MARTES Ť 30 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Verdades a medias de los vocales, acusa Reyes Orona
Instan a transparentar el IPAB
ANTONIO CASTELLANOS
Gabriel Reyes Orona, procurador fiscal de la Federación, manifestó ayer que urge que la Comisión Investigadora defina la situación de los vocales Humberto Murrieta, Alejandro Creel y Adalberto Palma, para transparentar las operaciones del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
El funcionario, que podría reunirse hoy con los senadores, afirmó que en el IPAB nada es claro y lo que han dicho los vocales son sólo verdades a medias, pese a que declararon bajo protesta de decir verdad ante los legisladores. Es tiempo de que se defina si hay conflicto de intereses y eso lo deberán esclarecer la secretaría de la Contraloría y la Comisión Investigadora.
Precisó que ahora la situación no es muy clara, pues el senador Fauzi Hamdan definió cuatro posiciones y la procuraduría no tiene facultades para pronunciarse al respecto. El PRD en el Senado fue claro: que el IPAB audite los bancos.
El propósito central de este arqueo es definir si hay créditos irregulares que se llevaron al Fobaproa y luego al IPAB, y que sean regresados a los banqueros, porque no es justo que los contribuyentes carguen con esa deuda. Después se definirá qué hacer si los banqueros se amparan, ya que lo de Mackey fue informe, no auditoría.
Tampoco hay nada claro respecto a los pasivos, agregó. Las cifras que se manejan son varias, pero lo que sí es claro es que 10 por ciento del total son las que tienen una situación irregular. De acuerdo con ello, los créditos reportables podrían sumar más de 74 mil millones de pesos.
Los senadores no han recibido respuesta precisa de los vocales de la junta de gobierno del IPAB sobre las operaciones irregulares. De acuerdo con la información proporcionada, los legisladores pedirán a Reyes Orona datos sobre las irregularidades en las que están implicados los vocales.
Una de ellas es la relacionada con el cargo de comisario de Humberto Murrieta en los bancos que posteriormente cargaron al Fondo Bancario de Protección al Ahorro créditos por 100 mil millones de pesos y que heredó el IPAB.
Hay dudas sobre si la empresa contable que dirigía Murrieta prestaba servicios de auditoría externa a bancos intervenidos o de los que ahora administra el propio IPAB. En el caso de Alejandro Creel, los senadores que revisan si hubo conflicto de intereses buscan información sobre si la restructuración de créditos o ampliación de plazos no fue una forma simulada de asignar financiamientos.
Respecto al consejero Adalberto Palma, su actuación se refiere al cargo que desempeñó como presidente del consejo de Serfin y a todas las operaciones que se efectuaron en esta intermediaria hasta su venta, que fue considerada como un remate para los inversionistas extranjeros.