DOMINGO Ť 28 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť De no realizar el prepago, el costo fiscal de la deuda sería de 70 mil mdp: Davis
Rechazan que el traspaso de las pérdidas de Nafin al gobierno haya sido un acto ilegal
Ť El Fideicomiso de Recuperación de Cartera lograría mayor cobranza, asegura ex tesorero
ISRAEL RODRIGUEZ J.
El quebranto de Nacional Financiera (Nafin) por 44 mil 595.5 millones de pesos, absorbido por el erario hace precisamente un año por órdenes de José Angel Gurría, un mes antes de que terminara su gestión como secretario de Hacienda, no fue una operación ilegal ni a espaldas al Congreso, aseguró Jonathan Davis, ex tesorero de la Federación y actual presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En entrevista con La Jornada, el funcionario explicó que fue una operación de prepago que permitió abatir los costos fiscales de dicha deuda, la cual, con los intereses generados, ascendería en la actualidad a 70 mil millones de pesos.
El 27 de octubre de 2000, a sólo un mes de que terminara la gestión de Ernesto Zedillo, el entonces secretario de Hacienda, José Angel Gurría Treviño, ordenó a Davis Arzac, en ese momento tesorero de la Federación, cargar al erario el quebranto de Nafin por casi 45 mil millones de pesos, por medio del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (Fideliq) (La Jornada, 28 de julio de 2001).
Jonathan Davis recordó que Nafin tiene un aval del gobierno federal, entonces en dicho proceso se separó la cartera crediticia mala de la buena y se pasó al Fideicomiso de Recuperación de Cartera, creado exprofeso, cuyo objetivo era lograr la mayor y mejor cobranza sobre esa cartera. En la cartera existían miles de créditos, principalmente de las uniones de crédito, arrendadoras, factoraje. El Fiderca hace su mayor esfuerzo por cobrar, pero también transfiere los derechos de cobro al Fideliq.
El saneamiento de la banca de desarrollo fue muy similar al establecido para la banca comercial con el Fobaproa, pues por medio de la compra de cartera recibieron un pagaré que incluyeron en su balance.
El problema que existía, explicó, es que ese pagaré tiene una tasa de interés que con el tiempo va haciendo que la deuda crezca, mientras que la recuperación de cartera se va haciendo pequeña. Entonces la liquidación del pagaré con Nafin casi era imposible por esa brecha que cada vez era más grande.
Davis Arzac indicó que para evitar que el pagaré siguiera creciendo, se resolvió hacer el prepago en 2000, antes de su vencimiento en 2006 porque el pagarés iba a tener un crecimiento "geométricamente brutal".
Con el paso del tiempo, agregó, lo que iba a pasar era que el costo al gobierno iba a ser mayor. Entonces, la decisión la tomó el secretario de Hacienda, que cuenta con las facultades. Extendió un oficio al tesorero, y además pasó por el órgano que existe en el gobierno para analizar las operaciones financieras, denominado Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento.
"Esta operación estuvo validada por todas las reglas apropiadamente. En mi opinión se tomó la mejor decisión, porque ahorita la operación hubiera costado 40 por ciento más y sería de alrededor de 70 mil millones de pesos", concluyó.
Sin embargo, un análisis del Informe de resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, por otro lado, señala que el proceso de rescate de la banca de fomento, que tuvo un costo total superior a los 100 mil millones de pesos, incluida Nafin, estuvo plagado de irregularidades.
Las principales prácticas irregulares fueron detectadas en el Banco Nacional de Comercio Interior y en Banrural. Asimismo, en el caso de Nafin la laxa regulación y supervisión principalmente en las uniones de crédito propició el quebranto de esta institución de fomento que le costó al erario casi 45 mil millones de pesos.