LUNES Ť 29 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Las discusiones corren a la par de los debates en la esfera federal
Hay en cuatro estados iniciativas para garantizar el derecho al acceso a la información pública
Ť El proyecto guanajuatense propone la creación de una procuraduría del ramo
ALONSO URRUTIA
A la par de las discusiones que en el ámbito federal se dan en torno a una ley de acceso a la información, al menos en cuatro entidades ya existen iniciativas tendientes a la apertura de la información a escala estatal y municipal. Así, en Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y Querétaro se tienen proyectos, aunque con diferencias en cuanto al garante de la entrega de la información.
Mientras en Guanajuato se propone crear una procuraduría de la información pública, cuyo titular sea designado por el Congreso local, en Nuevo León se plantea que el Poder Judicial vigile el respeto a este derecho ciudadano.
En el marco de la Consulta Nacional sobre la Transparencia y Acceso a la Información se ha propuesto que la legislación respectiva abarque no sólo los tres poderes federales, sino que involucre estados y municipios, lo que sólo podría efectuarse mediante la legislación estatal.
Por lo pronto, cuatro estados discuten formalmente en torno a una ley de apertura de la información oficial. La iniciativa que discute el congreso de Guanajuato se promovió a instancias del PRI, cuya fracción plantea involucrar a los tres poderes estatales, ayuntamientos y órganos autónomos.
La iniciativa dice que busca acabar con los privilegios y reservas del gobierno frente a sus gobernados, "porque la información pública está en el haber de los gobernados y la autoridad la detenta como depositaria, únicamente, para el cumplimiento de sus fines".
La justificación de la iniciativa establece que en cuanto más abierta sea la accesibilidad a la información, "mejor será la realidad democrático-jurídica".
Como en el proyecto del gobierno federal, existiría una información reservada, lo cual no es considerado una limitante, sino una protección del interés público.
Entre las causales de información reservada, el proyecto incluye la que se desprenda de las sesiones secretas del Congreso de la Unión; la contenida en las averiguaciones previas de la procuraduría; la de los procedimientos o juicios, y la que comprometa la seguridad pública.
La iniciativa fija un plazo de 15 días para la entrega de la información al solicitante, quien se hará responsable de cualquier uso ilegal. Asimismo se crearía la procuraduría de la información pública para "garantizar el ejercicio y disfrute del derecho de los particulares para acceder a la información pública en términos de ley".
Aspecto central de esta dependencia sería que las resoluciones que emita cuando se niegue injustificadamente la información a un ciudadano tengan carácter vinculatorio, pues si no "esta institución surgiría como un órgano débil e inocuo, que no lograría proteger el derecho de los particulares a la información".
En Nuevo León la iniciativa ha sido promovida por Acción Nacional. En ella se establece la obligación del gobierno del estado, ayuntamientos, Congreso y Poder Judicial de entregar la información a quienes la soliciten, y establece menos restricciones.
Considera información reservada la que sólo puede estar disponible para quienes tengan un interés jurídico y cuya divulgación pueda afectar el derecho a la vida privada de las personas; aquella que de difundirse "podría menoscabar, alterar o poner en peligro el orden social o la integridad física de cualquier individuo; la relacionada con la seguridad del estado".
Cuando la autoridad se niegue expresamente a proporcionarla o lo haga una vez concluido el plazo legal -15 días- se considerará como negada, y el ciudadano podrá acudir a los juzgados de jurisdicción mixta o a los juzgados de lo civil que tramitarán las demandas conforme al Código de Procedimientos Civiles.
Los juzgados fijarán un plazo a las autoridades para entregar dicha información, y de volver a negarse se les considerará en rebeldía y se aplicarían medidas de apremio contra los funcionarios. De no cumplirse, se establecen multas y suspensiones del cargo.