VIERNES Ť 2 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť La reclamación interpuesta ante el organismo está respaldada por 13 mil firmas
Exige la Red de Defensores Comunitarios a la OIT rechazar las reformas en materia indígena
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
San Cristobal de las Casas, Chis., 1o. de noviembre. La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos entregó en días pasados a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una reclamación en contra de las reformas constitucionales en materia indígena, incorporadas el 14 de agosto. Allí se plantea que la OIT "aplique el Convenio 169, analice las violaciones y determine rechazar las reformas constitucionales por ser contarias a las obligaciones internacionales de México".
En un amplio resumen de su documento, la red informa que la reclamación fue presentada por el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), miembro de la OIT, en nombre de los defensores comunitarios. Ellos alegan que, con la reciente reforma constitucional en materia indígena, nuestro país (miembro de la OIT desde 1931) violó el convenio que firmó desde 1990.
Los defensores comunitarios armaron su reclamación, afirman, "desde las comunidades de Chiapas". El proceso involucró talleres y actos públicos en diferentes regiones indígenas. En respaldo a estas acciones, así como a los acuerdos de San Andrés y la llamada ley Cocopa, se recolectaron 13 mil firmas provenientes de las comunidades que representan los miembros de la red. Estas firmas se adjuntaron a los argumentos jurídicos "para demostrar que el descontento con esta ley es profundo y provienen de los pueblos y las comunidades indígenas mismas", como parte de un "ejercicio de autogestion jurídica".
A juicio de los reclamantes, las reformas aprobadas continúan violaciones ya existentes al Convenio 169, o consolidan violaciones recientes, como la reforma salinista al 27 constitucional. "Esperamos que la OIT evalué nuestras conclusiones y adopte como suyas las recomendaciones planteadas al gobierno mexicano", manifiestan.
Dichas recomendaciones incluyen evaluar y reprobar las reformas constitucionales del Congreso, ''por no respetar el significado de los derechos a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas en el derecho internacional".
También "que el gobierno mexicano quede avisado que las reformas constitucionales deben ser reprobadas por no haber sido consultadas con los pueblos interesados, como lo requiere el artículo 6 del convenio, y que los requerimientos para la identificación de los pueblos indígenas en la nueva ley son injustos y restringen los derechos de los pueblos".
El gobierno mexicano deberá emprender "una protección efectiva y material para la integridad de las tierras indígenas, lo cual implica revisar el nuevo artículo 27, que permite la enajenación de las tierras comunales y elimina su redistribución".
Para el organismo, que reúne defensores comunitarios de la selva y la zona norte del estado, es necesario reconocer a los pueblos indígenas "como entidades normativas o del derecho público", y no sólo de "interés público", según estipulan las reformas aprobadas.
"El procedimiento del artículo 24 de la constitución de la OIT establece que esta reclamación será evaluada por un comité compuesto por representaciones de tres grupos (empresarios, trabajadores y gobiernos) de diferentes países, en el cual México no podrá participar por ser el sujeto de la violación. Este comité invitará a nuestro gobierno a responder a las alegaciones y establecerá los tiempos del proceso. Al final, el comité le entregará su informe al cuerpo gobernante de la OIT que publicará sus conclusiones y recomendaciones.''
Los defensores comunitarios dicen esperar, además, que esta reclamación "sirva como mecanismo más para que todo el mundo conozca que la causa de los pueblos indígenas de México es justa y que la guerra en contra de ellos no termina hasta que el gobierno mexicano realmente reconozca sus derechos y les deje ejercer la libre determinación y autonomía sin interferencias".