Néstor de Buen

Razones de Estado y otras cosillas

Se le suele echar la culpa al compadre Nicolás Maquiavelo, un ilustre florentino medio rebeldón, de que el Estado, ante el riesgo de que el cumplimiento de la ley pueda poner en riesgo su subsistencia, se puede dar el lujo de no cumplirla. Sobre ese tema Jesús Reyes Heroles pronunció una bella conferencia en la Universidad de Alcalá de Henares, cerca de Madrid, en la que, discretamente, sostenía que lo que no se vale es la razón de gobierno, pero sí la de Estado. Discutible opinión, por cierto.

El incumplimiento de la ley por parte del Estado lo hemos ejercido en México con entusiasmo, particularmente en materia laboral con las requisas, intervenciones administrativas que se traducen en que el Estado se autoexpropia, conversión de una sindicatura en empresa de aviación y muchos etcéteras. Es eficaz y en el terreno particular de la huelga, como instrumento en su contra, ha tenido efectos notables. Hay que recordar una huelga del SUTIN en contra de Uramex que fue desistida después de tres meses más o menos, pero la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que no encontró el desistimiento entre las causales de terminación, no aceptó la propuesta, le dio vista a la empresa y ésta contestó, con salero y gracia sin par, que no estaba de acuerdo con el desistimiento de la huelga, y la convirtió a partir de ese momento, en un derecho empresarial. Lo sigue siendo, muchas veces.

Esa falta de cumplimiento del derecho tiene, evidentemente, efectos a largo plazo. Entre otros el que se le pierda totalmente el respeto a los órganos encargados de hacer lo que indebidamente se denomina "impartición de justicia". Entre otras cosas eso se produce cuando el más alto tribunal, con unos pocos meses de diferencia, resuelve contradictoriamente un problema fiscal que confundía las cuotas del IMSS, del SAR y del Infonavit, con salarios y, como consecuencia, imputaba a los trabajadores un impuesto superior. Ahora acaba de decir exactamente lo contrario. ¡Afortunadamente, dicho sea de paso!

El efecto no tan indirecto de estos mecanismos tortuosos es que los particulares busquen hacerse justicia por sí mismos y manden al demonio los instrumentos a los que, formalmente, deberían recurrir.

Lo vemos ahora con el tema escabroso del aeropuerto en Texcoco y las consecuentes expropiaciones de tierras ejidales. Los ejidatarios afectados ya plantean medidas de fuerza porque, simple y sencillamente, ya no le tienen confianza alguna a la intervención de alguna autoridad administrativa o judicial que pudiera resolver su problema.

Esto ha pasado siempre, pero recientemente se ha exacerbado con varios motivos conocidos. Cabe recordar las protestas enérgicas de los cañeros, de los cafetaleros, la marcha misma de los zapatistas que acabó con tan precarios resultados, los plantones interminables de los maestros y los constantes actos de violencia que genera el comercio ambulante, entre otras muchas expresiones, sin olvidar, por supuesto, la huelga infinita en la UNAM.

Es natural: si el responsable del orden, que es el Estado, y su expresión fáctica, el gobierno, no cumple con las leyes, la consecuencia lógica es que los obligados a hacerlo en forma particular se sientan relevados de atender eso que llaman el orden jurídico. Pero lo peor es que no sólo se produce la rebeldía y el ganar la calle y las barricadas y el cierre de los caminos urbanos cuando hay razones sino muchas veces también sin razón alguna. La fórmula es facilita y los resultados, con los medios convertidos en difusores del desorden y, en cierto modo, magnificándolo, son un instrumento que propicia el uso de la fuerza en lugar de que se acuda al derecho.

En muchas cosas de esas está presente un fenómeno de corrupción. A muchas personas se les ha engañado ofreciéndoles terrenos para establecer sus precarias viviendas y al cabo del tiempo, sin prescripciones positivas de por medio, advierten que viven en el aire ?a veces en el agua, con las consecuencias que se pueden imaginar? y el desconcierto y el odio social son entonces las únicas respuestas.

Nos preocupa en estos tiempos la ineficacia del Poder Legislativo. Que es consecuencia directa y lógica de la democracia y que sea bienvenida. Pero el Judicial y sus hijitos, legítimos y naturales, se tambalea en la falta de credibilidad. No necesariamente es una regla general, dicho sea de paso.

Hay que volver al régimen de derecho. En nuestra casa y por supuesto que también en el mundo internacional. La ONU no está pasando, ciertamente, por su mejor momento. El cómo es el problema.