martes Ť 30 Ť octubre Ť 2001
Alberto Aziz Nassif
Dime a quién defiendes y te diré...
En la década de los años ochenta el instrumento para analizar discursos políticos tuvo un cambio: en lugar de empezar a ver la sintaxis y la semántica, primero había que ubicar social e ideológicamente a quien hablaba para poder entender qué decía. Hoy, con el asesinato de Digna Ochoa, podemos aplicar el supuesto: primero hay que examinar a quién defendía y tal vez así podamos saber dónde están los responsables. En su biografía como defensora de derechos humanos están las marcas y las huellas de sus victimarios.
En una entrevista que hizo la Comisión Civil Internacional de Observadores de Derechos Humanos a Digna Ochoa y a Rafael Alvarez, integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, realizada en septiembre de 1999, aparecen los defendidos.
El documento mencionado tiene como contexto la preparación de las elecciones del 2 de julio; los entrevistados muestran sus preocupaciones por el incremento de la violencia en contra de los defensores de derechos humanos y la imposición gubernamental de una lógica de contrainsurgencia aplicada de manera directa en Guerrero, Chiapas y Oaxaca.
El tema clave era Chiapas y la pregunta era sobre la presencia militar en la zona de conflicto; Digna señaló: "la gente tiene miedo de plantear denuncias, y aparte las autoridades civiles se niegan a recibir estas denuncias de los grupos denunciantes, si la denuncia llega es turnada al ministerio jurídico militar, cuando son ellos los responsables de las violaciones, por todo esto ninguna averiguación hasta el momento ha prosperado". Más adelante habló de una denuncia que presentaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) varias mujeres indígenas chiapanecas por violación en contra de elementos militares, y aseveró la complicidad de la CNDH en los siguientes términos: "la Secretaría de la Defensa ha sido un sector que el gobierno ha tratado de mantener intocable".
Digna afirma en la entrevista que la defensa de militares y ex militares por violación de sus propios derechos humanos ha sido causa de una gran molestia. En la conversación aparecen también los grupos paramilitares que, según Digna: "han tenido el apoyo de diferentes cuerpos policiacos del Estado, en el ámbito federal, y sobre todo, del Ejército".
Otro tema es una política de hostilidad en contra de defensores y observadores de derechos humanos procedentes de otros países y sus respectivas expulsiones; esta situación obedece a la molestia del gobierno por testimonios en el extranjero sobre la violación de derechos humanos en México.
Un tema más fue el de los presos políticos y la vieja costumbre de la tortura y la siembra de evidencias falsas (armas, drogas o pertenencia a grupos guerrilleros) para que líderes y luchadores sociales sean acusados de delitos que no cometieron. Así ha sucedido con el famoso caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos de Guerrero, cuyo delito fue luchar en contra de la tala inmoderada del bosque; están en la cárcel desde hace varios años. En prisión recibieron un importante premio, considerado el Nobel de Ecología. Es una vergüenza para el gobierno foxista que esos dos campesinos permanezcan en la cárcel. Ese caso también era defendido por Digna Ochoa.
Desde tiempo atrás sufrió intimidación, asalto, secuestro y, por supuesto, nunca se llegó a atrapar a los responsables. Incluso tuvo que salir un tiempo del país como medida de protección. Más adelante, ya de regreso, un tiempo tuvo protección, pero inexplicablemente terminaron por retirársela.
En la parte final de la entrevista se hace mención de las expectativas de que en México haya una transición pacífica hacia un régimen democrático. Qué paradoja, ahora que México atravesó la etapa de la alternancia en la que los ciudadanos queremos construir un sistema democrático, en estos tiempos y con gobiernos legítimos, tanto en el ámbito federal, como en la capital del país, una mano asesina termina la tarea que hace tiempo dejó pendiente: asesinar a Digna Ochoa.
Una democracia no puede funcionar si existen intocables y hay impunidad; la base de un sistema democrático es el estado de derecho. Esas fuerzas que se mueven en las sombras y en la impunidad gozan de cabal salud. Estos intereses ponen en grave peligro la transición democrática, de forma mucho más frontal que una crisis económica. Un asesinato político, como el de Digna Ochoa, resulta un golpe más desestabilizador que las pugnas entre poderes. Si la defensa de los derechos humanos pierde la batalla frente a los cuerpos de seguridad, cualquier discurso democrático del gobierno será puesto en entredicho y habrá mayor descomposición en la impartición de justicia. De lo poco que sí puede hacer el gobierno de forma autónoma es proteger la defensa de los derechos humanos. Esperamos resultados hoy. Ť