LUNES Ť 5 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Pretenden total libertad para fijar condiciones laborales
Denuncian embate empresarial contra el contrato ley azucarero
Ť Dramática situación de esa industria: comisión legislativa
ELIZABETH VELASCO C.
El contrato ley de los trabajadores azucareros, uno de los últimos siete que existen en igual número de industrias nacionales, está por desaparecer.
Una de las primeras señales sobre la "pulverización" de este marco legal que establece condiciones mínimas en materia de salarios, prestaciones y otros beneficios para cerca de 50 mil trabajadores es la determinación de la autoridad judicial, que ordena a la Secretaría del Trabajo otorgar el registro legal a los sindicatos de los ingenios El Potrero, en abril pasado, y al de San Cristóbal hace unos días.
El argumento de autoridades laborales y empresarios es la "urgente modernización" de este contrato para reducir los costos en los 59 ingenios existentes, a fin de que sea una industria "competitiva" en el marco de la globalización.
Los cambios están dirigidos a reducir, de acuerdo con el tamaño y capacidad de cada ingenio, los salarios y prestaciones, que incluyen fondos de ahorro, de jubilación y viudez, seguro de vida, servicios médicos particulares, viviendas, tiendas sindicales y espacios en centros de recreación, entre ellos hoteles en importantes zonas turísticas.
La reciente expropiación por parte del gobierno federal de 27 de 59 ingenios, el pasado 3 de septiembre, podría marcar la culminación de ese cambio impulsado por los industriales desde hace 13 años, mismo que frenó en su tiempo el líder cetemista Fidel Velázquez, quien alegaba la justificación del contrato ley como una "política social" de Estado.
La atomización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera y Alcoholera de la República Mexicana (SNTIAARM) y la posible desaparición del contrato ley ocurre en momentos en que esa industria pasa por una severa crisis económica.
De acuerdo con datos de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, la industria azucarera, que participa con 0.5 por ciento del producto interno bruto y proporciona el sustento a más de 400 mil familias en 15 estados del país, donde 2.5 millones de mexicanos dependen directamente de la agroindustria de la caña de azúcar, se encuentra en una crisis "que ha adquirido tintes verdaderamente dramáticos".
Con 27 ingenios prácticamente en quiebra, cuyo débito de 4 mil 500 millones de pesos asume el gobierno federal al expropiarlos; "una drástica caída en el precio del dulce por desajustes suscitados en el mercado interno; el ingreso al país de volúmenes desproporcionados de fructuosa estadunidense; la inexistencia de un sistema financiero suficiente y oportuno; la creciente descapitalización del campo cañero, y para colmo la reticencia de Estados Unidos a acatar lo pactado en el TLC, la industria azucarera se encuentra "en un panorama realmente desalentador", asienta la comisión referida.
El contrato ley de la industria azucarera surgió en 1935, 10 años después de que sus autores, Fidel Velázquez y Blas Chumacero, acordaran con el gobierno en turno su institucionalidad.
Los otros contratos ley que todavía rigen se encuentran en las industrias hulera, de la radio y la televisión y cuatro más en las diferentes ramas del sector textil.
Según Netzahualcóyotl de la Vega, secretario general del Sindicato de la Industria de la Radio y la Televisión (STIRT), dichos contratos "cumplen una importante función en industrias de un ramo, diseminadas en todo el país. Para nosotros obtenerlos significó muchos años de cabildeo, de negociaciones con los empresarios, con la Secretaría del Trabajo y la Presidencia de la República".
Advierte que "hay un embate empresarial en contra de los contratos ley con la finalidad de desaparecerlos o reducirlos a su mínima expresión. Lo que prentenden es la total libertad para fijar las condiciones de trabajo y salariales".
En la disputa por el reacomodo de las fuerzas del SNTAARM y la presión empresarial, 10 mil trabajadores azucareros en activo, que representan la tercera parte de la pantilla laboral, manifiestan ya su deseo de negociar sus condiciones de trabajo con el propietario de cada ingenio no expropiado, e incluso con el propio gobierno, administrador hasta el momento de 27 ingenios. Es el ocaso del contrato ley de la industria azucarera.
Guadalupe Cruz Cruz, promotor del nuevo Sindicato Nacional de Trabajadores de Azúcares y Derivados Chema Martínez, sostiene: "en los hechos el contrato ley azucarero ya no existe, porque el líder nacional del SNTAARM, Enrique Ramos, ya lo entregó, al desaparecer los 11 fideicomisos de vivienda, jubilaciones, clínica, tiendas sindicales y otras prestaciones".
Asegura: "estamos conscientes de que (Ramos) acabó con todo y que el contrato es inoperante, porque ya no toman en cuenta ni al sindicato nacional ni al documento que nació en 1935 y que a lo largo de su vigencia sufrió modificaciones a favor de los trabajadores hasta el periodo de Ramos".
Cruz Cruz explica que el propósito de la nueva organización es "establecer un nuevo convenio laboral por cinco años con cada ingenio -garantizando que no habrá más huelgas para darles seguridad y que puedan resarcir las pérdidas-, a fin de que a los trabajadores nos garanticen aumentos salariales decorosos y prestaciones, como vivienda, jubilaciones y otras que hemos perdido".
Además, negociar con cada ingenio el pago de las jubilaciones de 11 mil trabajadores, que por más de mil millones de pesos dejó pendiente Ramos. Incluso revela que el naciente sindicato Chema Martínez "ya está dando asesoramiento a los trabajadores para avanzar en el establecimiento de ese convenio laboral, ingenio por ingenio, mientras se reconstruye un nuevo sindicato".
La situación en este sector es delicada, según la Coalición de Sindicatos Nacionales Cetemistas de la Industria de la Construcción y de la Refresquera; para ambas es "alarmante la actitud parcial de las autoridades judiciales al ordenar a la STPS el registro legal de sindicatos independientes, sin tomar en cuenta lo que dispone la legislación laboral en materia del contrato ley".
"Es una trampa legal que tiene como fondo desaparecer el contrato ley de la industria azucarera, y con ello el de otras industrias", sostienen en un documento interno enviado a la CTM.