con información sobre el tipo o método de ataque, consideran que la amenaza es "creíble". Mueller indicó que no tienen información específica sobre el tipo de acción, pero sí en cuanto al tiempo: en el curso de estos días.
MARTES Ť 30 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Amenazas "creíbles" de un próximo ataque terrorista contra el país, dice el procurador
En "alerta máxima", todas las agencias de seguridad estadunidenses
Ť No hay datos sobre qué tipo de acción esperar, pero se sabe que sería en "cuestión de días"
JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES
Washington, 29 de octubre. El procurador general John Ashcroft anunció esta noche una nueva alerta nacional por amenazas "creíbles", pero no especificadas, de un próximo ataque "terrorista" contra Estados Unidos o sus intereses en el exterior en estos días, y pidió a todas las agencias de seguridad pública federales estatales y locales colocarse en "la alerta máxima".
El gobierno de Estados Unidos "ha concluido que podría haber nuevos ataques terroristas", dijo Ashcroft, acompañado del director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Robert Mueller, y señaló que aunque no se cuenta con información sobre el tipo o método de ataque, consideran que la amenaza es "creíble". Mueller indicó que no tienen información específica sobre el tipo de acción, pero sí en cuanto al tiempo: en el curso de estos días.
Como resultado, el procurador general informó a las 18 mil agencias de seguridad pública del país, se comunicó con todas las instancias federales, incluyendo la Comisión de Regulación Nuclear, el Departamento de Energía, la Agencia Federal de Aviación, la Secretaría de Transporte, y los gobernadores de todos los estados, girando instrucciones de ponerse en estado de "alerta máxima". También instó a los estadunidenses a que al realizar sus quehaceres cotidianos mantengan la vigilancia y reporten "toda circunstancia inusual o comportamiento sospechoso" a las autoridades.
Entre las pocas preguntas que permitieron hacer a los reporteros, los dos funcionarios no pudieron responder si esta nueva alerta es de mayor importancia o diferente a la primera anunciada por ellos el 11 de octubre, ni tampoco si aquella vez se había podido detener algún atentado. Como resultado, este anuncio mantiene la tensión en el país por un posible ataque del exterior, pero aún sin saber de quién, cómo ni cuándo.
Horas antes, el presidente George W. Bush encabezó la primera reunión del nuevo Consejo de Seguridad de la Patria (Homeland Security Council), integrada por varios miembros del gabinete y encabezada por el zar antiterrorista de la Casa Blanca, Tom Ridge, establecida para coordinar los esfuerzos domésticos a fin de enfrentar la amenaza del "terrorismo" dentro del país.
A raíz de este esfuerzo "interno" -en una "guerra" que según Bush tiene dos frentes, el interno y el de Afganistán- se ha detenido o arrestado a casi mil personas, de las cuales entre 200 y 300 han sido liberadas. La falta de información sobre las condiciones en que se encuentran los detenidos, su acceso a abogados y el respeto de sus derechos ha generado preocupación entre defensores de garantías individuales y civiles en este país.
Así, 21 organizaciones presentaron hoy una solicitud conforme a la ley de Libertad de Información para obligar al gobierno federal a divulgar los nombres de los arrestados, los cargos contra ellos, los nombres de sus abogados y la identificación de cualquier tribunal que haya manejado estos casos.
Entre las organizaciones que solicitaron esta acción están Amnistía Internacional, Unión Americana de Derechos Civiles, Human Rights Watch y American Friends Service Committee. "Hay un grave problema de transparencia para saber dónde está toda esa gente y cómo se les ha tratado", comentó Allyson Collins, de Human Rights Watch a la agencia Reuters.
El gobierno federal obtuvo más facultades con la aprobación de la nueva ley antiterrorista que, entre otras medidas, permite al Departamento de Justicia detener a extranjeros hasta siete días sin presentar cargos formales por un delito o por violaciones migratorias (antes, el límite era de 48 horas). Además, existen mecanismos legales por los que se puede mantener en detención a inmigrantes durante meses. Esto ha incrementado la alarma entre defensores de comunidades inmigrantes, especialmente entre la población árabe-estadunidense.