Señora directora: Se llamaba Digna Ochoa, tenía 38 años y era abogada. La asesinaron en su despacho, como a los abogados laboralistas de Atocha, porque, como ellos, defendía causas equivocadas y eso se paga siempre con la marginación, el desprecio, la vida. El caso que la ocupaba, su último caso, era la defensa de dos dirigentes políticos encarcelados por encabezar protestas de campesinos y ecologistas contra la deforestación que el Poder Legislativo permite.

Digna Ochoa nació y murió en México, y en México fue secuestrada dos veces y muchas más recibió amenazas de muerte. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al que perteneció, no podía protegerla; la policía, tampoco, como se ha visto, como se vio cuando tuvo que instalarse en Estados Unidos porque la presión contra ella en su país se hizo insoportable.

Ahora, pensando que el presidente Fox iba a cumplir su promesa de luchar contra la corrupción policial y contra la impunidad de los terratenientes y caciques locales, había vuelto, con sus 38 años radiantes de energía y de decisión, dispuesta a ser feliz en su vida personal y eficaz como profesional y como militante. 

Todos esos proyectos acabaron la semana pasada. La acribillaron en su despacho, en plena zona residencial y, en la luz del día, los asesinos se detuvieron a anunciar nuevos crímenes si siguen molestando al patrón que los arma y les paga. Como en las películas.

La defensa de los derechos humanos parece retórica vana sin mayor trascendencia, pero podemos dar muchas veces la vuelta al mundo sin encontrar un lugar donde se respeten. Es verdad que no en todos los países se encuentran habitualmente matones esperando tras la puerta para coser a balazos a quien, por ejemplo, escriba sobre empresarios que se aprovechan de los inmigrantes, pero eso no significa que se haya conseguido el paraíso en la tierra. 

Puede que la figura antiestética del matón esté pasada de moda en nuestro entorno, pero estamos rodeados de canallas que practican sutiles formas de asesinatos: las calles están pobladas de víctimas que ni siquiera saben que una Declaración Universal habla de ellos. Cada tiempo nuevo trae nuevas amenazas y siempre se ciernen sobre los mismos.

Digna Ochoa quiso establecer la Declaración de Derechos Humanos en situaciones y en personas concretas. Fue demasiado osada. Sin embargo, algo hemos ganado: quizá los asesinos pensaran que podían matar impunemente, aprovechando el barullo internacional en que estamos sumidos. No lo han conseguido: la noticia del asesinato de Digna ha circulado por el mundo con la fuerza de las desgracias y desde el norte hasta el sur, en inglés, español o portugués, secretarios de Estado, obispos, escritores americanos o europeos, personas anónimas o con cargos rimbombantes han cuestionado la credibilidad de Fox si no frena estos crímenes políticos esgrimiendo la única base posible: la revitalización de las leyes que garantizan la vida. 

Porque el derecho que busca la justicia no puede servir para que, encuadernado en piel, los políticos juren con la mano levantada. Tantas veces sucia.

Pilar del Río

Exigen protección para integrantes del Pro

Señora directora: El Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) y las organizaciones abajo firmantes, lamentamos profundamente la ejecución de la abogada Digna Ochoa, el pasado 19 de octubre, quien durante muchos años ofreció su esfuerzo, trabajo y vida a la defensa de los derechos humanos en el país. Vemos con mucha preocupación que dicha situación sea un retroceso en el desarrollo de la vida democrática, cuestionando las posibilidades del ejercicio del estado de derecho.

Pareciera ser que el crimen tiene tintes políticos, pues la abogada venía padeciendo amenazas desde 1996 debido al trabajo que desarrollaba en varios estados del país, siendo uno de los casos más delicados el de los ecologistas de Guerrero, donde pudo comprobar la tortura y falsificación de pruebas que integrantes del batallón 40 del Ejército Mexicano cometieran contra Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, quienes fueron aprehendidos en mayo de 1999 y acusados por delitos que no les han sido comprobados.

Habría que exigirle al gobierno mexicano el cumplimiento del compromiso que los estados miembros de la OEA adoptaron en su Asamblea General de Costa Rica, en junio de 2001, en cuya resolución AG/RES.1818 acordaron, entre otros asuntos:

Exhortar a los estados miembros a intensificar los esfuerzos para adoptar las medidas necesarias que garanticen la vida, integridad personal y libertad de expresión de los mismos, de acuerdo con la legislación nacional y de conformidad con los principios y normas reconocidos internacionalmente.

Por ello, ante la ejecución de Digna Ochoa, exigimos:

1. Un informe público sobre las investigaciones de las amenazas que recibió.

2. Que la PGR y secretarías relacionadas colaboren con la PGJDF en la investigación del caso, sobre todo, en la comparecencia de servidores públicos y miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el fin de esclarecer dicha ejecución.

3. Respeto irrestricto a los derechos humanos de los integrantes del Centro Pro, y que se implementen las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física, al igual que la de las abogadas Pilar Noriega y Bárbara Zamora.

4. Aplicar de manera urgente la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos, emitida por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Alianza Vallesana AC, Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, Centro Nacional de Comunicación Social, Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, Escuela de Capacitación Cívica, Expresión Cultural Mixe-Xaam, Foro San Miguelense, Mujeres Comprometidas por México, Red de Formación Indígenas y Tamaulipecos por la Paz

Indignación en UAM-I por asesinato de Ochoa

Señora directora: Ante el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, perpetrado el viernes 19, la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, manifiesta:

1. Su indignación y rechazo a este acto incalificable, que vulnera de nueva cuenta los principios y derechos fundamentales que el Estado mexicano dice garantizar.

2. Conforme a derecho, el esclarecimiento y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este crimen y que no quede impune como tantos otros.

Joel Vázquez Ortega, Leticia Villaseñor, Laura Cázares, Guillermo Villaseñor, Max Ortega, Gabriela Rico Alba, Guillermo Hernández, Jorge Fuentes, Oscar García González, Héctor Meza Aguilar y 221 firmas más

Pregunta para el librito  de los economistas 

Señora directora: Sirva este medio para plantear a los expertos en economía una pregunta: En una economía de mercado, con una demanda deprimida, ¿el librito no aconseja contener la oferta para proteger los precios? Esto con respecto a la respuesta del Presidente Fox a la estrategia propuesta por los miembros de la OPEP para enfrentar las actuales condiciones del mercado petrolero. 

J. Agustín Flores 

Opina que el Tribunal Universitario actúa contrario a derecho

Señora directora: Me he enterado de las agresiones de que han sido objeto los compañeros de la Facultad de Derecho por parte de porros, los días 17 y 18 de octubre pasado, y que, además, han sido enviados al Tribunal Universitario ocho estudiantes de dicha facultad.

Quiero expresarles, por escrito y personalmente, mi solidaridad porque considero que el Tribunal Universitario es totalmente contrario a todos los principios del derecho. Fundamentalmente porque viola el derecho a obtener justicia al aplicar procedimientos en donde las autoridades son juez y parte, y porque la comunidad universitaria discutió a fondo en el congreso de 1990 su desaparición, cuyo acuerdo no fue respetado por las autoridades universitarias.

Como profesor universitario me indigna profundamente que en esta Universidad y en este país continúe utilizándose a los porros para combatir la disidencia, sobre todo cuando se habla de tiempos de cambio político a escala nacional y en el DF, más aún si se ponderan los discursos de la rectoría en el sentido de impulsar una reforma universitaria democrática.

Por lo tanto, reitero mi solidaridad y mi voluntad de crear una corriente de opinión entre los profesores para que colectiva y organizadamente rechacemos la acción de los porros y los juicios amañados del Tribunal Universitario.

Profa. María Esther Navarro, ex consejera universitaria