VIERNES Ť 2 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť La cancillería aún no le envía el Estatuto de la Corte Penal Internacional

Sin ratificar por el Senado, importante acuerdo en materia de derechos humanos

Ť Permitiría llevar a esa instancia crímenes no resueltos en los que el Estado esté involucrado

ANDREA BECERRIL

Pese a que la Secretaría de Relaciones Exteriores se comprometió a enviar al Senado para su ratificación los tratados, convenios y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, no lo ha hecho con uno de los más importantes: el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

''Tendría que haber llegado con los otros 13 instrumentos internacionales que hace casi un mes fueron remitidos al Senado, pero no fue así'', comentó la perredista Leticia Burgos, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. Resaltó que es fundamental que México ratifique el Estatuto de la Corte Penal Internacional, toda vez que permitiría llevar a esa instancia crímenes no resueltos en los que el Estado esté involucrado, como podría ser el caso de Digna Ochoa.

Agregó que desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República van a proponer que se exhorte al Ejecutivo federal a enviar ya la propuesta de ratificación de ese Estatuto. La legisladora recordó que el propio secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, dijo durante una reunión con representantes de ONG, ''poco después del asesinato de Digna Ochoa, que el gobierno foxista estaba listo a ratificar convenios, acuerdos y protocolos de jurisdicción universal para la protección de los derechos humanos''.

La propuesta para ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional fue remitida de manera extraoficial por la cancillería a los grupos parlamentarios en el Senado desde antes del inicio de la actual legislatura, con miras a que lo analizaran. En el documento se precisa que hasta julio de 2001 un total de 139 países lo han firmado y 37 ya lo ratificaron.

''México no puede ni debe quedarse al margen del reconocimiento y apoyo a este tratado y sus objetivos'', se advierte en el documento de la cancillería, y se precisa que el problema es que algunos aspectos del Estatuto podrían ser incompatibles con la Constitución, por lo que se creó ''un grupo de trabajo intersecretarial encargado de estudiar las reformas constitucionales que permitan someter a consideración del Senado de la República, durante el primer periodo de sesiones que inicia en septiembre próximo, la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional.''

La senadora Burgos señaló al respecto que ya hay dos meses de retraso y el Senado tiene que insistir en que se remita el Estatuto para comenzar el trabajo legislativo. La perredista precisó que estuvo recientemente en Argentina, en una reunión en la que se discutieron las ventajas y desventajas de reconocer ese instrumento internacional.

''Un planteamiento clave fue que América Latina debe avanzar en la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, ya que sólo cuatro naciones del continente lo han hecho hasta el momento'', agregó. Hizo notar que México ya forma parte de una comisión de trabajo constituida por la ONU para trabajar en todos los puntos, entre ellos la tipificación de los delitos y el procedimiento para nombrar a los jueces que quedarán al frente del organismo en la región.

En el documento de la cancillería se precisa que la Corte Penal Internacional se estableció en la década de los 90, con la finalidad de exigir la responsabilidad penal a los perpetradores de atrocidades, motivadas en lo general por el propio involucramiento del Estado en la comisión de crímenes o por su falta de medios para exigir dicha responsabilidad de manera efectiva.

La Secretaría de Relaciones Exteriores advierte a los legisladores que ''no existe posibilidad alguna'' de que esa Corte pretenda juzgar a individuos por hechos ocurridos antes de la entrada en vigor del Estatuto -como podría ser la matanza estudiantil del 2 de octubre-, ''pues aun cuando hubiera reclamos para investigar estas situaciones, la jurisdicción nacional conocería de ellos y se tendrían que juzgar conforme a la legislación nacional que ya incorpora delitos como genocidio, desaparición forzada y crímenes de guerra''.

Y aunque la masacre de Acteal se llevó a cabo cuando ya operaba el Estatuto, la cancillería sostiene que tampoco podría llevarse a esa instancia, pues en los hechos ''no participó autoridad alguna, no tuvieron lugar en el contexto de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil. En una situación como ésta tendría que demostrarse que la autoridad alentó la comisión del ataque''.