SABADO Ť 3 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Despojará a 13 comunidades de Texcoco, Chimalhuacán y Atenco de sus tierras, indica
Se manifiesta el Congreso Nacional Indígena contra el nuevo aeropuerto
Ť En un comunicado llama a los pueblos y la sociedad a oponerse al proyecto, pues es un acto arbitrario del gobierno Ť Por su carácter autoritario se asemeja al Plan Puebla-Panamá, afirma
ROSA ROJAS
La Comisión de Seguimiento del Congreso Nacional Indígena (CNI) manifestó su rechazo al nuevo aeropuerto en Texcoco, "pues significa un acto del gobierno autoritario y vertical al despojar de sus tierras y territorios primordiales a 13 comunidades indígenas de los municipios de Texcoco, Chimalhuacán y Atenco", en el estado de México.
En un manifiesto público apremió además a todos los pueblos indígenas del país y a la sociedad civil "para que se opongan a este proyecto y para que no detengan la lucha por el reconocimiento constitucional de los derechos de nuestros pueblos en concordancia con los acuerdos de San Andrés". El de Texcoco, indicó, es un proyecto que ''por su carácter autoritario se asemeja al Plan Puebla-Panamá y a las actuales políticas antindígenas del Estado mexicano, cuya expresión es la reforma constitucional del 28 de abril".
El CNI destacó que dicha reforma ''es pieza fundamental en la estrategia del Estado mexicano por implantar las reglas del libre mercado global, sin importarle que en el camino destruya nuestros pueblos y pasen a manos privadas nuestros territorios y recursos naturales", como ocurre con el acuerdo tomado por el gobierno federal para la construcción del nuevo aeropuerto internacional en la zona del ex lago de Texcoco, lo que "representa un atentado no sólo en contra de los pueblos originarios que ancestralmente ahí habitan, sino contra todas las comunidades indígenas mexicanas".
Agregó: "Los diversos decretos de expropiación publicados en el Diario Oficial de la Federación para la construcción del aeropuerto no hacen sino formalizar el despojo de las tierras y los territorios que, bajo el régimen ejidal, corresponden a las comunidades indígenas afectadas, a través del pago de indemnizaciones irrisorias que representan un atraco. Dichos decretos de expropiación de las tierras indígenas localizadas en el ex lago de Texcoco, tramitados y emitidos en contra de la Constitución, la Ley Agraria y los convenios internacionales, arrasan pueblos enteros y roban la tierra a sus propietarios originarios para ponerla en manos de especuladores y empresarios.
''La defensa de la madre tierra, dadora de la vida, y de los recursos naturales que en ella se nacen, es fundamental para la existencia de nuestros pueblos. El proyecto de nuevo aeropuerto implica la destrucción ecológica de una región estratégica en términos ambientales y que, en forma milenaria, ha sido el hogar de grandes civilizaciones humanas. Un nuevo aeropuerto en dicho lugar implicaría la desaparición de numerosos mantos acuíferos, la afectación de los suelos y de la cuenca de todo el valle del Anáhuac, la extinción de diversas especies de flora y fauna que habitan el lugar o lo utilizan en sus migraciones, así como la conurbación definitiva del valle de México, con las previsibles consecuencias ecológicas y sociales para todos los que habitan la región y principalmente para las comunidades indígenas rurales que aún habitan el Anáhuac y que, día con día, observan impotentes la destrucción de sus territorios y recursos naturales.
"En dicho sentido, el acuerdo gubernamental para la construcción del nuevo aeropuerto y todo lo que dicho acuerdo lleva aparejado es un acto más de etnocidio oficial en contra de nuestros pueblos y representa una violación directa al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre todo en lo relativo al derecho consignado a favor de nuestros pueblos para que se les consulte, de manera efectiva y en forma obligada para los gobiernos, en relación con cualquier política o proyecto que pueda afectarles de algún modo. Igualmente dicha disposición gubernamental resulta violatoria de los acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.''