VIERNES Ť 2 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Alejandro Zapata Perogordo

Fobaproa-IPAB, resistencias y costos

Hace unos días alguien propuso, no sin alguna dosis de ironía, la necesidad de integrar una comisión de la verdad en materia financiera. No deja de ser una propuesta tentadora dada la realidad que estamos viviendo con respecto al Fondo Bancario de Protección al Ahorro y al ahora tan criticado Instituto de Protección al Ahorro Bancario. La desconfianza prevalece, la información aún no se descubre totalmente.

En todos los mexicanos existe aún un sentimiento legítimo, válido y profundo que busca descubrir los acontecimientos ilícitos e irregulares que acompañaron al rescate bancario en 1994 a través del Fobaproa, y es que la falta de información, como es natural, ha dado pie a infinidad de especulaciones que deben ser, de una vez por todas, resueltas.

Lamentablemente, la historia se repite con el IPAB, ya que su director jurídico está, al parecer, involucrado en un caso de corrupción, circunstancia que exigimos se investigue a fondo para deslindar responsabilidades y que se aplique la ley.

Esta situación hace necesario insistir en el esclarecimiento de una serie de operaciones y movimientos de dudosa legalidad desde el origen del Fobaproa. En su momento, debido a la crisis de fines de 1994, entendimos que debían buscarse alternativas para atenuar el enorme impacto causado. No había muchas opciones, por lo que se apoyó al sistema financiero, soportado por la banca mediante la compra de cartera.

Fueron tiempos muy difíciles para todos los mexicanos: tasas de interés imposibles de cubrir, devaluaciones, deudas impagables y ahorradores inquietos y temerosos de perder su patrimonio. No sólo se colapsó la economía, sino que adicionalmente los contratos entre los particulares y la banca fueron circunstancialmente desproporcionados e injustos.

Desafortunadamente, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el propio Banco de México, en forma por demás discrecional se hizo cargo, en principio, del manejo para el rescate del sistema financiero. Nadie tiene dudas de los excesos y abusos que por medio del Fobaproa se dieron. Por supuesto que la información sobre las operaciones nunca se dio, simplemente reportaron de manera general las cifras y los compromisos adquiridos para cubrirse mediante la correspondiente carga fiscal.

Para combatir la situación provocada por el gobierno federal en esos años, el Congreso de la Unión decidió crear el IPAB, un organismo con autonomía y funciones específicas, cuyo objetivo principal consistía en establecer un sistema de protección al ahorro bancario y regular los apoyos financieros que se otorgaran a las instituciones de banca múltiple. En el articulado transitorio existe la facultad para realizar auditorías, con relación al programa de "capitalización y compra de cartera", bajo la especificación de que tanto el Ejecutivo federal como la Cámara de Diputados "tomen las medidas pertinentes para que éstas concluyan dentro del plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la propia ley".

El caso resultó por demás absurdo, pues la Cámara de Diputados contrató al auditor Michael Mackey, quien sólo pudo realizar una revisión parcial, en virtud de que las instituciones bancarias no le permitieron el acceso al total de las operaciones llevadas a cabo. Por otra parte, observamos las resistencias que han tenido tanto Hacienda, la CNBV, la propia Asociación de Banqueros y las instituciones bancarias, para dar a conocer las operaciones y particularidades en cada caso. Aún más, la demora para entregar los bancos intervenidos para su liquidación y con ello atenuar los costos al erario, son motivaciones que reiteran la desconfianza pública en las instituciones financieras del país.

Lo verdaderamente lamentable del asunto es que nos encontramos nuevamente en el inicio, con muchas especulaciones, con cortinas de humo, sin información, con poca acción y con distracciones que no conducen a parte alguna y sí, en cambio, elevan el costo fiscal del rescate bancario. En consecuencia, resulta necesario transparentar las operaciones que fueron parte de la capitalización a la banca y, en su caso, el ejercicio de las acciones legales que procedan junto con el deslinde de responsabilidades de quienes han intervenido en su manejo.

También es menester recomendar mantener un escrupuloso cuidado en el manejo de la liquidación de bienes proveniente de la liquidación de instituciones bancarias. Es indispensable mantener medidas de certeza y sanidad que permitan a la sociedad ir tomando, a través de esquemas de transparencia, confianza y credibilidad.