SABADO Ť 3 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Montoya Liévano supo de jefes policiacos involucrados
Operaban escuadrones de la muerte en gobierno de Albores
Ť Herrán Salvatti asegura que el caso se reabrirá
ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL
Tuxtla Gutierrez, Chis., 2 de noviembre. La existencia de escuadrones de la muerte en la zona costa del estado fue revelada desde 1999 al entonces procurador de Justicia Eduardo Montoya Liévano por parte del propietario de uno de los ranchos de la región, Agustín del Valle, quien en una conversación telefónica -en la que amenazó varias veces al funcionario- reconoció su participación en esos grupos y señaló a jefes policiacos como los principales autores de ejecuciones.
La grabación de la conversación telefónica fue encontrada en casa de Werclaín Ramos Aguilar, quien fungió como director de la Policía Sectorial de la Secretaría de Seguridad Pública en la administración de Roberto Albores y fue señalado como uno de los jefes policiacos involucrados en la conformación de guardias blancas, encargadas "de desaparecer a secuestradores".
Estos casos salieron a la luz pública a raíz de un motín que organizó el pasado 15 de septiembre Werclaín Ramos. Un día después, la Procuraduría de Justicia del estado ordenó catear su domicilio.
A Ramos Aguilar -ahora prófugo- lo mismo se le encontró información sobre la estrategia operacional de los cuerpos de seguridad del estado, que grabaciones de conversaciones entre sus superiores de las administraciones anterior y actual, entre ellos el gobernador Pablo Salazar.
Ello sin contar con que tenía diversas cuentas bancarias y más de 17 casas y ranchos, imposibles de adquirir con su sueldo quincenal de 4 mil 708 pesos como director policiaco.
Uno de los hechos que se aclararon entonces, por lo menos para la opinión pública, fue el caso de un cementerio clandestino localizado accidentalmente a principios de diciembre de 1998 por policías de Seguridad Pública, comandados por Werclaín Ramos. Entre los cadáveres se encontraron los de dos mujeres y tres hombres -que fallecieron aproximadamente dos o tres años antes- que mostraban huellas de haber sido torturados y estaban atados de manos y vendados de los ojos.
Un mes después, el 17 de enero de 1999, el titular de la Procuraduría estatal, Eduardo Montoya Liévano, citó a la prensa para dar a conocer el descubrimiento del cementerio clandestino en el municipio de Mapastepec, en el rancho Yoreme. Explicó que entre 37 y 58 ejecuciones ocurrieron en la zona costa, y culpó de ello, quizá sin conocer la verdadera causa, a "una banda de delincuentes perfectamente organizados".
Por investigar esos hechos, el 12 de diciembre de 1998 había sido asesinado el comandante Ralphs Michel Hinzen Wever, y como presunto responsable del homicidio se detuvo a Alvaro del Valle, de 12 años de edad, quien habría sido violado y torturado por algunos policías.
La llamada
El 18 de junio, Montoya Liévano recibió una llamada telefónica de Agustín del Valle, propietario del rancho Yoreme y padre de Alvaro, misma que quedó grabada en una cinta en poder de Werclaín Ramos, a la que tuvo acceso La Jornada y ahora está en manos de la Procuraduría local.
Según se desprende de la conversación, los "secuestradores" cuyos cadáveres se localizaron seis meses antes fueron torturados y ultimados por civiles y policías judiciales que conformaban escuadrones de la muerte. También se supo que Del Valle prestó su rancho para que los judiciales enterraran a los presuntos delincuentes que iban liquidando.
Del Valle reclama a Montoya Liévano que hayan detenido a su hijo. Considera que ello es una traición de aquellos a quienes ha servido. Incluso, amenaza con liquidar a los "comandantes" si no liberan a su vástago.
En algún momento de la conversación, Del Valle explica cómo se formó el grupo paramilitar de ajusticiamiento de presuntos secuestradores.
-Soy una víctima, porque hablamos primero (con comandantes policiacos): "oye, vamos a agarrar a los secuestradores".
-ƑEn qué año empezó usted a agarrar secuestradores? -preguntó el procurador.
-De tres años para acá. Usted lo sabe bien... En esas fechas había mucho secuestro en nuestra zona. Entonces se trató de eliminar un poco de gente... Usted trae comandantes ahí, de su confianza, que ahora están tratando de agarrarme, de quebrarme la madre.
Agustín del Valle explica que entre los policías judiciales con los que trabajó, y que tendrían vínculos con otras bandas dedicadas al secuestro, se encuentran "Obdulio, Vidal Monje, Benigno Cortés". Y prosigue:
-Su error más grande (le dice al procurador) fue ir a lucirse al sacar a los muertos. ƑPor qué cuando estaban vivos no fue usted? Mire, le voy a comentar algo que usted lo sabe, o no lo quiere entender o no sé cómo van las cosas. Werclaín es una persona que se ha ganado a pulso el lugar donde está, pero a costa de matar puros indígenas. Como dice usted, si vamos a sacar muertos, vamos a sacar muertos. ƑPor qué permite que maten a los inditos de Nicolás Ruiz? Vamos a lo de Acteal, ahí hay otro problema, entiende. Si vamos a sacar muertos, vamos a sacar muertos.
-Yo la forma en que quiero llevar las cosas es de la siguiente manera: derechas. Sí, derechas, si dice usted que tiene gente que me conoce, le van a decir algo, yo no soy traidor. Las cosas derechas, y respecto de ese niño (el hijo de Agustín, preso), las cosas no están bajo mi jurisdicción, pero como procurador puedo mover algunas cosas para que con justicia salga... No lo hago por miedo, que quede muy claro, lo hago porque soy muy derecho, don Agustín... usted se confió de gente que no debió haberse confiado; hay muertos y entienda usted que mi obligación es investigar. Yo nunca supe por qué los mataron, si eran buenos o malos. La sociedad de la costa exige que se esclarezca. No sabíamos hasta dónde nuestra propia policía estaba metida.
-ƑPor qué no lo esclarecemos? Yo le prometo que mañana aparece un bato quebrado la madre...
-Yo lo que quiero es que no haya más muertos, porque va a ocasionar más problemas para mí...
-Si quiere. pruebe usted mañana y verá que le tengo un comanche muerto, aunque sé que le va a llevar la madre a mi familia y que estoy peleando con usted. (...) Yo lo que hice fue un bien a la sociedad de aquí de Chiapas, de la costa, porque usted sabe que ahorita ningún jijo de la chingada se atreve a andar secuestrando. Pregunte usted a qué se dedicaba esa gente (la localizada en Yoreme)... a secuestrar.
-Entonces todos los muertos que están ahí son secuestradores y cabrones... ƑPor qué decidieron que fuera en ese rancho donde los enterraran? -preguntó Montoya Liévano.
-Porque los llevaba la policía. Me pedían favor: "oye, llevamos esto", y órale, de acuerdo con la policía... No hay justicia para nadie. Aquí en la costa uno tiene que hacerse por cuenta propia la justicia, y anda uno quebrándose la madre, y luego llega usted y se para el culo porque lo lleva Werclaín y dice "órale, vamos a hacer eso".
-Entonces el federal que llevó la información también está metido hasta la madre.
-Está metido hasta la madre. Por qué no le dijo que vaya a sacar el resto de otros ranchos que él tiene... porque ahí están metidos otros comandantes. Eso es lo que más me tiene caliente de Werclaín, cómo ir a matar a los inditos, ir a romperles la madre y robarles su cosechita de droguita.
-Entonces, Ƒusted me asegura que el niño (su hijo) no tiene nada que ver?
-El chamaco apenas anda en la escuela, en sus estudios. ƑCómo cree que un niño va a matar a Ralphs (Michel Hinzen Wever, comandante de la Policía Judicial del estado acribillado en Tuxtla Gutiérrez)?
-Oiga (entonces) Ƒquién mató al comandante Ralphs?
-Ahí lo tiene usted... Hasta donde yo lo conocí fue un excelente policía, desgraciadamente se metió a investigar a sus mismos compañeros.
-Entonces los propios policías lo mataron.
-Sí señor.
Agustín del Valle confiesa más adelante haber matado al hermano de un tal Martín Roque, presunto autor intelectual "de quien me hizo esta chingadera. Entre Martín y su hermano eran madrinas, eran los que llegaban a dejarlos (a los muertos de Yoreme), Ƒme entiende?"
Se reabrirá el caso: Herrán Salvatti
A casi tres años de esos hechos, el ahora titular de la Procuraduría de Justicia del estado, Mariano Herrán Salvatti, reconoce: "pareciera ser que era del conocimiento de autoridades superiores de la Procuraduría que existió una especie de guardia blanca (o escuadrón de la muerte), que en coordinación o comunicación con la propia Seguridad Pública se encargaba, según ellos, de ejecutar a secuestradores. Se habla de otros delitos y hasta narcotráfico.
Subraya que esta especie de "vengadores privados" ejecutaban "a los contrarios, no tanto a los que realmente podrían dedicarse a cometer delitos.
Confirma que cuando se efectuó el descubrimiento de los cuerpos en el rancho Yoreme -siendo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud de la Procuraduría General de la República- se le hizo entrega de diversas evidencias que involucraban a Montoya Liévano con la delincuencia organizada.
Pidió entonces al gobernador Roberto Albores Guillén las facilidades para investigar a su procurador. Pese a la respuesta positiva, las puertas de los archivos, material y dependencias ligadas a la investigación en la entidad se le cerraron, por lo que decidió dejar las indagatorias del caso para más adelante.
Actualmente el expediente está "extraviado", por lo que para "reinvestigar a fondo" se está reconstruyendo el proceso. Por el caso de los cuerpos del rancho Yoreme ninguna persona fue detenida; se giró orden de aprehensión contra el dueño del predio, misma que nunca se llevó a efecto.
No se hizo ninguna investigación al interior de la Procuraduría. Al encargado del caso se le ordenó que las indagatorias quedaran como estaban. No se llevó una investigación para ver si había una conexión entre estas guardias blancas o vengadores privados y las autoridades de la propia Procuraduría o alguna otra instancia.
Asegura que este caso se reabrirá, lo que incluso podría derivar en la consignación del ex procurador Montoya Liévano.
Financiamiento a paramilitares
Otra evidencia que refuerza la hipótesis sobre el financiamiento de funcionarios de la anterior administración a grupos de civiles armados se refiere a un recibo por 55 mil pesos localizado en la casa de Werclaín Ramos durante el cateo.
El 5 de diciembre de 2000, tres días antes de que Roberto Albores dejara el gobierno, sus funcionarios ya saldaban cuentas recompensando económicamente a grupos señalados como paramilitares.
Bartolomé Mendoza Hidalgo, José Manuel Espinosa Morales y Mario Hidalgo Hernández, dirigentes del la organización Alianza San Bartolomé de los Llanos -una de las 12 que investiga la Unidad Especializada para el Combate de Grupos de Civiles Armados de la PGR-, acudieron a la Procuraduría estatal.
Según consta en un recibo al que La Jornada tuvo acceso, la Coordinación de Administración y Finanzas de la PGJE les entregó 55 mil pesos "por concepto de apoyo económico".
El recibo encontrado en posesión de Werclaín Ramos se constituye entonces como una evidencia concreta que involucra a autoridades y funcionarios de la anterior administración con los grupos de civiles armados, hechos denunciados por organizaciones no gubernamentales y por los propios afectados, no sólo los de Chenalhó y Venustiano Carranza, sino de los que habitan en la zona norte de la entidad.