MIERCOLES Ť 7 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Tercer foro sobre iniciativa de acceso a la información
Transparentar gasto oficial en publicidad, reclamo de medios
Ť Pide la IP a Hacienda dejar de operar en favor de banqueros
ALONSO URRUTIA ENVIADO
Veracruz, Ver., 6 de noviembre. Ante las demandas de directivos de medios de comunicación sobre mayor transparencia en el gasto gubernamental destinado a la publicidad, el subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, José Luis Durán Reveles, sostuvo que hasta el mes de septiembre el Ejecutivo federal sólo ha ejercido mil millones de los 3 mil 500 que le autorizó el Congreso de la Unión por este concepto.
Durán Reveles dijo que el gobierno no ha erogado 12 mil millones de pesos en publicitar las acciones oficiales como se ha difundido, toda vez que tiene una partida presupuestal asignada que no puede violentar. Comentó que en esos mil millones de pesos se incluyen los gastos derivados por la publicación del Diario Oficial así como los costos que tiene para el Ejecutivo la emisión de pasaportes y documentos públicos que están incluidos dentro del rubro de comunicación social.
El tercer foro de la Consulta Nacional sobre la Transparencia y Acceso a la Información transcurrió entre demandas de medios de comunicación para impedir que los recursos publicitarios se utilicen para subsidiar medios afines al gobierno.
Incuyó además el reclamo empresarial para que la Secretaría de Hacienda deje de operar a favor de los banqueros, avalando el uso ilegal de la información confidencial a través del Buró de Crédito y la exigencia de que la apertura informativa abarque estados y municipios.
En este marco, el subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de
Gobernación fue claro en los tiempos de entrada en vigor de esta ley que pretenden sea aprobada este año: su aplicación será gradual en función del volumen de información que manejen las dependencias y con el objeto de que puedan sistematizar la información. Comentó que Hacienda
o Pemex manejan un cúmulo de archivos que sería difícil operar de inmediato.
Durante su participación, el gobernador del estado, Miguel Alemán, destacó
la importancia de establecer la obligatoriedad gubernamental de transparentar su desempeño y rendir cuentas a la sociedad, razón por la cual, adelantó, una vez que sea aprobada la ley federal de acceso a la
información, el gobierno de Veracruz promoverá una legislación similar con efectos estatales y municipales.
De nueva cuenta salieron a la luz las diferentes posiciones en torno al responsable de garantizar el derecho de acceso a la información. Hubo quien reivindicó esta facultad para la Secodam; otros que pugnaron por un organismo autónomo y quienes se manifestaron porque sea el Poder Judicial el garante del cumplimiento de este derecho que, según definió el rector de la Universidad Anáhuac, Alejandro Amagorrutia, es un derecho social que no puede ser reducido al campo de las garantías individuales.
La participación de representantes de medios de comunicación se centró en
transparentar las relaciones medios de comunicación-gobierno. Sonia García,
directora del Diario de Xalapa, reclamó una ley que garantice una transparencia amplia: los tres poderes del gobierno federal; los estados y municipios; todos los organismos públicos autónomos, partidos y organizaciones no gubernamentales que reciban recursos públicos.
Fue más allá: los medios también deben rendir cuentas porque ejercen recursos públicos a través de la publicidad. Ello obligaría a la transparencia en la relación con el gobierno pues "aún no sé cómo hay medios que sobreviven con la publicidad gubernamental, sin anuncios de la iniciativa privada y el regalo de los ejemplares".
Aunque no estaba considerado un debate, Durán reviró de inmediato: el gasto de comunicación federal es de tres mil 500 millones de pesos -que incluye el
Diario Oficial, la emisión de documentos oficiales (pasaportes, registro civil), monto aprobado por el Congreso de la Unión. Precisó que a septiembre, sólo se habían ejercido mil millones.
El reclamo de los medios no se redujo sólo a la publicidad. Elfego Rivero, de Radio Comunitaria XEYP, aludiendo a la reglamentación del derecho a la información, cuestionó que aún no se le "haya encontrado la cuadratura al círculo".
Expresó su malestar "por el largo debate que abarca ya cuatro sexenios y la información oficial no se transparenta". Citó los casos a nivel municipal, donde la impunidad en el ejercicio del gasto supera la imaginación "pues los alcaldes ven las presidencias municipales como su changarro propio y al DIF como su caja chica".
Rechazo a una reforma "gatopardista"
El director del diario AZ, Oscar Rodríguez, dijo otorgar el beneficio de la
duda al nuevo gobierno, esperando que no aliente una reforma "gatopardista", particularmente en una ley que puede catalizar la transición democrática en momentos en que aún hay riesgos de regresiones
autoritarias.
Al demandar una apertura amplia de la información oficial, Rodríguez pidió
que el problema de la infraestructura que requiere el gobierno para sistematizar su información no sea un pretexto para postergar su entrada en vigor en este sexenio.
Por su parte, Carlos Arce, de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, de
la Secretaría de Economía, dijo que el gobierno no tiene "ases" bajo la manga ni "gato encerrado" para legitimar una iniciativa previamente elaborada por el gobierno.
Francisco Berlín Valenzuela, subsecretario de Asuntos Jurídicos del gobierno veracruzano, sostuvo que el reto mayor es lograr un equilibrio entre el derecho a recibir información y salvaguardar la vida privada. El uso, abuso o mal uso puede conculcar los derechos del individuo: el gobierno tendrá la obligación de garantizar el acceso a la información pero, al mismo tiempo, no arriesgar a las personas.
A su vez, Rafael Messeger, dirigente de Canacintra, demandó que se prohíba el
funcionamiento del Buró de Crédito que operan los banqueros y empresas que conceden préstamos, pues hay un uso abusivo de la información confidencial de las finanzas personales o de una compañía en beneficio de un sector, y lamentó que sea la SHCP quien obligue a los bancos a utilizar este Buró de Crédito que es abiertamente ilegal.