámaras de Diputados y Senadores.
En ambos casos, los ministros le dieron la razón al Senado y determinaron que la controversia presentada por el gobierno de Oaxaca -que por cierto fue la primera que se interpuso ante la Corte- era improcedente. Después, el órgano jurídico confirmó que la Comisión Permanente no formaba parte del juicio.
Amplían reclamo ante la OIT
Por otra parte, el Sindicato Nacional de Académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), delegación II, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Radio Educación, investigadores del Ciesas y miembros del Sutciesas, así como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro presentaron ayer ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una ampliación de la reclamación en contra del Estado mexicano por violación al convenio 169 de este organismo sobre poblaciones indígenas y tribales.
En la ampliación de su reclamo -la presentación fue el 20 de agosto de este año- solicitan que la OIT dictamine si "el Estado mexicano violó o no los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en la tramitación y contenido de la reforma constitucional indígena".
Los dirigentes sindicales, académicos e investigadores dieron a conocer que documentaron en su denuncia que "en las distintas fases del proceso de la reforma constitucional indígena, la violación al derecho de consulta previa a las comunidades indígenas fue evidente y contundente".
También manifestaron a la OIT su preocupación por el hecho de que el gobierno mexicano incumplió en muchos puntos el convenio 169.
"Como profesionales en el estudio de los pueblos indios mexicanos, estamos en permanente contacto con su realidad y tenemos información que demuestra palpablemente que los esfuerzos realizados por las instancias de gobierno en sus distintos niveles para poner en práctica los compromisos adquiridos a favor de los pueblos indios han sido muy escasos, aislados y completamente desarticulados", concluyeron.