MIERCOLES Ť 7 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť El miedo al terrorismo, terreno fértil en EU para establecer controles indiscriminados

Sacrificarían libertad por seguridad muchos defensores de derechos civiles

Ť Se niega Washington a informar cuántas de las mil 180 personas arrestadas continúan detenidas

Ť Analizan establecer cortes militares con poder de imponer sentencias de muerte sin apelación

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington y nueva york, 6 de noviembre. Orwell se equivocó. No fue 1984, sino 2001.

Un comandante de la Guardia Costera propuso que en este país sea obligatorio portar una credencial nacional de identidad con una foto electrónica cuyo ojo sería es-caneado cada vez que una persona ingresa o sale de un edificio público, se suba al metro u otro ti-po de transporte público o se deba presentar a cualquier oficial que pida identificación.

Mientras se multiplican los lu-gares donde se detecta ántrax en este país, y se incrementan los te-mores de nuevos ataques con ar-mas biológicas, químicas y hasta nucleares, la gente ya no descarta nuevas medidas de seguridad que solamente hace dos meses hubieran rechazado al calificarlas de violatorias de sus derechos y li-bertades civiles.

Hace poco un legislador federal liberal sugirió que la tortura po-dría ser necesaria "en algunas circunstancias" para controlar y de-tectar el terrorismo.

Una defensora de derechos hu-manos dijo que estaría dispuesta a aceptar la necesidad de extensas intervenciones telefónicas sin au-torización de las cortes si esto "ayudara a encontrar a los terroristas", y un analista político liberal sugirió que la ley marcial de-bería considerarse si continúan los ataques terroristas.

Continúan los procesos secretos

Funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia se niegan a informar cuántas de las mil 180 personas arrestadas desde el 11 de septiembre siguen detenidas.

El vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, informó el lunes pasado que la mayoría de los arrestados han sido liberados, pero horas después un vocero del Departamento de Justicia afirmó al diario The Washington Post que los co-mentarios de la Casa Blanca "no eran todo el cuadro".

La mayoría de la gente continúa detenida, señaló por su parte la vocera del Departamento de Justicia, Mindy Tucker.

El respeto de los derechos civiles frecuentemente sufre en tiempos de guerra o ataque violento, y con ello se incrementan los argumentos a favor de más control so-cial por "la crisis" declarada.

El comandante Stephen Flynn, de la Guardia Costera, experto en "defensa de la patria" y profesor en la academia de su rama militar, comentó hace poco en un foro en Washington su sugerencia para que el gobierno estadunidense considere emitir credenciales de identidad "biométricas".

Estas credenciales electrónicas llevarían una fotografía, datos físicos, y una imagen electrónica de la retina ocular, la cual puede ser registrada por máquinas que es-canean el ojo del individuo para confirmar su identidad.

Tal tecnología, dicen los expertos de seguridad, es la más avanzada, y "laspersonas usarían estas credenciales cuando entran y sa-len del metro, cuando ingresan a edificios y en otras ocasiones", comentó Flynn en el foro.

La idea de estas tarjetas ha sido discutida en el Congreso, y se ha hablado de su uso como mecanismo para rastrear y monitorear a inmigrantes no ciudadanos; Flynn señaló que este sistema ayudaría a prevenir el ingreso de personas a Estados Unidos que siguen todavía en el país a pesar de que sus visas han vencido.

Varios aeropiratas del 11 de septiembre ingresaron legalmente y permanecieron en el país después de lo permitido por sus visas.

Para que funcione este sistema, indicó Flynn, se debería identificar a todos, ciudadanos e inmigrantes y, en el caso de los primeros, cada vez que se registrara su identidad con su credencial, esta información sería destruida.

Pero abogados especialistas en derechos civiles cuestionan la confiabilidad de que el gobierno estadunidense destruiría datos que tal vez podrían ser utilizados para monitorear los movimientos de cualquier ciudadano.

Pero estas preocupaciones enfurecen a funcionarios consultados por La Jornada.

"El pueblo estadunidense va a tener que aprender que estamos en guerra, y que la guerra implica sacrificio -declaró un funcionario que participa en esta discusión-. Eso significa que algunas de esas libertades, algunas de conveniencias a que nos hemos acostumbrado, ya no van estar ahí".

La gente sigue asustada

Los periódicos publican a diario mapas de las zonas de Washington donde se ha detectado ántrax, y cada día se vuelve más difícil en-contrar lugares que no estén dentro de los círculos de contaminación en los mapas (tanto las oficinas de La Jornada en esta capital como la casa de uno de estos co-rresponsales están dentro de estos círculos).

Cada día más calles se han cerrado al tránsito y los retenes de revisión policial alrededor del Ca-pitolio cuentan ahora con barreras de concreto sobre las cuales descansan los policías entre las inspecciones de camiones y autobuses que ingresan a esta área.

La Suprema Corte y la mayoría de los edificios del Poder Legislativo fueron reabiertos esta semana a sus trabajadores, aunque mu-chos expresaban preocupación so-bre su sitio de trabajo.

"Si antes no sabían que había ántrax aquí, Ƒpor qué debemos confiar en ellos ahora?", pregunta una asesora legislativa en conversación con estos corresponsales.

Este clima se presta a permitir nuevas medidas de control y policiacas que antes hubieran sido denunciadas como violaciones de derechos civiles.

Cuando la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) filtró la versión de que podría ser necesario emplear la tortura sobre sospechosos detenidos para conseguir información de posibles ataques terroristas en el futuro, varias agrupaciones nacionales de derechos civiles protestaron, y la propia agencia debió indicar que no tenía la intención de violar la Constitución de Estados Unidos.

Pero en el gobierno por lo menos un legislador liberal ha expresado que el uso de la tortura podría ser inevitable. "La tortura en el contexto de guerra es aceptable", declaró en una conversación con un grupo de activistas de derechos humanos.

Tal vez lo más sorprendente no fueron sus palabras, sino el hecho de que el grupo de derechos humanos no lo denunció ante los medios informativos; pero, dijo, el clima ha cambiado.

La disidencia ante esta guerra o la crítica a este gobierno al parecer no es siempre una libertad garantizada. Esta semana una prominente profesional empleada por el Instituto de Paz de Estados Unidos, organismo financiado por el Congreso dedicado al desarrollo de alternativas a las guerras, fue despedida por expresar su oposición a la guerra con Afganistán.

Esta académica, que había trabajado en el instituto durante cinco años, aparentemente se equivocó al suponer que estaba permitido oponerse a la guerra en un organismo dedicado a la paz.

"Hay un mundo antes del 11 de septiembre y un mundo después, y es una realidad a la que nos tenemos que acomodar", explicó un funcionario estadunidense.

En este contexto, este funcionario y otros confirmaron que se están realizando discusiones sobre nuevas medidas que podrían ser necesarias para defender el país ante la amenaza de más ataques.

Estas incluyen la consideración de tribunales militares con facultades para imponer sentencias de muerte no sujetas a apelación, nuevas medidas de vigilancia civil y otras diseñadas para limitar la libertad de tránsito, entre otras.

No es sorprendente que existan estas discusiones entre los oficiales y funcionarios dedicados a la seguridad pública; lo preocupante ahora, según varios involucrados en estas pláticas, es que la comunidad de derechos humanos y los abogados liberales no están expresando su oposición.

"Hace poco un abogado de derechos humanos sugirió que todas las restricciones a la intervención de teléfonos y otras co-municaciones deberían suspenderse para rastrear a potenciales terroristas", dijo un prominente defensor de derechos humanos alarmado al escuchar la sugerencia.

Otro abogado liberal, que hasta muy poco fue director de un centro de análisis progresista, comentó a un amigo que si se realizan dos ataques terroristas más contra este país, apoyaría la imposición de la ley marcial.

"Estados Unidos jamás ha sufrido en su territorio la clase de ataques a los que la gente en Gran Bretaña se ha acostumbrado en la última década", explicó un inmigrante británico que reside en Washington.

"Entonces, cuando están enfrentados con estos ataques, están tan asombrados y preocupados que están dispuestos a tirar sus derechos civiles por la ventana", agregó.