Ť "Protegeré al ejido frente a prepotencia de autoridades"

Burgoa interpondrá amparo contra expropiación en Atenco

Ť Invocaron causa de utilidad pública que no comprobaron

JOSE GALAN

El abogado constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela interpondrá la semana entrante una demanda de amparo a favor de los ejidatarios de San Salvador Atenco, afectados por la expropiación de sus tierras por parte del gobierno federal para construir allí el nuevo aeropuerto internacional metropolitano, con base en que la administración de Vicente Fox no ha podido comprobar la supuesta causa de utilidad pública que fundamenta tal decreto.

En representación de los afectados, el catedrático emérito de la UNAM presentará la demanda respectiva ante un juzgado de distrito competente en materia administrativa, porque, advirtió en conversación con este diario, "buscaré proteger al ejido frente a la prepotencia de las autoridades".

Burgoa Orihuela señaló que todo acto de autoridad que viole la Constitución y que atente contra la justicia "motiva en mí los medios jurídicos para atacarlo".

En el caso del ejido San Salvador Atenco, el jurista considera que se cometió "una grave injusticia" y "una violación patente a la Constitución" a través del decreto expropiatorio del presidente Vicente Fox.

"El decreto contiene el gravísimo error de haber ordenado la expropiación de una extensa área de tierras del ejido, invocando una causa de utilidad pública que no ha comprobado el gobierno federal", añadió.

"En el decreto sólo se establecen afirmaciones gratuitas en el sentido de que se necesita un nuevo aeropuerto, sin indicar ninguna pueba, dictamen pericial o estudio que compruebe esta afirmación", comentó.

Como abogado, como maestro universitario, no puedo pasar por alto esta situación, explicó. Los representantes del ejido de San Salvador Atenco me entrevistaron hace unos días para pedirme mi consejo y mi patrocinio. "Me decidí con todo entusiasmo a defenderlos mediante un juicio de amparo en contra del decreto de la expropiación de sus tierras".

Jurisprudencia de la Corte

Sostuvo, incluso, que en dicho decreto no se da razón o prueba alguna que establezca que el nuevo aeropuerto debe edificarse en las tierras del ejido. "La jurisprudencia de la Suprema Corte ha sostenido que tratándose de alguna expropiación, las autoridades respectivas ?en este caso el Presidente de la República? deben indicar cuáles son los estudios, los peritajes de diversa materia que justifiquen la causa de utilidad pública invocada".

Esta es, insistió el jurista, una obligación que toda acción expropiatoria tiene, y que le imponen los artículos 27 y 16 constitucionales, pues ninguna autoridad puede molestar ni privar a nadie de sus propiedades y derechos sino mediante causa justificada en pruebas, estudios y peritajes.

Añadió que mediante el juicio de amparo las autoridades emisoras del decreto, es decir el presidente Vicente Fox y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, tendrán la obligación de aportar ante el juzgado de distrito que conozca de la demanda todas las pruebas, estudios y dictámenes que establezcan, primero, la necesidad de un nuevo aeropuerto y, segundo, la idoneidad de las tierras del ejido como las indicadas para construir en ellas esa terminal aérea.

Para el abogado, si las autoridades encabezadas por el Ejecutivo no comprueban ante el juez de distrito que la expropiación está justificada "en una auténtica y verdadera causa de utilidad pública, la justicia federal protegerá al ejido, y el amparo que se obtenga entrañará la invalidación, cancelación o insubsistencia del decreto de expropiación". Es decir, será nulificado.

"Mi patrocinio será gratuito. No cobraré nada. Se trata de una labor social y humanitaria que todo abogado y maestro universitario debe realizar", finalizó. "Es uno de los asuntos más importantes en mi larga vida profesional de más de 61 años".