VIERNES Ť 2 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Abre averiguación previa por un anónimo amenazante
Protección de la PGR a cinco defensores de derechos humanos
Ť La medida incluye a Cortez, Ruiz, Sarré, Vega y Aguayo
La Procuraduría General de la República (PGR) asumió desde ayer jueves la protección de los defensores de los derechos humanos Edgar Cortez, Fernando Ruiz, Miguel Sarré, Juan Antonio Vega y Sergio Aguayo, como parte de las medidas de seguridad para evitar que sean objeto de algún atentado.
Fuentes de la dependencia informaron que, por órdenes de la Rafael Macedo de la Concha, la Subprocuraduría A de Procedimientos Penales abrió una averiguación previa para investigar el origen de un anónimo en el que se les amenaza de muerte.
Las medidas cautelares serán por tiempo indefinido, mientras que la investigación del anónimo podría ser turnada a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO).
A su vez, el jefe de Gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, también ofreció otorgar seguridad a los cinco defensores de derechos humanos. ''Lo tenemos que hacer no sólo por ley, sino por convicción'', dijo.
Asimismo, calificó el anónimo como ''una cobardía''. Se trata, dijo, ''de signos de atraso y de intolerancia que no debemos permitir''.
Aseguró que en este caso las autoridades federales y locales han cerrado filas: ''Que quede claro que en esto no tenemos ninguna diferencia con el gobierno federal ni con nadie'', señaló.
En la defensa de los derechos humanos nos van a encontrar a todos juntos, porque este tema no entraña ninguna ideología ni posicionamiento político, a no ser de aquellos que se encuentran en las sombras, dijo López Obrador.
Por su parte, el procurador de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, aclaró que la Policía Judicial capitalina no cuenta con suficientes elementos, porque ''tiene mucho trabajo, muchas investigaciones y operativos'', aunque ''en la medida en que contemos con personal daremos también protección a otras personas'', dado que actualmente sólo tiene bajo custodia a la visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Pilar Noriega.
El anónimo mediante el cual se amenazó a Edgar Cortez y a otras cuatro personas se incorporó a la averiguación previa abierta por el asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido, según informó el procurador Bátiz, ya que se comparará el tipo de lenguaje y las palabras utilizadas en los otros escritos.
Respecto de las declaraciones que hicieran el pasado miércoles los consejeros de la CDHDF, sobre plazos para recibir información sobre el caso Digna Ochoa, el procurador advirtió: ''Es imposible poner término a una averiguación previa''.
Dijo: ''Ellos (los consejeros) nos piden que en ocho días ofrezcamos alguna información y todos los días nos reunimos para ir viendo los avances de la investigación. Pero en cuanto haya posibilidad daremos información más precisa''.
Agregó que integrantes del Centro Pro ya se incorporaron desde el miércoles a las diligencias del caso, así como un representante de la CDHDF, quienes acompañaron a las autoridades a una revisión en la casa de Digna Ochoa.
Poco antes del anuncio de la PGR, la directiva nacional del PRD exigió a los gobiernos federal y capitalino que se garantice la integridad física de los cinco defensores de derechos humanos. Amalia García, presidenta del partido, dijo que esta situación lastima la convivencia de la nación y tiene que ser considerada como un asunto de orden prioritario nacional.
Por su lado, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la arquidiócesis primada de México condenaron las amenazas de muerte y señalaron que este nuevo episodio, junto con el asesinato de Digna Ochoa, ''enrarecen'' el clima político y social del país, y exige que las autoridades actúen con premura en las investigaciones.
El secretario general adjunto de la conferencia episcopal, Francisco Javier González, expresó su preocupación por los ''graves acontecimientos'' ocurridos en las últimas semanas, pues atentan contra la integridad física de personajes que trabajan en forma comprometida por los derechos humanos.
Agregó que estos hechos son signo inequívoco de que el régimen verdaderamente democrático por el que han luchado la sociedad civil y los partidos políticos todavía no se consolida, pese a que en los últimos años se ha avanzado en ese sentido. ''A pesar de estos avances persisten grupos de presión que pretenden vivir en un país donde priven la impunidad y los privilegios, sin importar que los derechos humanos sean violados.''
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la arquidiócesis de México, Francisco Javier Acuña, consideró que ante las amenazas en contra de los defensores y promotores de derechos humanos, las autoridades judiciales están obligadas a una investigación pronta, y la sociedad civil a solidarizarse con quienes de manera comprometida trabajan desde hace muchos años en defensa de los derechos, principalmente de los más desprotegidos.
Opinó que estos hechos, que han ''enrarecido'' el ambiente político y social del país, nos hacen regresar a etapas de hostigamiento y persecución que los mexicanos habíamos dado ya por superadas. Las nuevas amenazas nos demuestran que el camino democrático y de respeto a los derechos humanos todavía es largo y que es necesario mantenernos alerta y redoblar el paso.
GUSTAVO CASTILLO, ELIA BALTAZAR, JOSE ANTONIO ROMAN Y RENATO DAVALOS