sabado Ť 3 Ť noviembre Ť 2001

Miguel Concha

Amenazas contra la sociedad

La ejecución de Digna Ochoa y las amenazas de muerte contra otros defensores de los derechos humanos en el país son una amenaza contra toda la sociedad y una prueba de fuego para el actual régimen, pues llevan implícito el mensaje de querer secuestrar la convivencia digna, pacífica, democrática y justa de todos los mexicanos, y ponen gravemente en riesgo los compromisos fundamentales del gobierno. Como cualquier acto de terrorismo, que acude a la notoriedad, a la agresión y al anonimato, en las amenazas se puede leer también la intención de desmovilizar cualquier esfuerzo civil por construir un verdadero estado de derecho, en el que se respeten a cabalidad los derechos humanos de todos y se garantice por fin de manera expedita y eficaz la tan anhelada y postergada justicia.

En el contexto mundial de operaciones bélicas contra el terror, con el fin de hacer la guerra para supuestamente lograr la paz, no pueden menos que recordarnos las operaciones sicológicas, ampliamente ya experimentadas en Chiapas y en otras partes de la República, típicas de los manuales de contrainsurgencia, que hoy pueden consultarse incluso por Internet en las páginas del Pentágono, del ejército estadunidense y de la Sedena. Sólo falta que aparezcan en las pintas o desplegados culpando de los riesgos de ingobernabilidad a aquellos que se afanan por construir verdaderamente un estado de derecho en México, justo, democrático y participativo, como sucedió con el conflicto en Chiapas entre 1994 y 1995. No en balde intelectuales avezados, como Carlos Monsiváis, han pretendido descubrir en el asesinato de Digna la manufactura de grupos paramilitares, y el propio procurador de justicia del DF ha manifestado sus temores de que en él estén implicados grupos de ultraderecha. En tales manuales aparecen, en efecto, con lujo de detalles diversos métodos de represión selectiva, como el rumor, el anónimo, intervención telefónica, intimidación, descalificación pública de los luchadores sociales, su persecución, así como la infiltración de personas desconocidas en las organizaciones, en las conferencias de prensa y en las listas de amenazados, además del lenguaje soez y discriminatorio con el que en general van éstas redactadas. Todo ello destinado a producir en la sociedad efectos sicológicos de desmovilización y miedo, y lamentablemente también a crear un ambiente propicio para la realización impune de la tortura y la muerte selectiva.

Llama la atención que en el último anónimo se haya incluido por primera vez la exigencia de un rescate para perdonar la vida de tan importantes luchadores sociales, como queriendo indicar que se trata también de secuestrar una causa, la más importante de todas, como es la de vivir en libertad, en paz, en democracia y disfrutando de todos nuestros derechos humanos.

Pareciera que en la actualidad el mundo, y lamentablemente también el país, se ha dividido en dos nuevos bandos: los que queremos la paz, la justicia, la democracia, el respeto de la dignidad humana y de los derechos que le corresponden, y los que propugnan y defienden la guerra, sea la de alta intensidad en el Asia Menor, o la de baja intensidad en México, el autoritarismo, la injusticia y la limitación de nuestras garantías más fundamentales. Por ello, hemos de entender esta guerra no únicamente como una amenaza contra los luchadores sociales, sino como una agresión contra nuestra sociedad y contra toda la humanidad. Al fin y al cabo los defensores de los derechos humanos solamente recogen en sus trabajos las aspiraciones más legítimas de sus conciudadanos, y pretenden hacer valer ante las autoridades sus demandas. Por ello es que las afrentas que padecen son inmediatamente sentidas como afrentas contra todos, como una vez más queda claramente demostrado por las reacciones contra la ejecución de Digna y las amenazas contra nuestros compañeros defensores, tanto dentro dentro como fuera del país.

A ellos no les queda más que redoblar su compromiso, denunciando al mismo tiempo ante las autoridades y la opinión pública las intimidaciones de que son objeto, contando para ello con la responsabilidad profesional de los medios, exigiéndole al gobierno que cumpla eficientemente con su principal obligación: garantizar la seguridad de sus ciudadanos y la soberanía de la República. Han de acudir también a los organismos públicos y privados defensores de los derechos humanos en el mundo, y a la solidaridad de todos aquellos que trabajan por las mismas causas. Su seguridad depende en definitiva de que sean abatidos los márgenes de impunidad de los que todavía goza la delincuencia, aunque en lo inmediato se vean en la necesidad de negociar medidas cautelares para preservar su libertad y su integridad física.