SABADO Ť 3 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť Defensores de derechos humanos culpan al Ejército

El abuso de poder, causa de violencia extrema en Guerrero

Ť Documentan casos durante una mesa redonda en la UNAM

ROSA ROJAS

Ante las amenazas de muerte recibidas el pasado jueves 25 de octubre, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Guerrero, Abel Barrera, decidió dejar ''por el momento'' la región. ''Si la amenaza es real o no, y en lo que se investiga, yo necesito garantías y siento que en el estado, así como están las cosas, no hay muchas'', indicó el defensor de los derechos humanos. Precisó que de inmediato se hizo denuncia pública mediante una ''acción urgente'', y se hará la querella formal conjuntamente con la Red Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos.

Barrera fue entrevistado luego de su participación en la mesa redonda La violencia en Guerrero, realizada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la que participaron también Andrés Rubio, del Comité de Derechos Humanos de Ayutla de los Libres, y Renato Ravelo, de la Universidad Autónoma de Guerrero, entre otros.

Los ponentes señalaron que en Guerrero existe una situación de violencia extrema provocada ''por el abuso de poder del propio estado'', en la que juega un papel destacado el Ejército, cuyos miembros han sido acusados de arbitrariedades contra las comunidades, violaciones a los derechos humanos, torturas, violación a mujeres y homicidios, lo mismo que integrantes de corporaciones policiacas como la Judicial; ante ello, se plantearon la necesidad de desmantelar el aparato de justicia militar para llegar al fondo de casos de la magnitud de la masacre de El Charco, y combatir la impunidad de poderes caciquiles y policiacos que han estado detrás de matanzas (Aguas Blancas) y de constantes asesinatos en los que está involucrado también el narcotráfico.

Abel Barrera informó que personas conocidas, de mucha confianza, le informaron de las amenazas que hay contra su vida, quienes a su vez estaban temerosas de que algo pudiera pasarles a ellos, ya que ''fueron advertidos de que si esto trascendía peligraba su seguridad. Yo entiendo que esto se debe al trabajo en defensa de los derechos humanos que hemos realizado hace tiempo'', dijo. Recordó que en noviembre de 1998 recibió varias llamadas telefónicas advirtiéndole que ''deje de apoyar a los delincuentes, que le pare, porque si no me va a cargar la chingada''.

El contexto de esas llamadas, agregó, es que estaba el caso de Magencio Abad Zeferino, ''que era de tortura de parte del Ejército y que logró entrar ante la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos), y que se estaba ventilando en audiencias para ver qué tanto esta denuncia estaba acreditada. Lógicamente que no hay una acreditación fehaciente, porque en la manera como detuvieron a este maestro fue en la noche y eran civiles, pero deducimos eso por el interrogatorio y el tipo de tortura y el patrón de detenciones que se ven en la región''.

Entonces, añade, ''esto se llevó aquí, se sugirió que hubiera una conciliación aquí en México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores; este caso lo vimos en compañía de Digna Ochoa y precisamente el careo fue con miembros de la Procuraduría de Justicia Militar (el procurador castrense era el actual titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha), donde ellos dijeron 'negamos los hechos, nosotros no somos y pruébenlo, hasta que nos lo prueben buscaremos una conciliación'. Entonces ahí fue un careo en el que dijimos: las pruebas que tenemos son las que hemos interpuesto ante la Comisión Interamericana y no somos nosotros los que vamos a probar, es la misma autoridad y el órgano investigador el que tiene que hacerlo''.

Barrera señaló que fue en esas fechas cuando también Magencio recibió amenazas. ''Llegaron dos personas a su pueblo en la madrugada, como a la una de la mañana le tocaron; salio a ver, eran dos personas armadas. Le dijeron: 'Ƒsabes qué? Tu problema se está haciendo muy grande, es mejor que le bajes porque si no te va a pasar algo, y mira lo que aquí traemos (y le enseñaron armas largas). Lo que sugerimos es que te vayas del pueblo y que ya le bajes''. El nos lo comunicó y solicitamos medidas cautelares; como a los 15 días igualmente le dejaron un anónimo diciendo: 'Ƒqué esperas que no te has largado? Corre por tu vida'''.

Barrera mencionó que aunque ''últimamente no son tantos'', sí se siguen casos de derechos humanos ''que hemos ventilado en la CNDH, donde hay violaciones a las comunidades indígenas por parte de miembros del Ejército. Otros casos que se están llevando son de la Policía Judicial, donde hay comandantes acusados que han extorsionado y torturado a otras personas; este caso no ha prosperado ante las autoridades; también el de un juez que violó a una secretaria del distrito de Tlapa, y que tampoco ha prosperado, está parada la denuncia''. Asimismo, hay otras acusaciones contra policías judiciales que estuvieron extorsionando gente en el camino de Cacalutla, municipio de Xochihuehuetlán. ''Eran un comandante, un jefe de grupo y un madrina, a quienes detuvo la gente del pueblo y los entregaron al subprocurador de justicia estatal, pero en lugar de procesarlos los liberaron''.

En la mesa redonda Barrera mencionó que hay una ''violencia incontrolable'' en la sierra, la Costa Grande y la Montaña guerrerenses, relacionada con el narcotráfico. Sólo en 1999, de marzo a mayo hubo 30 homicidios que tuvieron que ver con venganzas, muchas veces por negarse a sembrar estupefacientes.

Dijo que hay ciertos patrones de tipología de violencia organizada que se definen por la lucha antisubversiva, que se ejerce de manera muy selectiva; se opera con listas proporcionadas por vecinos de las comunidades, las agresiones oscilan entre la detención, tortura, encarcelamiento y la eliminación y desaparición física y social. En este caso, se trata sobre todo de maestros y maestras, campesinos, luchadores sociales a los que se detiene, regularmente por la noche; personas vestidas de civil entran a las casas, los sacan, los cubren con algún trapo, los suben a un carro, les vendan los ojos, se les sientan encima. Los llevan a la tortura a Tlapa, a Chilapa o a Chilpancingo para interrogarlos; primero se da la tortura sicológica, exigiéndoles que digan cuáles son sus vínculos con los grupos armados, quiénes transportan armas, quiénes venden parque... luego viene la tortura física: los desnudan, los amarran a una tabla, los mojan, les dan toques eléctricos... Ese patrón se ha repetido en la Montaña desde 1998 hasta la fecha.

Informó también que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 100/97, relativa a 16 casos donde se logró acreditar actos de tortura; la queja se trasladó para que la Procuraduría de Justicia Militar siguiera la investigación, cosa que no se hizo y que además ''tampoco confiamos en que si se es juez y parte se va a hacer una buena indagatoria; en ese momento se encontraba quien ahora es procurador general de la República como procurador de Justicia Militar''.

Reportó también abusos de autoridad como retenes, privación de libre tránsito y libertad, actos intimidatorios en zonas como las costas Grande y Chica, así como en la Montaña. Esto tiene que ver también con la lucha antisubversiva; regularmente los retenes se ponen en lugares donde hay municipios gobernados por la oposición, como Metlatónoc, Malinaltepec y Xochihuehuetlán, y siempre deteniendo a la gente para saber dónde van y qué hacen; con una lista negra los militares corroboran los nombres de las personas y, si aparecen en el listado, se los llevan a Chilpancingo para interrogarlos.

Añadió que también hay hechos de violencia ligados a la lucha electoral, con reivindicaciones autonómicas de los pueblos indios que no aceptan las autoridades, como en el municipio de Rancho Nuevo, y los que tienen que ver con problemas de tenencia de la tierra debido a la incapacidad de las autoridades agrarias para conciliar; y más recientemente, los ligados a la lucha por el suelo urbano, como en la colonia Rodríguez Alcaine, de Acapulco, además de la lucha por la riqueza forestal, ampliamente difundida, en la que han estado involucrados los campesinos ecologistas encarcelados, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, cuya abogada defensora, Digna Ochoa y Plácido, fue asesinada el 19 de octubre.