Ť Nadie investiga las denuncias: Marina Patricia Jiménez
En Chiapas, zozobra perpetua entre defensores de derechos
Ť Decenas de amenazas de muerte, secuestros y emboscadas
BLANCHE PETRICH
Los defensores de derechos humanos en Chiapas realizan desde hace años -y aun hoy, a pesar de los cambios políticos en el estado- su trabajo con la guillotina pendiendo sobre sus cabezas: decenas de amenazas de muerte, de secuestros y emboscadas se han traducido en otras tantas averiguaciones previas. Ninguna ha obtenido respuesta por parte del Poder Judicial, ni siquiera con el fin de la hegemonía del PRI en el gobierno estatal, denuncia la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Marina Patricia Jiménez.
Aunque reconoce que han cambiado las condiciones en las que actúan hoy los grupos paramilitares, con un gobierno no priista en el estado, la vulnerabilidad de defensores de derechos humanos sigue sin cambio. ¿La causa? ''Nunca una denuncia de represión ha sido investigada a fondo.''
El de Marina Patricia es un perfil similar al de Digna Ochoa, no sólo porque tienen la misma edad, 37 años, porque eran amigas y por compartir el mismo antecedente como ex religiosas, sino por su labor como defensoras de derechos humanos y por las amenazas y el hostigamiento que marcan cada paso de su labor profesional.
Desde que fue emboscada por primera vez por el grupo paramilitar Paz y Justicia -de la zona norte de Chiapas-, en febrero de 1997, la defensora no ha dejado de vivir en la mira de fuerzas anónimas que la presionan y la vigilan. Apenas el 15 de octubre, el Centro Fray Bartolomé se vio obligado a solicitar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos nuevas medidas cautelares para ella. Ya en noviembre del año pasado, a raíz de la excarcelación de los principales jefes de Paz y Justicia se había hecho una solicitud similar.
Pero, señala Marina Patricia Jiménez, el fin último de estas denuncias ''no es que nos pongan vigilancia, sino que se hagan las investigaciones pertinentes a nivel procuraduría estatal. Es la única forma de acabar con las amenazas''.
Evidencias de espionaje
Amenazantes y riesgosas son, a criterio del Fray Bar -como se le conoce al centro fundado por el obispo emérito Samuel Ruiz-, las evidencias de espionaje detectadas en septiembre y octubre. En dos ocasiones diferentes, estos dos meses, la subgerente de la agencia de viajes que suele prestarle servicios a esta ONG reportó que, apenas hechas las reservaciones de vuelos comerciales de la directora a las ciudades de Guatemala y México, dos individuos desconocidos, haciéndose pasar por personal del CDHFBC, se presentaron en sus oficinas indagando detalles de los arreglos de viaje hechos por Marina Patricia. En una tercera ocasión, otro personaje, haciéndose pasar por corresponsal de la agencia Notimex, quiso averiguar en las oficinas del centro información sobre las fechas de viaje de la directora a Colombia.
El carácter amenazante de estos detalles no se comprende sin conocer los antecedentes de agresiones sufridas no sólo por Marina Patricia, sino por otros miembros del centro, incluido el propio obispo Ruiz García.
La dirigente describe la situación de guerra sucia que se vivió de 1996 a 1998 en el norte de Chiapas como ejemplo de que la falta de acción de la justicia en casos de agresión a defensores desencadena mayores y más graves cuadros de violencia.
Los primeros hechos graves contra el Fray Bar se remontan a febrero de 1997, a raíz de un desplazamiento masivo de campesinos de la comunidad Paraíso, en Sabanilla, por agresiones de Paz y Justicia. Un miembro del centro, José Antonio Montero, y un activista de la organización Sipaz se habían trasladado al lugar para hacer un reconocimiento de la situación (robos, casas quemadas, cientos de personas agredidas por los paramilitares) y fueron retenidos, macheteados y amenazados.
En otro trabajo de observación, en el que además participaban la Coordinadora de Organismos no Gubernamentales para la Paz, Global Exchange y periodistas, los mismos elementos les cerraron el paso con armas de fuego y amenazas. Pocos días después, el representante de Human Rights Watch, Joel Salomon, sufrió agresiones similares en la comunidad Miguel Alemán, en Sabanilla. En esa ocasión los paramilitares machetearon las llantas de su vehículo en presencia de elementos del Ejército, que no intervinieron.
A resultas de todos estos actos se levantaron actas y se abrieron averiguaciones previas que no procedieron. Así se llegó a noviembre de 1997, cuando fue emboscada en Guadalupe Jolnopá, Sabanilla, la camioneta en la que viajaban los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, dentro de una caravana junto con el nuncio papal, que visitaba la zona. Tampoco hubo acción judicial por ese hecho. En diciembre ocurría la matanza de Acteal.
''Es verdad -dice la defensora- que la situación de hoy no es la misma que la de 97. Paz y Justicia se ha escindido, pero no ha desaparecido. Se ha reposicionado dentro del nuevo marco político.''
Por ejemplo, en Tila, esta fuerza paramilitar ganó las elecciones municipales, aunque sin mayoría en el cabildo, y muchos de sus grupos armados siguen activos en todo el norte. Se siguen recibiendo denuncias de regiones como Ucipá y El Limar, en Sabanilla. Aquí uno de sus líderes, Diego Vázquez, señalado como autor material de un intento de asesinato contra la catequista Margarita Martínez en 1997, sigue siendo autoridad y el actual gobierno se niega a actuar en su contra.
Otro caso de impunidad y un continuado patrón de violaciones es el municipio de Chenalhó, donde el resultado de la acción penal en el caso emblemático de Acteal, responsabilidad del ex procurador Jorge Madrazo, no dejó satisfechas a las familias de las víctimas. Los sectores priístas ligados con los paramilitares ganaron las recientes elecciones municipales. Ahí ha habido un movimiento de retorno de los desplazados pero, como ellos mismos lo dicen, se da en un contexto de extrema inseguridad.
En esta misma región, apenas en agosto de este año -día 15- la propia Marina Patricia y otra defensora del centro, Rosa Estela Rodríguez, fueron emboscadas en Simojovel, a un kilómetro de un destacamento militar. Presentaron denuncias ante la Subprocuraduría de Asuntos Indígenas en San Cristóbal y a la fecha no han sido llamadas ni siquiera para ratificar la denuncia. Es un caso que depende del procurador estatal, Mariano Herrán Salvatti.
Otros miembros del Fray Bar han sido amenazados de muerte. Clotilde Porras, del área de administración, recibió amenazas telefónicas en 1997. En 1999, Juan López las recibió por correo electrónico. El antecesor de Marina, Pablo Romo, vivió bajo amenazas constantes a raíz del levantamiento zapatista. En Chamula ha sido hostigado por las autoridades caciquiles uno de los abogados del Centro, Diego Cadenas.
Castigo a la negligencia
''El trabajo que realizamos es una opción muy clara a favor de indígenas sin defensa. Y dada la situación que prevalece en Chiapas, a mayor impunidad mayor violencia. El gobernador Pablo Salazar tiene una papa caliente en las manos. Tiene la oportunidad de empezar a generar un cambio de fondo. Ha emprendido algunas acciones, como la detención hace un mes de 21 comandantes de seguridad pública. Pero tiene todavía mucho por hacer. Y también hay omisiones.''
La frustrada reanudación de diálogo entre el EZLN y el gobierno federal complica las cosas, según el análisis de la defensora. ''En las comunidades ha cundido la desesperanza y los grupos de poder tradicionales se han envalentonado. Muchos focos rojos nuevos se han encendido.'' Reconoce que de un día para otro no es posible un cambio radical en el aparato de procuración de justicia. ''Pero el nuevo gobierno tiene que dar señales claras, tiene que haber un programa que pueda permear en las procuradurías. Y que la negligencia en los encargados de aplicar la justicia sea castigada.''
Es precisamente la negligencia de las autoridades ante las denuncias de agresiones a los defensores de los derechos humanos lo que abrió el paso a los asesinos de Digna Ochoa, señala Marina Patricia.
Interrogada sobre cuáles casos de violación a derechos humanos sí han obtenido respuesta por parte de la justicia, Marina reflexiona: ''¡Qué pregunta tan complicada! Podría citarse la liberación de los presos zapatistas a mediados de este año, casos en los que el centro y otros defensores hicimos mucho trabajo. Pero estas excarcelaciones se dieron por razones políticas, no jurídicas. Estas personas ni siquiera debieron haber sido detenidos''.