DOMINGO Ť 4 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť Directivos del penal de máxima seguridad afirman que hay en él orden y respeto

Cumple La Palma 10 años, entre acusaciones de tortura sicológica y violación a derechos humanos

Ť Aloja a 526 presos considerados de alta peligrosidad; de narcos a miembros de grupos armados Ť No es un centro terminal, dicen funcionarios; su fin es la readaptación social

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

El penal de máxima seguridad de La Palma cumple este mes diez años. Mientras para sus directivos es "un centro penitenciario de verdadera readaptación social", en el que existen el orden y el respeto, para los familiares de los internos es una cárcel donde se practica la tortura sicológica.

Son dos caras de una misma institución en la que hay 526 presos considerados por el sistema penal mexicano de alta peligrosidad, y de donde, según las cifras oficiales, han obtenido su libertad mil 500 personas en una década.

Sus paredes guardan homicidas como Mario Aburto Martínez; secuestradores como Andrés Caletri o los hermanos Daniel y Aurelio Arizmendi López; miembros de grupos armados como el ERPI o el EPR; narcotraficantes de la talla de Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto o Miguel Félix Gallardo. Todos comparten el inmueble que albergó al hermano de un ex presidente, Raúl Salinas de Gortari.

Sin embargo, según funcionarios federales, en La Palma hay internos que cursan carreras de nivel licenciatura, incluso uno de ellos está a punto de obtener su título en derecho; otros más, como Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, están por concluir la preparatoria.

Oficialmente el 25 de noviembre de 1991 el penal conocido hasta hace unos meses como Almoloya recibió sus primeros internos: Isaac Garay El Alma Negra, integrante de la Liga 23 de Septiembre, y Fernando Villagard Cañedo, quien se fugó en una ocasión de la prisión de Oblatos y quien fue acusado de homicidio y secuestro.

Poco después de esa fecha llegaron Oliverio Chávez Araujo, conocido entonces como El zar de la cocaína; Juan José Esparragoza Moreno El Azul, uno de los más importantes narcotraficantes de lo que hoy se conoce como el cártel de Juárez y quien obtuvo su libertad en 1999.

En entrevista con La Jornada, Celina Oseguera Parra, titular de la Dirección Federal de Prevención y Readaptación Social, y Fidel Alonso Cevallos, actual director de ese centro penitenciario, coincidieron en que La Palma es un lugar donde los internos "no tienen canonjías, y en el cual existe el orden y el respeto sin violentar los derechos humanos".

Familiares de internos que fueron entrevistados mencionan, en contrapartida, que en La Palma las condiciones de reclusión "son infrahumanas; se filma a los internos, se viola la correspondencia, se impide la defensa justa de los procesados, se revisa de manera violatoria de los derechos humanos a las visitas, se castiga a los presos si denuncian anomalías y se les da comida en mal estado".

Oseguera Parra y Fidel Alonso Cevallos aceptaron que lo señalado por los familiares de los internos "pudo haber ocurrido en anteriores administraciones, pero no ahora".

Ambos aseguraron que los alimentos que consumen los reclusos son los mismos que ingieren los empleados y funcionarios del penal. Señalaron que visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) constataron que en La Palma se elaboran 229 dietas especiales para igual número de internos con padecimientos que van desde úlceras gástricas hasta diabetes.

Sin embargo, reconocieron que "efectivamente se presentaron problemas en el área médica, debido a que semanas atrás algunos galenos renunciaron y se contaba con poco personal", situación que en días pasados (18 de octubre) provocó que 154 presos iniciaran una huelga de hambre en demanda de un mejor servicio.

Los funcionarios informaron que hay 13 especialistas en igual número de áreas y 12 médicos generales que atienden las necesidades de los internos. Además se cuenta con servicio de análisis, hospitalización y quirófano. Señalaron que aquellos internos que llegan de otros centros de reclusión con problemas de adicción "reciben terapias" y no sólo medicamentos para combatir sus problemas.

Al referirse a la huelga de hambre -que aún mantienen tres internos-, Celina Oseguera consideró: ''este movimiento se debió a que estamos aplicando la normatividad tal cual, como lo marca el reglamento de los centros federales".

Respecto de las revisiones, indicó que se han puesto en operación nuevos equipos para evitar el contacto entre el personal de custodia y los visitantes, y que mediante éstos se pudo detectar que una mujer intentó pasar 19 gramos de cocaína al interior del penal; "creemos que este hecho desencadenó la huelga de hambre".

En febrero la CNDH emitió una recomendación en la que aludía a acciones que violentaban los derechos de los visitantes y reclusos, los funcionarios aseguran que se han ido cumpliendo las exigencias del organismo; la colocación de los aparatos de revisión forma parte de ello.

Acerca de si se continúa filmando a los internos y si esas imágenes se siguen conservando, como ocurrió con dos videos de los cuales La Jornada informó en exclusiva en diciembre, dijeron que no.

Celina Oseguera aseguró que ese asunto "ya está concluido y se informó de manera oportuna a la CNDH; incluso las dos cámaras que estaban a la vista de los internos en el área de visita familiar fueron retiradas y los videos destruidos".

Aunque admitió que "como centro de alta penalidad sí se tienen cámaras en los espacios donde los internos se reúnen, como son patios, talleres, pasillos de locutorios y de visita familiar, auditorio y los comedores".

Del total de la población que coexiste en La Palma hay 147 procesados, es decir, la mayoría está sentenciada, muchos de ellos con penalidades que van más allá de los 50 años y por la edad que hoy tienen podrían morir en su interior.

Sin embargo, la titular de la Dirección Federal de Prevención y Readaptación Social asegura que no es una prisión terminal, que "se trabaja para readaptarlos" y cuando se considera que los tratamientos han logrado su objetivo son enviados a otras cárceles de menor seguridad.

En La Palma los internos trabajan y estudian. Existen ocho naves industriales en donde elaboran distintos objetos que luego son comercializados y el dinero se deposita en cuentas bancarias que poseen los propios reclusos.

Muchos internos que llegaron a La Palma sin haber concluido estudios de primaria o secundaria ya lo hicieron e ingresaron a la preparatoria. Hay uno que está tramitando su inscripción al nivel licenciatura.

Todos los internos, que están distribuidos en ocho dormitorios, trabajan o estudian cinco días. Sábados y domingos se les da la oportunidad de escoger si se integran a alguna de las actividades programadas, como conciertos y obras de teatro, o asisten a los servicios religiosos.

Celina Oseguera asegura que "hay una gran desinformación acerca de lo que son los centros federales, en particular La Palma, ya que a lo largo de diez años han salido de ella mil 500 personas, hoy se tiene una población de 526 personas, y en los últimos días -finales de octubre- se envió a otros centros penitenciarios de menor seguridad a 15 internos; otros 90 que ya no cubren el perfil para permanecer en la institución están a punto de ser regresados a sus estados de origen".

En La Palma, afirmó, "no hay canonjías, simplemente se ha retomado el espíritu del reglamento y lo hemos aplicado, puedo asegurar que el interno con poder económico tiene lo mismo que los demás, consume lo mismo y tiene los mismos derechos y obligaciones que aquel que no tiene capacidad monetaria''.