VIERNES Ť 2 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť El proyecto fiscal de diputados y senadores prevé recaudar $138 mil millones

Plantea el PRI mantener en 35% la tasa del ISR

Ť La reforma constitucional debe estimular el ahorro y promover el empleo, señala

ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ

El proyecto de reforma hacendaria elaborado por diputados y senadores del PRI, con el fin de recaudar más de 138 mil millones de pesos, se fundamenta en la restructuración del sistema tributario, mediante una legislación que incluya principios de equidad y proporcionalidad para estimular el ahorro, promover el empleo y el crecimiento económico con desarrollo regional equilibrado, y establecer un régimen de seguridad jurídica a través del cual el Ejecutivo federal y sus dependencias no puedan modificar discrecionalmente los elementos esenciales de las disposiciones fiscales con reglamentos y resoluciones administrativas.

Los priístas consideran que el régimen tributario es la raíz de los problemas de captación de recursos del gobierno federal, y proponen simplificar las disposiciones fiscales para limitar el margen de interpretación; contar con una administración tributaria eficiente, estableciendo las responsabilidades que correspondan a los funcionarios; redefinir el marco de actuación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y prever los cambios estructurales de largo plazo, que por su naturaleza no puedan entrar en vigor de inmediato.

El documento de los legisladores priístas, Una propuesta viable de reforma hacendaria para México, plantea tres líneas generales que deberán acompañar la aprobación de la reforma hacendaria: claridad en el destino de los recursos que se generen con la reforma; redefinición de las atribuciones legislativas en materia de gasto público y ajustes presupuestales; recomposición del gasto público federal y de las entidades públicas, que deben ejercerlo atendiendo los grandes objetivos nacionales de supervisión y rendición de cuentas.

Asimismo, la naturaleza de la reforma hacendaria deberá recaer en un nuevo federalismo fiscal que "devuelva potestades tributarias a estados y municipios, porque es un clamor generalizado de los gobiernos locales. Los elementos del actual esquema de coordinación fiscal se han convertido en materia de controversia constante y de negociación permanente. En el caso de los municipios, las fórmulas para calcular sus participaciones resultan oscuras e incomprensibles para la mayoría de los ayuntamientos, y en el caso de los estados, los resultados de las mismas no compensan ni estimulan la recaudación global".

Las reformas constitucionales propuestas por el PRI pretenden cambiar el Código Fiscal de la Federación, porque la "miscelánea fiscal tiene fundamento legal en el artículo 33 del CFF, para que por vía reglamentaria, el Ejecutivo federal aclare y emita normas tendientes a facilitar el cumplimiento de las disposiciones impositivas". Sin embargo, el Ejecutivo, de manera reiterada, ha distorsionado tal facultad, porque en ocasiones altera el objeto, sujeto, base, tasa o tarifa, tiempo y diversas circunstancias inherentes a la naturaleza del impuesto, "que sólo pueden modificarse por vía legislativa, excediendo, por tanto, tal facultad reglamentaria".

Además de la resolución de la miscelánea, se propone modificar el gravamen sobre el usufructo, comprobantes fiscales, operación de máquinas de comprobación fiscal y tarjetas inteligentes, la devolución de contribuciones, compensación entre distintos impuestos, verificación de transporte de mercancías, comisiones por multas y hacer más rígidos los castigos a los delitos de defraudación fiscal.

Otra propuesta es que, "ante el desamparo de los contribuyentes" en controversias frente a la autoridad federal, se establezca la figura de procurador federal del contribuyente en materia fiscal y administrativa, a través de una ley orgánica que regule su funcionamiento y vigile las actividades de SAT, IMSS e Infonavit.

Acerca del ISR, la propuesta considera conveniente eliminar la tasa de 30 por ciento aplicable a las utilidades reinvertidas, y señala que no es el momento apropiado para reducir la tasa general del ISR de las personas morales de 35 a 32 por ciento, "por lo que proponemos que se mantenga la tasa impositiva actual". También propone establecer la doble tributación en el pago de dividendos.

Respecto del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), el PRI concluye que en materia de bebidas alcohólicas "es pertinente apoyar a los productores tequileros nacionales con un estímulo fiscal en la adquisición de agave, por un monto de hasta 50 por ciento del IEPS" pagado, y en cuanto a la cerveza, "iniciar un proceso de reducción paulatina de la tasa de 25 por ciento para llevarla a 20 por ciento", procurando un impacto mínimo en recaudación, por lo que se plantea una reducción anual de un punto, iniciando a partir del año 2003 y hasta el 2007. Otros productos y servicios que serían gravados en este sector son cigarros, puros y tabacos; gasolina y diesel.

Acerca del régimen fiscal de energéticos, senadores y diputados priístas consideran que "es inaplazable diseñar un nuevo esquema fiscal contributivo para el sector energético, especialmente para Pemex, que le permita enfrentar los retos de unas reservas decrecientes ante la insuficiencia de inversiones productivas".