martes Ť 30 Ť octubre Ť 2001
José Blanco
La impunidad
El pasado domingo pudimos ver en la prensa nacional una inserción pagada firmada por "México, Gobierno de la República", referida al caso perturbador e indignante del asesinato vil de Digna Ochoa. Debe entenderse que la firma corresponde al Poder Ejecutivo y, más específicamente, al presidente Fox.
La preminencia inercial del Presidente, en las formas de dirigirse a los ciudadanos, hace olvidar al firmante que el Gobierno de la República consta de tres poderes y no sólo del Ejecutivo. Pero el Ejecutivo dice aun, con su modo de firmar: yo soy el gobierno.
Asumirse como el gobierno contrasta, sin embargo, con el contenido de su propio comunicado: aquí aparece hablando en primera persona "el Gobierno", y se refiere, en tercera persona, al verdadero firmante, el presidente Fox, de quien dice que ha instruido a todas las dependencias para coadyuvar decididamente con quien debe resolver el asunto. No soy yo ("el Gobierno") quien puede resolver el caso que ha comenzado a quemar las manos del Ejecutivo -dice la inserción en lenguaje un tanto sibilino-, debe resolverlo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Un deslinde del asunto Digna Ochoa, por parte del Gobierno-Poder Ejecutivo-presidente Fox, acompañado de un ofrecimiento de coadyuvancia. El que se trate de ambas cosas juntas produce ese extraño efecto de un "Gobierno" que habla en primera persona (un resbalón inevitable en la hipóstasis) acerca del presidente Fox, en tercera persona.
La persona Charles de Gaulle (1890-1970) acostumbraba hablar en tercera persona del personaje general De Gaulle, presidente de la República, instruyendo a los demás acerca de lo que el personaje debía decir, cómo debía decirlo, dónde debía pararse o sentarse, cuál debía ser su aspecto y aun su "aire", según la ceremonia política de la que se tratara. En nuestro caso "el Gobierno" -hipostasiado en ser efectivo real- habla del presidente Fox, y remata su alocución diciendo No a la impunidad.
Está claro que "el Gobierno" siente como necesidad deslindarse de la aclaración sobre el asesinato, especialmente frente al exterior -que en todas partes está reclamando duramente sobre el crimen cometido-, informando cómo el presidente Fox está haciendo las cosas bien, y cómo, jurídicamente, corresponde a la PGJDF la responsabilidad de dilucidar y descubrir a los autores del nefando homicidio. Ello no obstante, la PGJDF no deja de devolver pelotitas al gobierno, al tiempo que nadie se atreve a recordar que, mediado por los enjuagues de los políticos -en este caso entre López Obrador y el propio Presidente-, es Vicente Fox quien nombró a Bernardo Bátiz, cediendo frente al PRD; la misma concesión hizo Zedillo a Cuauhtémoc Cárdenas. Ni para dónde hacerse: los resultados de la PGJDF corresponden a un funcionario nombrado por el presidente Fox, un funcionario que está legalmente bajo su jurisdicción. El deslinde, así, resulta inane.
El ping pong entre una y otra procuraduría con la intervención del "Gobierno" es inútil juego de abalorios de la "política". Aquí todos los partidos y el gobierno dicen estar a favor de un Estado de Derecho. Admitamos que fuera cierto. El centro de ese propósito es la eliminación de la impunidad. Sin embargo, después del asesinato oímos las expresiones de siempre: "iremos hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga". Este disco rayado ha sido falso de toda falsedad por décadas.
En lugar de deslindes y ping pong, es hora de que los partidos y el gobierno se sienten a una mesa y concluyan de qué manera será eliminada en definitiva la impunidad: éste es el centro de un Estado de Derecho verdadero, repitámoslo una vez más. Si hay crímenes impunes, los crímenes continuarán; si en materia de derechos humanos clasificamos en segunda división, es debido a la impunidad; si en materia de corrupción clasificamos entre los primeros lugares de la primera división, es debido a la impunidad. Si tenemos un Fobaproa-IPAB de la magnitud que nos agobia, es debido en gran medida a la impunidad. Si hay maltrato infantil y prostitución de niños, es debido a la impunidad. Si las mujeres continúan siendo golpeadas por hombres -que supuestamente son sus parejas-, con los altos índices que se dice existen, es debido a la impunidad. Si hay contrabando, es debido a la impunidad. Si el narcotráfico penetra las estructuras del gobierno, es debido a la impunidad. Si el riesgo de cometer cualquier delito es bajo o inexistente, el delito será cometido porque puede con facilidad quedar impune.
Que las leyes necesarias existan, que el Ministerio Público funcione, y que los procesos sean correctamente desahogados por los jueces, constituye el núcleo del Estado de Derecho. Mientras haya impunidad no habrá Estado de Derecho. Bien pueden comenzar las cosas con el caso de Digna Ochoa. Que el crimen no quede impune es vital para el futuro. El país se nos deshará entre las manos si la impunidad continúa reinando. Ť