Ť Elabora una norma oficial para el cultivo comercial

Busca Sagarpa legalizar siembra de transgénicos, acusa Greenpeace

Ť Monsanto pretende producir maíz, soya y algodón

ANGELICA ENCISO L.

Greenpeace acusó a la Secretaría de Agricultura de que en lugar de remediar la contaminación de maíz mexicano por genes de variedades transgénicas, pretende legalizar la siembra comercial de esos productos en el país, a través de la emisión de una norma oficial para el cultivo semicomercial y comercial de esos productos.

Informó que desde mayo de este año se trabaja la NOM Fito Ecol 2001, y en el anteproyecto se especifican los requisitos para la importación, la movilización y la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados destinados al uso agrícola, en programas piloto y con fines comerciales.

Héctor Magallón, coordinador de la campaña de consumidores de Greenpeace, dijo que la Sagarpa actúa en favor de la industria agrobiotecnológica y pretende legalizar la siembra de transgénicos en nuestro país, pero es necesario que la sociedad diga si está de acuerdo o no.

Agregó que desde marzo y abril de este año, Monsanto hizo solicitudes para sembrar maíz transgénico, y que la trasnacional pretende que se le autoricen 18 mil 400 hectáreas de soya y algodón genéticamente modificados, y Cinvestav pretende cultivar 64 plantas de plátano.

Por su parte, María Colín, asesora legal de la campaña de ingeniería genética de la organización ambientalista, dijo que el gobierno mexicano no tiene capacidad para vigilar el uso responsable de los transgénicos ni para expedir autorizaciones bajo parámetros de bioseguridad adecuados, y un ejemplo de esto es que para la expedición del certificado para la liberación al ambiente de un transgénico de uso agrícola, la Sagarpa sólo cuenta con dos personas.

Magallón sostuvo que la dependencia excluyó a productores de granos y a consumidores de la discusión sobre la utilización de organismos modificados en nuestro país, a pesar de que es responsable de la contaminación de maíz y no ha hecho nada por resolver ese problema.

Agregó que antes de pensar en la expedición de una norma como esa, que sólo responde a la presión y el interés de empresas agrobiotecnológicas por sembrar comercialmente estos productos, se debe establecer un marco jurídico que incluya políticas nacionales e instrumentos para garantizar la protección de la diversidad biológica y la salud humana.