MARTES Ť 30 Ť OCTUBRE Ť 2001

Ť Si el dictamen no le favorece pedirá a Fox rechazarlo

Intensifica la IP presiones al Congreso para que apruebe la reforma fiscal

DAVID ZUÑIGA

Dirigentes del sector privado advirtieron que no permitirán que el Congreso apruebe una reforma tributaria contraria a los intereses del empresariado y que, dado el caso, presionarán al Ejecutivo para que rechace la iniciativa o retire su propuesta para volver a presentarla el próximo año.

Por separado, los empresarios definieron los puntos en los que no están dispuestos a ceder: aumentar la recaudación en al menos 100 mil millones de pesos; reducción del impuesto sobre la renta (ISR), aunque sea gradual; aplicación generalizada del impuesto al valor agregado (IVA) con una tasa más baja para la cadena alimentaria, que proponen sea de entre 3 y 5 por ciento -lo que excluiría la posibilidad de integrar una canasta básica-; no aumentar el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), no gravar las operaciones bursátiles, volver al régimen de pequeños contribuyentes, no gravar las prestaciones sociales ni los vales de despensa, permitir la deducción de inversiones en todo el país y deducir al menos 20 por ciento de las colegiaturas.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Claudio X. González, comentó que bajar el ISR y elevar el IVA es la única manera de alentar el ahorro, la inversión, la competitividad y la creación de empleos. Bajar el gravamen al capital ''ya es un canon mundial: China aplica IVA de 17 por ciento parejo a todo y 15 por ciento de ISR. En áreas como Shanghai ofrece dos años sin cobrar ISR si se trata de una empresa no tecnológica y cinco años si es tecnológica, y después del periodo de gracia sólo se paga 15 por ciento''.

González Laporte agregó que el sector privado podría aceptar una reducción gradual del ISR, a un ritmo de dos puntos porcentuales por año, para alcanzar una tasa de 32 por ciento, como lo propone el Ejecutivo, o de 30 por ciento, como plantea la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Entre tanto, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Javier Prieto de la Fuente, señaló que modificar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para gravar con 20 por ciento el consumo de refrescos, aguas carbonatadas y jugos de fruta sería una medida ''regresiva'', contraproducente e inflacionaria, pues lo que se capte por IEPS se perderá por una menor recaudación de impuesto sobre la renta. Además, los principales perjudicados serían no sólo las empresas, sino también los mexicanos más pobres, miles de pequeños comerciantes e incluso los cañeros.

Mientras, el líder de la Coparmex, Jorge Espina Reyes, advirtió que de no aprobarse la reforma las calificadoras internacionales podrían darle una mala evaluación a México y la inversión extranjera podría caer el próximo año hasta 50 por ciento.

Asimismo, acusó al PRI y al PRD de estar más ocupados en asuntos como la asamblea nacional priísta o las elecciones en Michoacán, que en sentar las bases para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del próximo año.

Aunque se ha demostrado que gravar alimentos y medicinas golpeará a la población más pobre, que destina hasta 70 por ciento de su ingreso a la compra de esos bienes, Espina calificó estos argumentos de ''cantaleta populista que ya cansó a la sociedad''.