Ť Consensos en discusiones para la reforma de los medios electrónicos
Será desaparecido el Consejo Nacional de Radio y Televisión; lo sustituirá un órgano plural
Ť Hay acuerdo también para reformar la ley federal del ramo e instaurar el derecho de réplica
ALONSO URRUTIA
Polémico e inoperante desde su origen, el Consejo Nacional de Radio y Televisión será desaparecido. En su lugar habrá de crearse un órgano plural cuya integración será preponderantemente ciudadana, pues cinco de sus 13 miembros provendrán de la sociedad civil; cuatro más serán funcionarios gubernamentales y otros cuatro serán representantes de los medios de información.
Tal es uno de los consensos principales en las discusiones de la Mesa para la Reforma Integral de los Medios Electrónicos, si bien aún se debate en torno al carácter jurídico que tendrá: órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobernación o instancia autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Las funciones que cubrirá incluyen: vigilar el cumplimiento de la ley, emitiendo recomendaciones públicas a las dependencias obligadas a atender su observancia; conciliar intereses entre Estado, medios y sociedad, a fin de que las empresas cumplan la función social que les adjudique la ley; contribuir al mejoramiento del nivel moral, social, cultural y artístico.
También cuidará que los contenidos de la programación cumplan con las disposiciones que protegen al auditorio infantil y juvenil; emitir recomendaciones para garantizar el derecho de réplica; alentar la promoción de códigos de ética en los medios; promover el ejercicio del derecho a la información; cuidar que los contenidos de los programas respeten la vida privada y derechos humanos; vigilar que la actividad informativa de los medios sea objetiva, plural y equitativa, abarcando todos los sectores sociales.
El debate que han seguido los grupos de trabajo que analizan la situación de los medios electrónicos perfilan ya otro consenso: no habrá una reforma a la ley Federal de Radio y Televisión -que data de los años sesenta-, sino una nueva iniciativa acorde con el actual entorno político y social, así como al desarrollo tecnológico.
Según el documento final de la Mesa sobre Participación Social y Derechos Ciudadanos, existe otro elemento fundamental que habrá de ser introducido en la nueva legislación y se relaciona con los derechos humanos, a decir de las organizaciones sociales que participan en las discusiones: el derecho de réplica en los medios electrónicos.
Negada históricamente por los concesionarios, la reivindicación planteada por el Grupo de Participación Ciudadana -que agrupa a representantes de organizaciones no gubernamentales y académicos- fue aceptada de manera unánime. Todos los ciudadanos que se sientan agraviados en su honor o consideren haber sido difamados, tendrán derecho a una réplica en el mismo medio de comunicación.
Aunque existe el consenso de plasmar ese derecho en el nuevo marco jurídico, no hay coincidencia en el procedimiento para instrumentarlo: si será en el mismo horario en que se difundió el contenido polémico, si existirá un horario destinado por los medios electrónicos al derecho de réplica o alguna otra modalidad.
Desaparecerán consejo
El Consejo Nacional de Radio y Televisión, organismo creado en la Ley Federal en la materia, nunca llegó a operar. Lo integraban cuatro representantes gubernamentales -secretarías de Gobernación, Educación Pública, Salud y Comunicaciones y Transportes- dos propuestos por los concesionarios y dos más del sindicato de trabajadores de la industria del ramo.
La reticencia de los concesionarios al papel otorgado al CNRT por la ley abortó cualquier intento por hacerlo realidad, el último de ellos, por el secretario de Gobernación, Santiago Creel, quien anunció su reactivación.
El pronunciamiento generó de inmediato una reacción de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) que se opuso a la reactivación, dando paso a la polémica sobre la vigencia de una ley que data de hace 41 años.
Las discusiones al interior de las mesas entre representantes del gobierno, concesionarios, partidos políticos, académicos y organizaciones sociales han comenzado a arrojar consensos.
Las ponderaciones para acordar su desaparición partieron de su inoperancia como organismo, pues el entorno político que le dio origen y dio paso a la incorporación de los sindicatos, dista del actual. Ni política, ni jurídicamente el organismo era viable.
Se acordó sustituirlo con un organismo plural que sea coadyuvante en el cuidado de la aplicación de la nueva ley.
Si bien se buscó que sea ciudadano el mayor peso del nuevo órgano, no prosperó la intención de que fuera completamente ciudadano. Se acordó que la no mayoría gubernamental ni de los concesionarios.
El nuevo órgano tendrá cuatro representantes del gobierno -de las mismas secretarías que el CNRT-, cuatro integrantes designados por los medios de comunicación -dos concesionarios y dos permisionarios- y cinco miembros de la sociedad civil.
La CIRT se inconformó en la distribución de los representantes de los medios de comunicación, pidiendo que tres de ellos provinieran de los concesionarios.
La elección de los cinco representantes ciudadanos la hará la Cáma de Diputados a propuesta del Ejecutivo, que enviará 15 candidaturas -previa convocatoria pública-, de las cuales el Congreso elegirá cinco propietarios y cinco suplentes.
Cuando el Ejecutivo haga la convocatoria pública, deberá tomar en cuenta que tres de los cinco miembros serán ciudadanos y dos académicos. Los requisitos incluyen que ninguno podrá ser miembro de partido político, concesionario, permisionario o accionista de alguna empresa de radio y televisión ni funcionario.
"Este organismo será responsable de coadyuvar en el cuidado del cumplimiento de la ley, emitiendo recomendaciones públicas e interponiendo sus buenos oficios ante controvesias, sin afectar competencias de otros órganos en la materia". Gobernación mantendría su obligación de vigilar el cumplimiento de la ley, aunque en buena medida acataría las recomendaciones giradas por el organismo.