SABADO Ť 3 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť La cancillería ofreció entregarlo desde septiembre

Exige el Senado proyecto para ratificar Estatuto de la Corte Penal Internacional

ANDREA BECERRIL

La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República insistirá para que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) haga llegar a esa cámara el proyecto para ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ya que la dependencia se comprometió a remitir la documentación desde el pasado mes de septiembre.

El presidente de esa comisión, Sadot Sánchez Carreño, precisó que en el Senado dictaminan ya los 13 tratados, convenios, acuerdos y protocolos internacionales en materia de derechos humanos, pero falta el referido a la Corte Penal Internacional (CPI), que es uno de los más importantes ya que posibilita el castigar a los responsables de cometer violaciones graves a las garantías individuales.

Por otra parte, en un documento que la cancillería hizo llegar en agosto pasado a las fracciones de PRI, PAN, PRD y Verde Ecologista en el Senado, se precisa que México firmó el Estatuto de la CPI el 7 de septiembre de 2000 -a fines del sexenio zedillista-, pero fue necesario crear un grupo de trabajo en el que participan varias secretarías de Estado, encargado de estudiar las reformas constitucionales necesarias, ya que algunos aspectos del documento "podrían ser incompatibles con la Carta Magna".

En ese escrito, la SRE señaló que se pretendía poner a consideración del Senado el proyecto de ratificación, conjuntamente con las modificaciones constitucionales requeridas, "durante el periodo de sesiones que inicia en septiembre próximo".

Han pasado ya dos meses y al Senado no ha llegado la propuesta de ratificación. La cancillería adelantó a las diversas fracciones que "un tratado de la magnitud del Estatuto de la CPI no tiene precedente a nivel internacional, y por lo tanto no resulta extraño que su instrumentación a nivel interno genere problemas legislativos en la mayor parte de los Estados".

Agrega que de una u otra forma, todos los Estados que han expresado su intención de ratificar el Estatuto han llevado a cabo reformas a su legislación interna, que van desde enmiendas constitucionales hasta promulgación de nuevas leyes.

Sin embargo, la cancillería se mostraba optimista en ese mes de agosto en que envió la documentación, ya que hizo notar que el proceso de ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional "se ha acelerado de tal forma que se espera su entrada en vigor durante el primer semestre de 2002".

Recalcó incluso que hasta el 19 de julio de 2001 un total de 139 países han firmado el Estatuto, y de ellos 37 ya lo ratificaron. Como el resto de esas naciones, "México no puede ni debe quedarse al margen del reconocimiento y apoyo a este tratado y sus objetivos. Por ello, resulta indispensable llevar a término los cambios legislativos necesarios, que le permitan sumarse a la lista de los primeros 60 Estados en ratificarlo, para hacer posible su entrada en vigor".

La ratificación del Estatuto de Roma por parte de México "constituiría una clara muestra de apoyo a la vigencia del derecho y el rechazo a la impunidad de los autores de este tipo de crímenes".

El senador Sánchez Carreño señaló al respecto que pedirán también a la cancillería una explicación de por qué la demora en remitir al Senado la ratificación del Estatuto de la Corte Penal, ya que es necesario un amplio proceso de análisis al interior de comisiones para llevar a cabo las reformas constitucionales necesarias, lo cual resulta difícil en menos de mes y medio que resta a la actual legislatura.

Entre las fracciones hay además preocupación, ya que aunque el gobierno foxista decidió ratificar los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ha impuesto reservas en la mayoría de ellos. Por lo que se refiere a la CPI, en el documento enviado a los legisladores en agosto, Relaciones Exteriores deja claro, por ejemplo, que crímenes como los de Actel no podrían llevarse a la Corte Penal Internacional, ya que no se probó que alguna autoridad participara en el asesinato de los 45 indígenas chiapanecos.