MIERCOLES Ť 31 Ť OCTUBRE Ť 2001
Emilio Pradilla Cobos
Texcoco: la decisión autoritaria
La decisión de localizar en Texcoco el nuevo aeropuerto para la Zona Metropolitana del Valle de México no oculta su ilegitimidad ni su carácter autoritario, al estilo del viejo régimen. La Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, cuya función es la concertación de las políticas para la metrópoli, maniatada por el interés de dos de sus integrantes, no participó institucionalmente en la discusión. Dos de las tres entidades federativas más interesadas en el proyecto (Hidalgo y Distrito Federal) se opusieron públicamente a esta opción, y los demás estados de la región centro no tuvieron oportunidad de opinar sobre un proyecto que los involucra directamente. El tardío y limitado "diálogo" entre el gobierno federal y las entidades interesadas fue una burla, pues se convocó cuando la decisión estaba tomada y listos los decretos de expropiación de los terrenos. La decisión del gobierno federal simplemente ratifica la que ya tenían los gobiernos priístas.
Los ejidatarios de Atenco y los habitantes y gobierno del "municipio libre" de Texcoco, sobre cuyo territorio se construiría el aeropuerto, han visto conculcados sus derechos ciudadanos y expropiadas sus condiciones económicas de subsistencia; de ahí su rechazo previo al proyecto y su justa resistencia de hoy. Por todo ello, los métodos aplicados por el gobierno foxista se muestran contrarios a cualquier concepción republicana y democrática del federalismo mexicano. En este marco, parecen justificadas las controversias constitucionales y las acciones legales que los actores agraviados han anunciado.
Paradójicamente, la decisión se toma en el momento en que la industria aeronáutica mundial sufre una profunda crisis, manifiesta en la drástica reducción de la demanda de plazas, número de vuelos internacionales y del personal de las empresas de aviación, con impacto directo en la actividad turística, lo que permitía aplazar la decisión hasta concluir los estudios necesarios y convincentes para sustentarla, ya que el desbordamiento del umbral de saturación del actual aeropuerto se postergará por tiempo indeterminado.
El debate público, ignorado por el gobierno federal, mostró hasta la saciedad los negativos impactos hidráulicos, ambientales, infraestructurales y urbanos que tendrá el nuevo aeropuerto de Texcoco. Ni el gobierno federal ni el del estado de México tuvieron en cuenta que este emplazamiento echa por tierra las políticas de desarrollo metropolitano contenidas en el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, que suscribieron con el del Distrito Federal en 1998; este programa no opta por una localización, pero es evidente que la de Texcoco contradice sus propuestas fundamentales. Para el Distrito Federal, el aeropuerto de Texcoco y el cierre del actual implicarán dos golpes adicionales: las tendencias negativas introducidas por el nuevo aeropuerto en la lógica de estructuración urbana metropolitana, y la pérdida de un polo de actividad económica y empleo muy importante; ello obligaría a un cambio sustantivo del proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, actualmente en revisión.
Los gobiernos federal y del estado de México no han dado garantías válidas y creíbles sobre el financiamiento y realización de las cuantiosas obras inmediatas y los programas de largo plazo necesarios para mitigar satisfactoriamente los impactos negativos del aeropuerto en Texcoco, publicitados profusamente por sus promotores. Tampoco queda claro quién pagará los costos de la infraestructura que requerirá la nueva terminal, localizada en el Distrito Federal, y cuyo gobierno se opuso con razones a esta opción, por lo que suponemos que no estaría de acuerdo en cubrirlos a costa de sus contribuyentes.
Nos preguntamos también si el gobierno federal intentará usar el mismo método autoritario para decidir sobre el uso futuro de las instalaciones del actual aeropuerto Benito Juárez, cuya inversión acumulada es multimillonaria, y de las 770 hectáreas de suelo que ocupa, que constituirían una nueva y estratégica reserva de suelo. A juzgar por el anuncio de la promoción de un nuevo Santa Fe, su altísimo valor inmobiliario potencial lleva al gobierno federal a privatizarlo, a entregarlo al "libre mercado", mediante otra decisión unilateral, sin consultar al gobierno de la ciudad, cuya política de desarrollo urbano se vería más gravemente afectada. Es seguro que el gran capital inmobiliario, cuyos intereses están bien representados por el gobierno foxista, ya piensa en este negocio.
Creemos que el gobierno y la ciudadanía capitalinos deben cerrar filas para exigir la revocación de la decisión sobre el aeropuerto en Texcoco, reivindicando su derecho democrático a participar en las decisiones que los involucran y afectan, y para que en el futuro no ocurran nuevos atentados contra los derechos ciudadanos, la habitabilidad urbana y la calidad de vida de la población metropolitana.