Ť Se les vio por última vez en cárceles o instalaciones militares

La CNDH asegura que 250 personas fueron ejecutadas durante la guerra sucia

Ť Reportes oficiales señalan que fueron "muertos en enfrentamiento"

Ť Confirma la existencia de casas de seguridad en varios estados

VICTOR BALLINAS

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseguró que 250 personas de las 531 consideradas como desaparecidas fueron ejecutadas, de acuerdo con las investigaciones de este organismo, en las que se establece que "la última vez que se les vio estuvieron presentes en cárceles municipales o estatales y oficinas federales, incluidas instalaciones militares como el Campo Militar Número Uno, la mayoría de ellos en manos de la Brigada Blanca".

La CNDH sostiene que esas personas fueron reportadas como desaparecidas por sus familiares, y testigos presenciales de las detenciones dieron cuenta de que fueron "secuestradas" en sus casas o en lugares públicos. Esos testimonios se cotejaron con las listas oficiales, en las que se les reporta como "muertos en enfrentamientos". Esto indica que fueron ejecutadas, sostiene el organismo. Se comprueba además la existencia de cárceles clandestinas y casas de seguridad en diferentes estados del país.

De acuerdo con los resultados de la investigación, un alto porcentaje de esas 250 personas estuvo -por última vez, según consta en los archivos- en manos de la Brigada Blanca, dependiente de la Dirección Federal de Seguridad.

Además, el organismo da cuenta en dicho informe que "hay indicios de que en otros 120 casos de desaparecidos ocurrió una situación similar a la de los que sí se tuvieron pruebas, pero "sólo hay indicios, no se pudo tener evidencias, como en los otros 250 casos".

En otras 80 despariciones investigadas "no se tuvo ninguna información adicional a la que proporcionaron los familiares o conocidos de las víctimas". Se trata de "enigmas" para la CNDH, porque no se pudo obtener información. Algunas de las personas desaparecidas fueron encontradas con vida.

El Informe sobre casos histórico de desaparecidos de las décadas de los 70 y 80 que realizó la CNDH se dará a conocer entre el 15 y el 25 de este mes al presidente Vicente Fox Quesada en Los Pinos, y simultáneamente en la CNDH a la opinión pública, como ofreció el presidente de dicho organismo, José Luis Soberanes, en junio pasado.

Los nombres de los "presuntos responsables" de las desapariciones forzadas serán entregados al jefe del Ejecutivo federal en sobre cerrado, para que ordene al procurador general de la República realizar las investigaciones correspondientes, en virtud de que "la CNDH no es Ministerio Público y no puede señalar culpables, pero sí es de su competencia señalar y entregar las evidencias encontradas sobre esos casos", ha señalado en varias ocasiones el ombudsman nacional.

Sin embargo, como resultado de la investigación "haremos un señalamiento de responsabilidades políticas y morales. Lo penal no nos corresponde, por eso se hará una recomendación directa al presidente Vicente Fox para que ordene la investigación y haga un señalamiento político de lo que ocurrió y consta en las evidencias encontradas", dijo a este diario Soberanes Fernández en septiembre, cuando ya habían concluido los trabajos al respecto.

En esa fecha, Soberanes manifestó que "en el país son cientos los casos de desaparecidos y no uno solo. En el periodo de la guerra sucia -decáda de los 70 y principios de los 80- se tuvo el fenómeno de la guerrilla, la lucha contra esos grupos, la creación de la Brigada Blanca, donde personas fueron detenidas arbitrariamente, torturadas y luego desaparecidas.

"Esto -señaló en esa entrevista- es muy diferente a lo que ocurrió en el 68. Son cosas distintas".

Es evidente, señala el informe, que en el país "ocurrieron detenciones ilegales que llevaron a desapariciones de personas y a ejecuciones en varios estados. Uno de ellos, donde se registra el mayor número de casos, es Guerrero, pero no es el único, también existieron en Sinaloa, Chihuahua, Nuevo Léon, Sonora y Distrito Federal, entre otros".

La investigación de la CNDH resalta que el "único informe oficial" sobre desaparecidos que rindió el gobierno federal, a través del entonces procurador general de la República (PGR), Oscar Flores Sánchez, está "plagado de falsedades, mentiras, errores y omisiones, y es indudable que tuvo una intencionalidad política".

Por ejemplo, varias de las víctimas "aparecen en el informe del procurador Flores Sánchez como 'muertos en enfrentamientos', pero en realidad fueron detenidos con vida por elementos del Ejército o cuerpos policiacos, y llevados a instalaciones militares o cárceles incluso clandestinas".

Ejemplos de ello son los casos de "Abundio y Santiago Onofre Campos, a quienes en el informe del procurador Flores Sánchez, de enero de 1979, se señala que murieron en enfrentamiento el 1 de septiembre de 1972"; sin embargo, la primera investigación de la CNDH de 1990-92 resaltó que "su madre, María Campos Iturio viudad de Onofre, manifestó ante el Ministerio Público que sus hijos en efecto estuvieron desaparecidos hasta 1976. Aseguró que sus vástagos fueron detenidos en su domicilo en 1974, que Abundio Onofre Campos volvió por sus propios medios a Atoyac de Alvarez, y le relató el tiempo que estuvo detenido. Actualmente vive en Atoyac y lleva una vida normal".

Por lo que respecta a su hijo Santiago, éste fue detenido por la fuerza pública en 1974, y estuvo dos años y seis meses desaparecido, hasta que fue dejado en libertad, y ahora vive en Atoyac. Agregó que desconoce el paradero de su hijo Juan, a quien "vi detenido en una escuela de Atoyac en 1974, tres meses después de su detención. Esa fue la única vez que volví a saber de él".

De acuerdo con informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fue en los sexenios de los presidentes Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo en los que se concentra el mayor número de desaparecidos: 347 casos denunciados con Echeverría y 156 con López Portillo.

Tan sólo de Guerrero se investigaron más de 300 desapariciones, de las que 154 ocurrieron en 1974; es decir, más de 50 por ciento de los casos ocurrieron en un solo año en ese estado.

Los resultados de la investigación, además de hacerse públicos, serán entregados al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión. Además serán enviados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) -específicamente al Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo internacional-, a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a otros organismos de los que México forma parte.

También se apunta en el informe que a pesar de que hubo denuncias en la PGR y en las procuradurías de los estados, y que organismos internacionales han solicitado informes de casos de desaparecidos, no se tuvo respuesta por parte del gobierno.

Se explica que la investigación de desaparecidos comenzó a principios del año pasado, para lo cual el segundo visitador general de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, se trasaladó al estado de Guerrero para recabar informes de los familiares. Además se realizaron varias reuniones con organizaciones de desaparecidos para que proporcionaran informes.

Incluso se abrió en Acapulco una oficina en la que los investigadores de la CNDH recibían informes de desaparecidos, además que se trasladaron a Atoyac y otras decenas de comunidades donde se tiene conocimiento de detenciones ilegales.

En los primeros meses de este año trabajaron más de una treintena de investigadores de la CNDH sobre los desaparecidos de Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Distrito Federal y otros estados.

Para ello se tuvo acceso a informes de Cisen, PGR, Sedena, Archivo General de la Nación, Bliblioteca de México, Dirección Federal de Seguridad, Direccción de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, testimonios de las familias, reportes médicos, entre otros.

Amnistía Internacional (AI) desde 1978 señaló al gobierno mexicano su preocupación por los casos de desaparecidos, y refirió que a pesar de que se había denunciado a la Brigada Blanca como responsable de tortura, detenciones ilegales y desapariciones, no se investigaba y no se afectaban las actividades de esa unidad.

De nueva cuenta en 1979 este organismo internacional insistió ante el gobierno federal en que se diera información de los 300 casos de desaparecidos, y cuestionó el informe del entonces procurador general de la República, Oscar Flores Sánchez.

En ese año Amnistía Internacional pidió que se nombrara un tribunal investigador independiente para estudiar todas las pruebas disponibles sobre las personas desaparecidas, al tiempo que cuestionó la afirmación de que la tortura "era un hecho limitado y sucedía pocas veces en México".

Para 1980 este organismo envió de nuevo al gobierno mexicano informes sobre desaparecidos. Le señaló que las autoridades "han fracasado" en investigar quejas contra la Brigada Blanca, a la que en denuncias y testimonios hechos llegar a Amnistía Internacional se le responsabiliza de desapariciones y torturas.

La Brigada Blanca, reiteró Amnistía Internacional en 1981 al gobierno mexicano, es citada con fecuencia por los familiares de víctimas de desaparecidos como responsable. Este organismo señaló que se identificaba además a esa fuerza represiva como la IX Brigada del Ejército, con base en el Campo Militar Número Uno.

Año tras año Amnistía Internacional insistió ante el gobierno mexicano en que se le informara sobre las más de 400 denuncias de desaparecidos que existían en el país, de acuerdo con los testimonios que esa organización tiene.

En su última visita a México, el entonces secretario general de AI, Pierre Sané, entregó en marzo pasado al presidente Vicente Fox un memorándum con las preocupaciones de ese organismo sobre las violaciones a derechos humanos en el país, y le refirió que "durante 35 años Amnistía Internacional insistió a los gobiernos en turno sobre informes de desaparecidos y nunca hubo respuesta. Y le solicitó hacer justicia al respecto".

El Quemado, Comunidad de Atoyac, Gro. El 5 de septiembre de 1972 elementos del Ejército Mexicano llegaron a esta comunidad y llamaron a los hombres a concentrarse en la cancha de basquetbol. Una vez formados, "agarraron a 60 y se los llevaron. Los acusaron a todos de pertenecer al grupo de Lucio Cabañas".

Aurelio Morales, campesino de esta localidad, dice en entrevista durante un recorrido que realizó La Jornada: "nos formaron a todos los hombres. Vinieron aquí, después de un enfrentamiento de Lucio Cabañas contra el Ejército en La Laja. Nos acusaron a todos de ser del Partido de los Pobres, y agarraron parejo. Lo mismo se llevaron ancianos que a jovenes y adolescentes".

El Ejército permaneció aquí meses, casi un año. "No dejaba pasar alimentos, la gente sufría, las mujeres los tenían que pasar envueltos en sus faldas o vestidos. Oiga, ¿cuánto puede pasar uno envuelto en las faldas? Pero así sobrevivimos", cuentan familias que todavía hoy viven en esa comunidad, y recuerdan lo padecido.

Morales sostiene: "me golpearon, me torturaron; con esas calentaditas cualquiera se raja y dice lo que ellos quieren que diga uno. Yo sí me rajé y dije que sí era gente de Lucio Cabañas. Es que me pegaron en el estómago, en los testículos y en el corazón. Sentí que me agitaba, como que algo me quemaba la piel.

"Ahí en la cárcel vi cómo sacaron muerto a Ignacio Sánchez. Murió por las torturas".

Al respecto, Filemón Cruz, yerno de Ignacio Sánchez, cuenta a este diario: "se lo llevaron el 5 de septiembre cuando vino el Ejército. A todos nos formaron en la cancha de basquetbol. Para que fuéramos nos dijeron que querían pasar lista de quienes vivíamos aquí, para que pudiéramos entrar y salir del ejido sin problemas. Por eso fuimos.

"Y ahí que nos agarran a todos. Nos acusaron de ser del grupo de Lucio Cabañas. A mí me llevaron preso a Atoyac. Nos trasladaron en helicópteros. Vinieron varios. Y eran muchos soldados que aquí se quedaron mucho tiempo. A mi suegro se lo llevaron para Acapulco. Nos torturaron con toques eléctricos, golpes en el estómago y testículos. Cuando yo llegué al puerto, porque después me pasaron para allá, él ya no estaba... me enteré que había muerto".

Y de su ropero saca una caja de cartón, donde conserva un ejemplar del periódico La Verdad de Guerrero, de fecha 19 de septiembre de 1972. En la portada dice: "Mueren uno a uno los cabañistas. Ignacio Sánchez, el primero".

Junto al encabezado hay una foto de media plana. En el pie de foto se lee: "El cádaver del guerrillero Ignacio Sánchez, que pereció ayer en la cárcel municipal a consecuencia de los golpes y demás torturas que le aplicaron los miembros del Ejército al ser capturado en el pueblo El Quemado".

La esposa de Ignacio Sánchez, presente en la entrevista, guarda silencio. Sólo interviene para señalar: "no lo pude ver. Yo quería ir a verlo, pero tuve miedo. Qué tal si me detienen a mí también, dije. No tenía dinero para traerlo y enterrarlo. Sabrá Dios qué le hicieron..."