VIERNES Ť 2 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Lo comunican a la PGR
Denuncia ONG vigilancia sospechosa a sus oficinas
La Red Todos los Derechos para Todos denunció ayer nuevas acciones de intimidación y acoso contra defensores de derechos humanos.
Señaló que la mañana de ayer una camioneta sospechosa se estacionó frente a las oficinas del organismo, en la colonia Roma, y al informarse el hecho a la Procuraduría General de la República ésta indicó que no se trataba de elementos de su corporación asignados para resguardar la seguridad de los integrantes de la red, luego del asesinato de Digna Ochoa.
Miguel Concha, presidente honorario del Centro Fray Francisco de Vitoria, leyó un comunicado en el que las ONG reiteran que pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que solicite al gobierno mexicano la aplicación de medidas cautelares para proteger la vida y la integridad de los defensores amenazados.
Los miembros de la red, que agrupa a 55 organizaciones, indicaron que las medidas cautelares deben ser mantenidas hasta que la situación de riesgo inminente desaparezca o las víctimas lo decidan. La situación que enfrentan los defensores de derechos humanos, afirmaron, ''hace temer que se pueda producir un daño irreparable a las personas señaladas".
Sobre la denuncia de acoso, explicaron que ayer a las 9:50 horas, cuando el personal de la secretaría técnica llegó a la oficina de la colonia Roma, observó en la acera de enfrente una camioneta tipo van de color blanco, con puerta corrediza, sin ventanas laterales y rines de magnesio para llantas anchas y bajas, con al menos un tripulante que señalaba en la dirección en la que llegaron los integrantes de la red.
Señalaron que el director del Cisen, Eduardo Medina Mora, les comunicó que tenía noticias de un anónimo que contenía amenazas de muerte contra cinco defensores de derechos humanos.
Los activistas y académicos que fueron incluidos en el anónimo son Miguel Sarré, del Comité para la Humanización de las Prácticas Incriminatorias; Sergio Aguayo, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos; Edgar Cortez, del Centro Miguel Agustín Pro; Juan Antonio Vega, de la Red Todos los Derechos para Todos, y Fernando Ruiz, del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos.
El comunicado detalló que Medina Mora ofreció la protección por parte de agentes de la Procuraduría General de la República, aunque no consideró necesario que el gobierno hiciera públicos estos hechos.