SABADO Ť 3 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
 
Ť De la Rúa asegura que no hay más alternativa que el plan económico que ofreció

Advierte el Fondo Monetario que no hará más préstamos a Argentina si no logra déficit cero

Ť Cuestionan analistas que las medidas se encaminen a rescatar empresas endeudadas

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 2 de noviembre. Después de los anuncios de anoche, el presidente Fernando de la Rúa dijo hoy que no existe más alternativa que la que ofreció, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) estudia el paquete, después de advertir ayer que no habría más desembolsos para este país si no se logra el déficit cero y si no hay pactos entre la nación y los gobernadores.

El riesgo país reflejó la incredulidad al aumentar hasta 2 mil 500 puntos, y esta tarde el bloque del Frente País Solidario (Frepaso), que mayoritariamente se apartó de la Alianza gubernamental, anunció que presentará un proyecto para que el Congreso participe plenamente en una restructuración de la deuda.

Las medidas anunciadas anoche, en el marco de una crisis social, que ya está estallando en algunas provincias, tienen el propósito de bajar en 4 mil millones de dólares la deuda, con el lanzamiento de bonos hasta de 7 por ciento anual, y en lo social se menciona un alza de salarios de un 6 por ciento, por la reducción de aportes a las AFJP, lo que muchos sindicatos estiman que es sólo un "anuncio cosmético", especialmente teniendo en cuenta los salarios en negro.
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De hecho esto plantea una sustancial rebaja de las jubilaciones en el futuro. Diputados del Frepaso, que manejan el tema previsional, advirtieron que en realidad se rebaja a algunos sectores de trabajadores para cubrir las necesidades de otros, lo que derivará en serios problemas, e incluso lo calificó de "estafa".

Otra causa de enojo en la población es el hecho de que el mandatario sostuvo que "todos somos responsables de la deuda", como si la mayoría hubiera gozado de los beneficios de los enormes negociados que la dispararon a límites insostenibles. Existen diversas dudas y hay quienes estiman que es la última carta jugada por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, mientras el gobierno trata de cerrar un acuerdo con los gobernadores que se volvieron indignados a sus provincias después de tres semanas de espera y sin recursos. La posibilidad de la extensión del pago en bonos Lecop en todo el país, es rechazada por las mayorías. "Para conseguir la rebaja de tasas, se pondrá la recaudación impositiva como garantía. El objetivo es pagar 4 mil millones menos de intereses en 2002. En Wall Street lo consideran un virtual default", sostiene Página 12.

En cuanto al plan social para poner en marcha el Sistema Integrado de Protección a la Familia, donde figuran subsidios para niños y jóvenes escolarizados de hogares de bajos ingresos y de ancianos sin pensiones, se necesitarían 3 mil 169 millones de dólares para que tenga vigencia plena. Y todo esto podría estar en camino para 2002. Y en tanto ¿qué sucederá, cuando el desempleo se ha disparado a 20 por ciento y los escasos Planes Trabajar, que cubren a una mínima parte de la población considerada excluida, dejarían de funcionar desde ahora? Los análisis indican que no se ha dado seguridad acerca de dónde se sacarían los recursos necesarios y se considera "una vaguedad" que se explique que se sacrificarán "las estructuras burocráticas y el clientelismo político".

Para los analistas uno de los puntos más polémicos lo plantea el rescate del sector privado, ya que se autoriza a las empresas que tienen deudas impositivas y previsionales a incorporar al Estado como socio.

El ministro de Economía acudió a un sistema de capitalización, por el cual los privados pueden saldar sus pasivos con el fisco mediante la entrega de acciones. Igualmente para las compañías que no acepten este mecanismo la alternativa abierta es una amplia moratoria impositiva y previsional para empresas, autónomos, monotributistas. "La otra pata de este plan es que las compañías endeudadas con los bancos pueden entregar títulos públicos que comprarán en el mercado a bajo precio, pero que sería reconocido por las entidades financieras a su valor nominal". Señala un analista que con esto se pretende la recomposición de las empresas asfixiadas por la recesión.

¿Este es un plan de derecha o de izquierda, para los ricos o para los pobres, regresivo o progresista?, se pregunta el analista Julio Nudler (Página 12) "En todo caso la primera reacción que provoca es de alarma y prevención porque el Estado (es decir la sociedad) entrega cosas tangibles a cambio de teóricos beneficios."

Así el fisco aceptará que las empresas le paguen deudas con acciones que emitan, de manera que el Estado se convertirá en socio bobo de numerosas firmas capitalizando deudas, para transferirles eventualmente esos papeles a quienes traigan capitales negros fugados del que podrían reinsertarse en la economía sin explicación alguna". Nudler estima que en realidad se trata de un amplio y complejo rescate de empresas, sin contrapartidas precisas, que incluye la cancelación de casi 10 mil millones de dólares en mora bancaria".

Otro tema es que la garantía que tendrá la deuda pública es nada menos que la recaudación de impuestos, con lo cual se impone otra idea clave del equipo de Cavallo, que es favorecer a los tenedores de bonos y convertirlos en "acreedores privilegiados". Que cobrarán antes que cualquier otro. Los temores a un nuevo fracaso están en todas partes. Para otros analistas se ha "sincerado el default"

El tema de los acuerdos con los gobernadores es serio para el gobierno ya que propios y ajenos son severos críticos del ministro Cavallo, a quien responsabilizan de la falta de entendimiento. Si el Ejecutivo no responde a la contrapropuesta que dejaron, tanto los mandatarios de la Alianza como los justicialistas de la oposición podrían impulsar medidas conjuntas contra los funcionarios que no cumplan con el piso de la coparticipación.

Existe la posibilidad de que se sumen a los diputados de Alternativa para un República de Iguales (ARI), encabezados por Elisa Carrió, que ya presentaron un proyecto de juicio político contra Cavallo.

El ministro contrató como asesor a Jacob Frenkel, en nombre de Merrill Lynch, quien estuvo trabajando en el Banco de Israel. En tanto en Brasil existirían dudas sobre la viabilidad de las medidas.